La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó que las distintas reparticiones de gobierno se encontraban facultadas para poner fin por anticipado a las contratas de funcionarios, cuestión que motivó una serie de movilizaciones y recursos de protección por parte de la ANEF en los tribunales de justicia.
Los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Horoldo Brito y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, revocaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenaba restituir a los trabajadores en sus puestos, por un recurso de protección presentado por funcionarios destituidos del ministerio de Planificación.
Los magistrados, en un fallo dividido, determinaron que el ministerio se encontraba facultado para poner fin a las contratas antes del 31 de diciembre de 2010, por lo que no existe acto arbitrario o ilegal al respecto.
«Que es posible considerar entonces, que la expresión hasta que los servicios sean necesarios ha sido empleada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año que los servicios recaigan», estipula el fallo.
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