Kaiser y Jiles, repartos y retiros, mitos y pirotecnias

¡Hola!, Aunque, en principio las renuncias fueron a cuentagotas, la salida de 31 secretarios ministeriales regionales (Seremis) en 14 de las 16 regiones del país, revelan las profundas grietas del fallido desembarco del Gobierno del Presidente Kast en los territorios. Pese a que el ministro Claudio Alvarado ha buscado mirar el vaso medio lleno, señalando que lo importante era haberlos detectado a tiempo, lo cierto es que la cifra es la más abultada desde el retorno a la democracia, con un promedio de 5 días de distancia entre la salida de una y otra autoridad.

• Mientras La Moneda prepara una nueva ofensiva en seguridad, la conversación ciudadana parece estar cambiando de eje. Un estudio de Horizonte Ciudadano muestra que el miedo al desempleo y a llegar a fin de mes comienza a competir —e incluso a generar más interacción— que la delincuencia. El desafío para el ministro Martín Arrau ya no es solo aprobar proyectos, sino convencer al país de que la principal preocupación sigue siendo la seguridad y no el bolsillo. No es una tarea fácil.

Codelco volvió a convertirse en un déjà vu, luego de que Arturo Squella propusiera privatizar la empresa estatal. La iniciativa abrió una grieta donde cada cual empujó su propia agenda: Quiroz habló de capitales privados, Kaiser se mimetizó con Pamela Jiles en la ambición desmedida que subyace a sus ofertones populistas, al repartir por adelantado una venta inexistente y la izquierda desempolvó la defensa del cobre como patrimonio nacional. Al final, Bernardo Fontaine apagó el incendio, aclarando que la empresa no se privatizará. La discusión, sirvió para transparentar quién intenta mover el tablero y con qué intereses.

• Camila Vallejo dice que pasó a la “segunda línea”, pero su semana contó otra historia: entrevistas, un chat de prensa reactivado, giras territoriales y Boric amplificando sus intervenciones desde sus redes sociales. Su regreso –nuevamente– obligó al oficialismo a reaccionar, confirmando que sigue siendo la voz opositora que más inquieta en Palacio. Su ofensiva, por cierto, ya no es una novedad. Al parecer, llegó para quedarse.

Además de la exministra de la Segegob, los alcaldes también volvieron a tomarse el escenario político. Entre la pelea por la compensación del Fondo Común Municipal, las recriminaciones por la respuesta a las inundaciones y el reposicionamiento de figuras como Tomás Vodanovic, Karina Delfino, Catalina San Martín y Alí Manouchehri, el municipalismo dejó de ser solo gestión local para convertirse nuevamente en plataforma de poder que mira más allá de sus comunas.

Antes de cerrar, algo preocupante. Tras los aranceles anunciados por Donald Trump, ONGs que denunciaron trabajo forzado comenzaron a recibir una ola de amenazas, pese a que nunca pidieron sanciones contra Chile y que incluso la embajada de EE.UU. aclaró que la medida apunta a productos importados desde terceros países. La desinformación encontró culpables antes que explicaciones, y las redes hicieron el resto. Como siempre.

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¿Qué hay detrás del “revival” de la agenda de seguridad de Arrau? Tapar la preocupación por el empleo

Hay algo que está cambiando en la conversación en la calle. La delincuencia sigue preocupando, por supuesto, pero cuando la discusión se aleja un poco de la pelea política y se acerca a aquello que inquieta a las personas en el día a día, aparece otro temor: tener trabajo, conservarlo y saber qué pasará con los ingresos en los próximos meses.

• Eso es lo que recoge la última edición de Horizonte Digital, de Horizonte Ciudadano, que analizó cerca de 1,9 millones de publicaciones en redes sociales, entre el 22 de junio y el 22 de julio de este año.

El resultado es interesante porque ocurre justo cuando La Moneda se dispone a hacer el movimiento contrario: volver a cargar la agenda hacia la seguridad. Martín Arrau prepara una batería de iniciativas que incluye fortalecimiento de las policías, cambios legales y reformas constitucionales. Es, en buena medida, un intento por recuperar el terreno donde el Gobierno de José Antonio Kast se siente más cómodo y donde construyó una parte importante de su identidad política.

• El problema es que la temperatura ciudadana no necesariamente está en el mismo lugar. Horizonte Ciudadano detecta que la crisis del empleo se encuentra en el centro de la conversación y llega a superar a la seguridad cuando se analiza lo que denomina “realidad ciudadana”, es decir, conversaciones menos atravesadas por partidos y autoridades. El propio estudio habla de una distancia entre el relato gubernamental y aquello que los usuarios identifican como una emergencia.

