La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló la denuncia interpuesta por la jueza Karen Atala contra el Estado de Chile, en cuanto a que su orientación sexual estaba siendo fruto de discriminaciones que se vieron reflejadas en un fallo de la Corte Suprema que le quitó la custodia de sus hijas.
En su parte resolutiva, el dictamen del organismo dependiente de la OEA, efectuó una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentra: «reparar integralmente a Karen Atala y a sus hijas, por las violaciones de derechos humanos establecidas en el informe, tomando en consideración su perspectiva y necesidades; adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia…»
La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004, seis meses después de una decisión de la Suprema basada en el bien superior de las hijas, ocasionada por la convivencia de la madre con su pareja del mismo sexo.
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