Ante la eventual quiebra de la empresa propietaria de la mina San José, el ex Superintendente de Quiebras Rodrigo Albornoz dijo que no hay ningún impedimento para que el gobierno participe en la junta de acreedores en virtud de los gastos en los que incurrirá para el rescate de los 33 trabajadores que permanecen atrapados en el yacimiento desde el pasado 5 de agosto.
Al respecto, el abogado precisó que «no existe ningún impedimento para que un representante del ministerio del Interior o del Consejo de Defensa del Estado concurra a dicha junta de acreedores para hacer valer los costos del rescate que, en definitiva, han subsidiado todos los chilenos a favor de la empresa».
A juicio del profesional, atendiendo a las declaraciones del ministro de Minería, Laurence Golborne, respecto de los costos que ha significado el rescate de los mineros -que ascenderían a aproximadamente a 10 millones de dólares- es de opinión que la empresa omitió declarar y reconocer dicha deuda en su presentación ante el 17º Juzgado Civil de Santiago, en la que solicita la citación a la junta de acreedores para pronunciarse sobre un eventual nombramiento de un experto facilitador.
Dijo además que estima que la interventora designada por el tribunal, María Loreto Ried, «debe solicitar esta información a la firma o, en su defecto, solicitar que el gobierno concurra a la junta de acreedores en las que se decidirá sobre la designación o no de un experto facilitador -de acuerdo al artículo 177 ter del Libro IV del Código de Comercio-, a efecto de que haga valer su crédito y se transparente así, el verdadero pasivo de la Compañía Minera San Esteban. Pasivo que no ascendería a $9.200.000.000, sino que a una suma cercana $14.200.000.000».
Por último, explicó que las 106 pertenencias mineras declaradas, avaluadas en casi dos mil millones de pesos, «son el gran activo de la Compañía Minera San Esteban, que podría ser el factor determinante para una enajenación como unidad económica y no una liquidación desmembrada de los bienes de la empresa, y así proseguir con la actividad minera y mantener el empleo, ahora a través de otros dueños».
upi/so/bp/