Los números ayudan a entenderlo. La seguridad sigue teniendo más presencia —4,4% frente a 2,7% de la crisis del empleo—, pero ocurre algo llamativo cuando se mide cuánto mueve cada tema a los usuarios: el empleo genera un 8,3% de las interacciones, frente al 5,2% de seguridad. En simple, quizás se habla más veces de delincuencia, pero la incertidumbre laboral provoca una conversación mucho más intensa. El informe relaciona esto con el desempleo y la discusión sobre las 40 horas, y termina definiendo el trabajo como la principal urgencia sectorial de la conversación digital.

• Ahí aparece el dilema para Arrau. Su tarea no consiste solamente en sacar adelante proyectos en el Congreso. También necesita convertir la seguridad nuevamente en la preocupación que ordene la conversación política. Y tiene una dificultad adicional: según Horizonte Ciudadano, todavía no logra transformarse en el rostro de esa agenda. Aunque reúne casi 700 mil interacciones y 34,8 mil menciones, el informe concluye directamente que “Arrau no se posiciona” como liderazgo gubernamental en seguridad.

Por eso, la batería de proyectos que prepara el Gobierno puede leerse también como una operación política. Más policías, nuevas facultades, cárceles, intervenciones territoriales y reformas legales permiten llenar durante varias semanas la agenda de anuncios, debates parlamentarios y despliegues en terreno. Y, de paso, darle a Arrau la posibilidad de construir un perfil que hasta ahora no termina de aparecer.

• Pero hay una pregunta previa que La Moneda tendrá que responder: ¿Se puede recuperar la agenda de seguridad cuando una parte de la ciudadanía ya está mirando hacia otro lado? Porque el temor no desapareció; puede estar cambiando de forma. Antes era principalmente el miedo a salir a la calle o ser víctima de un delito. Ahora empieza a convivir con otro mucho más doméstico: llegar a fin de mes, encontrar pega o no perder la que se tiene.

Ese quizás sea el dato político más importante del estudio. El Gobierno quiere volver a hablar de delincuencia justo cuando la conversación ciudadana comienza a hablar cada vez más de incertidumbre socioeconómica. La ofensiva de Arrau puede servir para recuperar una bandera propia. La incógnita es si esa seguirá siendo, en los próximos meses, la bandera que más preocupa a quienes están fuera de La Moneda.

Kaiser y Jiles, repartos y retiros, mitos y pirotecnias

En una realidad paralela, seguramente Johannes Kaiser y Pamela Jiles, serían la misma persona. En esta, la nuestra, las intenciones particulares detrás de sus ofertones populistas no impiden que sean un reflejo uno del otro.

Así como Jiles utilizó los retiros de las AFP como plataforma de proyección política, sin reparar en sus consecuencias para el país, esta semana Kaiser recurrió a la misma fórmula al proponer repartir entre los chilenos los recursos provenientes de una hipotética venta de Codelco. Desde la propia derecha advierten que la ambición personal del nacional-libertario es tan evidente que “enceguece” incluso su más mínima capacidad de análisis.

¿Cómo partió todo? Bastó que el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, propusiera privatizar Codelco, para desatar una tormenta perfecta a diestra y siniestra. En menos de 48 horas, el ministro Jorge Quiroz abrió la puerta al ingreso de capitales privados, Johannes Kayser (PNL) prometió repartir dinero en caso de concretarse la venta y Paulina Vodanovic (PS) acusó al Gobierno de impulsar un “plan insaciable”. Esto, hasta que el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, pusiera paños fríos admitiendo que no existe ningún plan para abrir la empresa a la bolsa.

• ¿Por qué, entonces, la propuesta generó tanto revuelo? El planteamiento, en el fondo, dejó al descubierto un problema siempre latente: en Chile la palabra “Codelco” pesa mucho más que cualquier manual de altas finanzas, debido al carácter simbólico de la compañía en la historia política del país. Tal como planteó Bloomberg esta semana: existen pocos políticos dispuestos a defender abiertamente su privatización.

La razón de reabrir el debate ahora, es otro punto de inflexión. Un alto ejecutivo de la compañía comentó a +Política que sospecha de dos estrategias: instalar la percepción de un diagnóstico duro para generar cambios y la pugna de agendas ideológicas entre Republicanos y el Partido Nacional Libertario. En cualquier caso, asegura, tampoco existen los votos para cambios estructurales.

