Enérgica fue la reacción del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, al comentar el sobreseimiento de que fue objeto el juez Juan Carlos Orellana –titular del Juzgado de Garantía de La Serena- a quien el Ministerio Público investigó por un presunto delito de prevaricación que fue desestimado por el tribunal.
El dirigente expresó su inquietud ante la «peligrosa señal» que muestra la ocurrencia de situaciones como la que afectó al magistrado serenense, pues con ello «se afectan no sólo la independencia de los jueces a la hora de fallar, sino que también la propia garantía que ello conlleva para la ciudadanía, cual es tener una Judicatura ajena a presiones tanto externas como internas».
Para Llanos, si bien es natural que en vista de una resolución desfavorable alguno de los intervinientes manifieste su disconformidad con lo obrado, planteó que es la propia ley la que franquea medios procesales suficientes para eventualmente modificar una decisión; «acusaciones como la ventilada en La Serena son un claro atentado a las independencia judicial y sólo persiguen amedrentar al juez para que modifique su criterio a la hora de resolver, cuestión que para mí es inaceptable en nuestro actual sistema procesal penal y Estado de Derecho», expresó el representante gremial.
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