El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Pablo Lorenzini, expresó este miércoles su rechazo a la decisión del Gobierno de mantener en el cargo a la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, medida que atribuyó a presiones de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En esa línea, el parlamentario apuntó sus dardos contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de comunicar públicamente que para el Gobierno las presuntas irregularidades imputadas hacia la autoridad regional por el senador Alejandro Navarro, carecen de fundamento.
«Escuchando al ministro Hinzpeter me recordé del episodio suscitado en Irak, cuando el viceprimer ministro Tarik Aziz insistía en conferencia de prensa en Bagdad que Saddam Hussein tenía su país bajo pleno control, siendo que la capital estaba cercada por comandos ingleses y norteamericanos. Hoy vemos a un gobierno que ha cedido a las presiones y que dice tener el control de este tema, siendo que la falta de liderazgo y escasa autonomía son evidentes», aseveró Lorenzini.
Asimismo, el legislador indicó que desestimar las pruebas presentadas, se condicen con un suceso de apoyo a la «nula transparencia y probidad, lo que es un mal precedente no sólo para quienes dicen tener una nueva forma de gobernar, sino que también para todo el país».
El diputado enfatizó que durante los últimos días se ha escuchado a los altos dirigentes gremialistas «defender con uñas y dientes a van Rysselberghe, desestimando que el fin de las acusaciones sólo busque truncar la carrera política de la ex edil penquista».
«Esos mismos que hoy dicen que hay una trama política en estas acciones, parecen haber olvidado lo sucedido hace tres años con la ex ministra de Educación Yasna Provoste, quien fue destituida, tras la acusación constitucional presentada por la Alianza. Ella era una figura relevante de la política nacional y tenía altas opciones de ser senadora, pero ante el temor de algunos, se manchó su imagen y junto con dejar sus labores, quedó inhabilitada para desempeñar cargos públicos por cinco años. En ese momento la Concertación aceptó tal determinación y nadie rasgó vestiduras», puntualizó.
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