• A pesar de lo tramposo que pueda parecer el debate, hay algo que parece instalarse como una intención más profunda. Existen sectores en la derecha más ultra que no necesariamente apuestan por una privatización completa de la cuprífera, sino por un modelo parecido al de otras estatales internacionales: abrir un porcentaje al mercado, pero manteniendo el control estatal.

Si bien la fórmula es conocida en áreas productivas como la minería, el petróleo y la energía, para la izquierda representa un capital simbólico difícil de eludir, considerando que la nacionalización del cobre es vista como una de las máximas conquistas sociales en la historia política del país. De ahí que Álvaro Elizalde recordara que ni en dictadura la empresa había logrado privatizarse.

• En el oficialismo –siendo honestos– tampoco existe una sola mirada. Hacienda observa una empresa con casi US$25 mil millones de deuda, necesidades gigantescas de inversión y una producción que viene golpeada desde hace años. La pregunta económica que ronda parece –a estas alturas– más bien una perogrullada: ¿De dónde saldrá el capital para modernizar la principal minera del país?

Fontaine, en medio del debate, parece haber optado por otro camino. Su discurso apunta primero a mejorar productividad, seguridad, transparencia, venta de activos no estratégicos y asociaciones público-privadas antes que abrir la empresa a nuevos capitales. No es una diferencia menor: implica resolver el problema financiero sin tocar su simbolismo político. Piano-piano, parece ser su lema.

• A continuación, el Congreso aparece como otro actor en el baile. Incluso si existiera voluntad política para vender una participación minoritaria, el camino legislativo sería largo y complejo. Y si alguien quisiera avanzar hacia una privatización mayor, la discusión ya no sería legal sino constitucional. Dicho de otro modo: el debate genera muchos titulares, pero en la práctica tiene muy pocas posibilidades de transformarse en realidad. El juego, en verdad, parece ser otro.

La “segunda línea” de Vallejo tiene chat de prensa, terreno y podcast

Camila Vallejo dice estar en “segunda línea de la política”. Los hechos de esta semana dicen otra cosa.

• El lunes dio su primera entrevista en profundidad desde que dejó La Moneda en el programa de YouTube Animales Políticos.
• El martes Boric la reposteó en Instagram calificándola de “clara y lúcida como siempre”.
• El jueves por la noche su antiguo chatde prensa ministerial —inactivo desde marzo— cambió de nombre por segunda vez y pasó a llamarse, a secas, “Prensa Camila Vallejo”, incorporando a excolaboradores de su época en Palacio.
• El viernes se plantó ante 200 dirigentas estudiantiles en Cerro Navia a advertir sobre el avance de la “ultraderecha”.

Eso no es bajo perfil. Es una maquinaria político-comunicacional operando a régimen completo.

El contenido escaló en la misma línea. El 8 de julio fue la Ley Miscelánea y las vocerías. El 27, la seguridad: acusó que la promesa de campaña de Kast fue “una gran estafa” y comparó su agenda con la de Milei, Trump y Bolsonaro. Este jueves, ya en Cerro Navia, amplió el blanco a republicanos y libertarios por el proyecto “Escucha tu corazón” y la eventual privatización de Codelco, sentenciando que hay que darse cuenta cuándo la ultraderecha está corriendo el cerco.

Lo que confirma el patrón –y no es un detalle menor– es a quién le respondió el oficialismo. Porque en la misma semana también reaparecieron con críticas el excanciller Alberto van Klaveren, por la política arancelaria, y el exministro Álvaro Elizalde, quien calificó la privatización de Codelco como un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar. Ninguno de los dos recibió una réplica directa y nominal desde el Gobierno: sus dichos fueron leídos como parte de una estrategia opositora, no como una amenaza personal.

Vallejo, en cambio, gatilló una batería completa: el ministro de Seguridad Martín Arrau y la subsecretaria María del Pilar Giannini salieron a decir que sus acusaciones carecían de evidencia y correspondían a un relato falso; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ironizó con que si el anzuelo de campaña funcionó fue porque el gobierno anterior “lo hizo pésimo en delincuencia”; la diputada Chiara Barchiesi (PRep) desplegó cifras —homicidios -17%, secuestros -45%, incautaciones de droga +60%— para sostener que las cifras derrumban el relato de la izquierda en seguridad; y el senador Miguel Becker remató calificándola, junto a Boric, de “activistas” que volvieron a la carga.

Esa velocidad de reacción no es gratuita: confirma que el oficialismo todavía la considera la pieza políticamente más peligrosa del tablero opositor, muy por encima de cualquier exministro con manejo técnico.

