Diversas asociaciones agrícolas y gremiales expusieron ante la Comisión de Agricultura del Senado su visión crítica sobre el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.
Según plantearon, el pacto que data de diciembre de 1961 y que fue revisado en Ginebra en 1991, significaría costos extras en patentes para los pequeños productores.
Durante la exposición, los representantes de las organizaciones sociales, ONG Grain y la Fundación Terram, se manifestaron en contra sobre la aprobación del convenio. En cambio, el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, expresó su conformidad para que Chile se adhiera a tal acuerdo internacional.
Asimismo, la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile, ANPROS, apoyó el convenio y señaló que «ha trabajado durante años para que este proyecto y el que regula obtenciones vegetales sean aprobados por el Congreso, a objeto de mantener la competitividad de nuestro país y ofrecer más y mejores variedades a los agricultores, que es lo que exigen hoy».
Al respecto, el presidente de la Comisión de Agricultura, José García Ruminot, expresó que «no quisiera que Chile fuera dependiente de la propiedad intelectual de otros países y tuviéramos que pagar cifras siderales por esos derechos, porque eso finalmente lo pagarán los consumidores y productores. Hay que revisar el proyecto y cumplir con los tratados internacionales, Chile tiene fama de cumplidor, pero tenemos que velar que en UPOV ´91 nuestra agricultura salga también fortalecida», advirtió.
Por estas razones, el senador García Ruminot informó que la próxima semana seguirán escuchando opiniones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de organizaciones que representen a los pequeños agricultores.
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