Inseguridad económica y salud mental: cómo el estrés financiero impacta el bienestar emocional

La preocupación constante por el dinero no es solo una fuente de estrés pasajero. En Chile, donde muchas personas viven con ingresos ajustados, empleo inestable y altos niveles de endeudamiento, la inseguridad económica se ha convertido en un factor estructural que afecta directamente la salud mental. Así lo plantea Rodrigo Casanueva, investigador y coordinador del Programa de Salud Mental Global del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, quien subraya que “la salud mental depende en gran medida de las condiciones concretas en que vivimos, no solo de lo que pensamos o sentimos”.

Desde un enfoque social de la salud mental, el experto explica que “la estabilidad laboral, la previsibilidad del ingreso, el acceso a servicios básicos, la vivienda y los vínculos no son factores secundarios, sino parte del terreno donde se origina y sostiene el malestar psicológico”. Asimismo, agrega que “la exposición prolongada a inseguridad económica, sobrecarga laboral y falta de control sobre las condiciones de vida, activan de manera persistente los sistemas de respuesta al estrés, con efectos observables en el sueño, la regulación emocional y la vida cotidiana”.

Investigaciones en contextos de precariedad laboral en América Latina muestran que los contratos inestables, las jornadas extenuantes y los salarios insuficientes se asocian de manera consistente a síntomas depresivos y ansiosos, alteraciones del sueño e insomnio. En ese sentido, agrega Casanueva, “cuando muchas personas sienten que el ingreso nunca alcanza, ese agotamiento no debe entenderse como una reacción individual desproporcionada, sino como una respuesta esperable frente a condiciones sostenidas que producen daño”.

La evidencia internacional apunta en la misma dirección: tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Lancet sobre salud mental global han identificado la pobreza y la inseguridad económica como predictores relevantes de malestar mental a nivel poblacional.

A este escenario se suma la exposición diaria a noticias económicas negativas. Casanueva advierte que “más que la cantidad de información importa el modo en que se presenta la realidad económica. Cuando la inflación, el endeudamiento o el alza del costo de la vida aparecen como fenómenos inevitables, sin responsables ni alternativas visibles, se debilita la sensación de agencia y se instala la idea de que las condiciones de vida no pueden ser modificadas. Esa pérdida de control no afecta a todos por igual: golpea con más fuerza a quienes viven con menos ingresos, menos redes y menor acceso a servicios”.

Algo similar ocurre en familias y comunidades donde las preocupaciones económicas son recurrentes. Para Casanueva, no se trata simplemente de “quejas” o actitudes derrotistas, sino de una forma colectiva de procesar condiciones de vida que persisten. “El problema surge cuando ese malestar se normaliza y pasa a formar parte del paisaje cotidiano, erosionando la confianza, deteriorando los vínculos y debilitando la percepción de que la acción colectiva puede transformar esas condiciones”. El investigador de la UNAB compara este fenómeno con lo observado en comunidades expuestas durante años a adversidad estructural, como las zonas de sacrificio.

Identificar señales de alerta

Identificar cuándo el estrés financiero ya está afectando la salud mental es clave. Casanueva aclara que el malestar asociado a la precariedad suele ser síntoma del entorno antes que de la persona. Sin embargo, “requiere atención cuando comienza a producir un compromiso funcional sostenido: deterioro del sueño, irritabilidad persistente, desregulación emocional, afectación de vínculos cercanos, pérdida de interés en actividades habituales, dificultad para cuidar de uno mismo o de otros, y síntomas físicos persistentes como fatiga, dolores o alteraciones del apetito”, detalla.

Frente a estas señales, el académico UNAB aclara que es importante buscar apoyo profesional e informal, incluida la red de salud cuando sea necesario. No obstante, advierte que “tratar los síntomas sin modificar las condiciones que los producen deja intacto el problema de fondo”. Por eso, la respuesta clínica debe ir acompañada de políticas públicas capaces de intervenir sobre las condiciones que generan y sostienen el malestar.

En este contexto, Casanueva plantea una crítica de fondo: “Se medicaliza lo que en realidad es político y comunitario”. A su juicio, “existe una tendencia a convertir el sufrimiento social en un problema de salud mental individual, desplazando la responsabilidad desde las condiciones estructurales hacia las personas que las padecen y hacia equipos clínicos que muchas veces reciben una demanda que excede su capacidad de respuesta”.

Para el académico, la salud mental debe entenderse también como un asunto de justicia social. “En momentos en que el Parlamento discute la Ley Integral de Salud Mental, el desafío será definir si el país avanzará hacia políticas intersectoriales que transformen las condiciones que dañan el bienestar o si se limitará a ampliar la respuesta asistencial sobre problemas que persisten intactos” y agrega que “la salud mental se sostiene cuando las personas pueden vivir con dignidad: una obligación colectiva, antes que una aspiración individual”, concluye.