• Hasta Evelyn Matthei, la excarta presidencial de Chile Vamos, salió a coincidir con Vallejo en el diagnóstico sobre la falta de vocería.

¿Y Boric?

En paralelo, Boric dejó de jugar al estadista que el 9 de julio, en el Bicentenario de la Presidencia, se negó a hablar de contingencia por “mal gusto”.

• Desde la aprobación de la Ley Miscelánea retomó una ofensiva digital activa: compartió críticas de alcaldes opositores, respaldó a Vallejo y, el jueves, republicó en sus historias de Instagram —no en X— un extracto donde el vocalista de la banda Candelabro califica a Kast de “el imbécil que nos gobierna”, acompañándolo de un mensaje de apoyo a la banda chilena.

¿Quién le respondió? La UDI exigió disculpas y el Partido Republicano, por boca del diputado José Antonio Kast Adriasola —hijo del Presidente— y del secretario general Vicente Bruna, calificó el gesto de indigno de la investidura. El expresidente quedó, así, protagonizando su propia controversia paralela a la de su exvocera.

El trasfondo: tras el despacho de la Ley Miscelánea, en la oposición se instaló la idea de que no basta con operar en el Congreso —donde no logró articular un relato coherente para frenarla— y que es momento de una defensa activa del legado de Boric desde fuera del Parlamento, con figuras de peso mediático. El objetivo declarado es instalar la tesis de la “agenda de ultraderecha” y golpear en el punto más sensible del Gobierno: la promesa de seguridad.

• Detalle: en una reciente entrevista, el exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, dijo que, si bien considera relevante el debate sobre la ultraderecha por su tendencia a “atacar las instituciones”, no ve “indicios de ataques contra las instituciones”por parte de la actual administración.

Lo que queda, entonces, no es una reaparición aislada sino la reactivación de una infraestructura completa: chat de prensa, actividad territorial, podcast y un expresidente amplificando cada golpe en redes. La pregunta que corresponde hacerse —no la que ya está resuelta— es si esa maquinaria logra instalar un relato distinto al que la Ley Miscelánea ya zanjó en el Congreso, o si repite el mismo guion de deslegitimación institucional que uno de sus propios exministros se cuidó esta semana de no suscribir.

Los protagonistas del municipalismo

En una escena marcada por la agenda económica y de seguridad del Gobierno, además de la emergencia provocada por los temporales que afectan a distintas regiones, el municipalismo volvió a instalarse en el centro del debate público. Alcaldes y alcaldesas han asumido un rol cada vez más político, influyendo en la discusión legislativa y llevando conflictos territoriales a la agenda nacional. La controversia por la compensación del Fondo Común Municipal, las brechas entre comunas y la respuesta a los sistemas frontales confirmaron el protagonismo de los jefes comunales, que hoy aparecen como los actores con mayor capacidad para traducir demandas ciudadanas en presión política.

• Tomás Vodanovic: el rostro presidenciable. El alcalde de Maipú es una de las principales voces que advierte que la propuesta de compensación del Fondo Común Municipal profundiza las desigualdades entre comunas. Vodanovic ha insistido en que el debate no puede reducirse a una disputa entre alcaldes, sino que refleja las brechas estructurales del sistema de financiamiento municipal. Su liderazgo vuelve a proyectarlo como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía según las encuestas, liderando en el primer lugar desde hace varias semanas. Plataforma que refuerza su proyección presidencial como militante del Frente Amplio.

Karina Delfino: la voz del municipalismo progresista. Desde Quinta Normal se ha sumado a las críticas sobre el mecanismo de compensación, enfatizando que el diseño de la reforma debe resguardar la solidaridad entre comunas sin afectar a los municipios con mayores necesidades sociales. La alcaldesa del PS sostiene que la discusión sobre recursos municipales es, en el fondo, un debate sobre igualdad de oportunidades y capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad, reforzando su perfil como referente del progresismo municipal.

• Catalina San Martín: la defensa de la autonomía financiera. En la vereda opuesta, la alcaldesa de Las Condes se transformó en una de las voces más visibles en la defensa de los municipios de mayores ingresos. “Deja de mentir” respondió al alcalde Vodanovic por el debate sobre compensaciones e increpó sus dichos sobre que el Estado inyectaría $13 mil millones a su comuna. “El Estado no financia a Las Condes”, dijo. Además apuntó que hay un “oportunismo político de pegarle al gobierno justo cuando estamos con el tema (de la emergencia) en el norte”. Su posición refleja una tensión que trasciende el debate presupuestario: hasta dónde debe llegar la redistribución de recursos y cuáles son los límites de la solidaridad intercomunal.

