Los jefes de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero, y de Renovación Nacional (RN), Joaquín Godoy, presentaron en el Congreso una veintena de oficios de solicitud de información a todas las subsecretarías de gobierno, con el fin de aclarar los traspasos de fondos durante el último trimestre de la administración de Michelle Bachelet.
Melero explicó que esperan que en un plazo de 30 días les informen sobre los montos transados por cada ministerio y sus organismos dependientes -desde el 1 de enero al 11 de marzo del presente año- a personas naturales, jurídicas, instituciones, ONGs, fundaciones sin fines de lucro «o cualquier otro organismo que haya sido beneficiado en dicho período».
La finalidad de estas solicitudes es para tener, según afirmaron los parlamentarios, absoluta transparencia sobre la forma en que se traspasaron estos recursos, a quienes benefició y qué porcentaje del total destinado en la ley de presupuestos fue transferido.
Por su parte, Godoy respondió a las críticas de la Concertación que ven en esta acción fiscalizadora un intento por enlodar la imagen de la ex presidenta Bachelet.
«Lo único que estamos planteando, es que es muy importante que los chilenos sepamos qué se hace con nuestros recursos. Y no informalmente, como lo podríamos hacer con nuestro Gobierno, sino formalmente, por intermedio de la Cámara de Diputados, que es un poder independiente», sentenció.
Los representantes del conglomerado de diputados aliancistas explicaron además, su rechazo a la solicitud de crear una comisión especial que haga un seguimiento de los proyectos destinados a enfrentar la reconstrucción.
«No tiene ningún sentido hacer una comisión especial para ver el avance de los proyectos que obligatoriamente serán vistos en las comisiones respectivas, que tienen mayor experiencia en cada uno de los temas», finalizó Godoy.
Por su parte, los diputados gremialistas Ernesto Silva y María José Hoffmann enfatizaron la necesidad de «evitar que este tipo de situaciones se repitan».
En este sentido, los parlamentarios explicaron que propondrán al Gobierno que recursos como fondos, que puedan ser traspasados a ONG’s, dejen de depender del Ejecutivo y pasen a ser parte de un fondo concursable. Esto según Silva, para que «cuyos recursos sean asignados de forma transparente y en base a criterios conocidos y objetivos».
Para ello, una de las fórmulas que dejaron ver Silva y Hoffmann es la redacción de un proyecto de ley que cuente con patrocinio del Ejecutivo y que permita normar estos fondos a partir de la discusión del Presupuesto 2011.
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