Gustavo Alessandri: la presión por articular el municipalismo. Como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Zapallar (RN) ha intentado construir puentes entre municipios con intereses contrapuestos y transformarse en un interlocutor válido frente al Gobierno. Su desafío ha sido evitar que la discusión siga fracturando al mundo municipal, frente a las acusaciones de los alcaldes de oposición quienes lo señalan como responsable de no velar por los intereses de las comunas con menos recursos y no comunicar la diversidad de posturas que existen al interior de la AChM.

• Alí Manouchehri: la emergencia como plataforma política. Los intensos temporales devolvieron al alcalde de Coquimbo al primer plano. Las críticas a la capacidad preventiva del Estado, los cuestionamientos a ministros y las reiteradas demandas por mayor apoyo para enfrentar las emergencias consolidaron a Manouchehri (independiente con apoyo PS) como uno de los alcaldes con mayor presencia mediática durante las últimas semanas. Su gestión volvió a demostrar cómo los embates climáticos se han convertido también en escenarios de evaluación política de los gobiernos locales.

Carla Amtmann: gestión territorial y presión al Estado. En Valdivia, Carla Amtmann (FA) enfrentó uno de los episodios más complejos provocados por las lluvias y el aumento de caudales. La alcaldesa combinó lo operativo con la exigencia de respuestas estructurales frente al cambio climático y la vulnerabilidad de las ciudades del sur. La jefa comunal ha insistido en la protección de humedales como un seguro de vida ante los impactos de la crisis climática, donde pese al récord histórico de lluvia y a la afectación de viviendas, las zonas de conservación de humedales han resistido de mejor forma. “Base sobre la que construimos vivienda, desarrollo económico y resiliencia frente al clima”, dijo en una columna publicada en El Mostrador.

Las amenazas contra ONGs que denunciaron trabajos forzados en Chile

Para dimensionar la violencia de las amenazas que han recibido representantes de las ONG chilenas que han investigado el trabajo forzoso en el país, inicialmente pensamos reproducirlas, sin filtros ni matices, en esta edición de +Política. Queríamos mostrar la agresividad desmedida de ciertos encapuchados digitales que se amparan en el anonimato para desplegar su odio, rabia y resentimiento.

No les daremos publicidad reproduciendo sus mensajes, pero sí revelaremos su contenido: incluyen amenazas de muerte contra dirigentes y sus familias, advertencias de agresiones sexuales explícitas —entre ellas, violaciones— e intimidaciones relacionadas con actos de tortura. Todo ello acompañado de insultos de extrema virulencia.

• Este es el tipo de mensajes que ha recibido durante los últimos días la abogada Carolina Rudnick, directora de la ONG Libera. Tanto esta organización como Ecocéanos han sido señaladas en redes sociales como responsables del arancel del 12,5 % que el Gobierno de Donald Trump impuso a productos provenientes de 60 países.

Esto último, como sanción por importar bienes desde países donde existe trabajo forzado, en una velada referencia a China, país que nada tiene que ver con lo denunciado por ambas organizaciones, las cuales han relevado, entre otros hechos, trata de personas con fines de explotación laboral en la industria agrícola, así como en la industria del salmón.

Las amenazas han llegado por medio de distintas redes sociales, en forma abierta y por mensajes, y poco importa a sus autores que ambas entidades hayan explicado que nunca han pedido la imposición de aranceles, o que figuras políticas de derecha, como Evelyn Matthei, dijera en X que lo sucedido “es un castigo hacia nuestro país por tener relaciones comerciales amplias con China”.

• Tampoco los autores de esas amenazas -puros perfiles anónimos- parecen haberse enterado de las declaraciones formuladas el jueves por el Embajador de EE.UU. en Santiago, Brandon Judd, quien explicó que “no estamos hablando de trabajo forzoso en Chile, estamos hablando de productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzoso fuera de Chile”.

Ante las amenazas, ambas ONG realizaron una serie de denuncias. El lunes pasado activaron el Protocolo de Protección a personas defensoras de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y también pusieron los hechos en conocimiento de la Relatoría especial de Naciones Unidas, dedicada a la protección de los defensores de DDHH. Asimismo, el jueves realizaron también una denuncia ante el Ministerio Público, organismo que deberá determinar las direcciones IP desde las cuales se emitieron las amenazas y, en lo posible, dar con los autores de estas.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.