Cuando la geopolítica vuelve al Estrecho de Magallanes

Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, abrieron esta semana una nueva controversia entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes. Porque al referirse a la importancia de mantener presencia en el extremo austral, Valverde afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y destacó el valor estratégico de una zona que calificó como una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

La reacción chilena fue inmediata, aunque demasiado blanda. El gobierno anunció el envío de una nota de protesta a Buenos Aires y reafirmó que la soberanía de Chile sobre el Estrecho es indiscutible, ante lo cual la Cancillería argentina buscó bajar rápidamente la tensión y recordó que su posición está determinada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

Sin embargo, la respuesta de Buenos Aires también resultó interesante por aquello que no dijo. No desautorizó las declaraciones de Valverde ni señaló expresamente que la soberanía sobre el Estrecho pertenece a Chile. En cambio, afirma que “la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado” argentina, vinculándola con las Malvinas/Falklands, el Atlántico Sur y la Antártica.

Las palabras importan y las omisiones diplomáticas también. Buenos Aires pudo cerrar inequívocamente la controversia señalando que el Estrecho es chileno, pero no lo hizo. Es cierto que reafirmó tratados que jurídicamente conducen precisamente a esa conclusión, pero optó por no expresarla. Y si este fuera un episodio aislado, probablemente la controversia habría terminado ahí. El problema es que durante los últimos cinco años se han sucedido distintos documentos, declaraciones y episodios que, aunque tienen naturaleza y relevancia diferentes, apuntan en una dirección semejante.

Más que declaraciones aisladas

En julio de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina aprobó mediante el Decreto 457 una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional. No se trataba de la opinión de un militar, sino de un documento oficial destinado a orientar la política de defensa y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Y allí apareció la referencia a la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” sobre el Estrecho de Magallanes y el denominado por Argentina Mar de Hoces o Pasaje de Drake. Chile protestó, porque una cosa es la necesaria cooperación entre dos países vecinos y otra muy distinta hablar de un supuesto “control conjunto” sobre un espacio de clara soberanía chilena.

En junio de 2024 ocurrió el incidente de los paneles solares instalados por Argentina algunos metros dentro de territorio chileno, en el sector del Hito 1. Buenos Aires reconoció el error y posteriormente retiró las estructuras. El hecho, considerado en forma individual, difícilmente podría interpretarse como evidencia de una política territorial, pero ocurrió precisamente en el sector donde se encuentra el límite oriental del Estrecho.

Más significativo aún resultó lo ocurrido en enero de este año, cuando el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, afirmó durante una entrevista que el Estrecho era chileno “excepto la boca” y agregó que “la boca de Magallanes es argentina”.

Aquí conviene hacer una precisión muy importante. Hablar de la “boca oriental” de un estrecho es geográfica e hidrográficamente correcto. El problema aparece cuando una descripción geográfica se transforma en una afirmación de soberanía. Una cosa es hablar de la boca oriental del Estrecho y otra muy distinta sostener que existe una “boca argentina”.

De hecho, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 no establece algo semejante. Su artículo 10 determina el “término oriental del Estrecho de Magallanes” mediante la línea que une Punta Dungeness con Cabo del Espíritu Santo y señala que las soberanías argentina y chilena se extienden, respectivamente, al oriente y al occidente de ese límite. Más aún, Argentina debe garantizar el tránsito de los buques a través de sus aguas jurisdiccionales “hacia y desde el Estrecho de Magallanes”.

La distinción es bastante clara: las aguas argentinas conducen hacia el Estrecho, pero no constituyen una parte argentina del mismo.

A estos antecedentes se sumaron, en junio, las declaraciones del jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, durante la Conferencia Naval Interamericana realizada en Panamá, donde destacó la creciente importancia de los pasos bioceánicos australes, incluyendo el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, frente a la vulnerabilidad que han mostrado otros corredores estratégicos del comercio mundial. No se trató de una reivindicación territorial y sería incorrecto presentarla de esa manera, pero sí confirmó la creciente atención que el pensamiento estratégico argentino está prestando a las rutas australes. Y, entonces, llegaron las palabras de Valverde.

Cuando estos hechos se observan en conjunto, resulta cada vez más difícil considerarlos como episodios completamente aislados. Desde 2021 han aparecido referencias al “control conjunto” del Estrecho, posteriormente a una supuesta “boca argentina”, luego a la importancia estratégica de los pasos bioceánicos australes y ahora directamente a “Magallanes” al hablar de soberanía. No estamos frente a una reclamación territorial formal, pero sí ante la progresiva construcción de un relato sobre el extremo austral que termina por relativizar discursivamente certezas jurídicas que deberían estar completamente asentadas.

Todo ello coincide, además, con un cambio importante en las capacidades militares argentinas, porque después de décadas de restricciones presupuestarias y pérdida de capacidades, Argentina ha iniciado un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas cuya expresión más visible es la adquisición de 24 aviones F-16 provenientes de Dinamarca, a los que se agregan otros programas de reequipamiento, entre ellos el reciente avance para incorporar 235 vehículos blindados Stryker al Ejército.

Nada permite vincular esas adquisiciones con Chile y sería un error hacerlo; Argentina tiene pleno derecho a modernizar sus Fuerzas Armadas. Pero desde la perspectiva del planeamiento estratégico chileno, tampoco tendría sentido observar las declaraciones de un Estado vecino sin considerar simultáneamente la evolución de sus capacidades. Los países no planifican su defensa únicamente sobre la base de las intenciones presentes, sino también considerando capacidades, tendencias y escenarios futuros.

Una presencia que debe fortalecerse

La controversia corre el riesgo de concentrar nuestra atención exclusivamente en Argentina, cuando probablemente la pregunta más importante sea qué está haciendo Chile con uno de los espacios de mayor valor estratégico que posee.

Nuestro país ejerce soberanía sobre el Estrecho y mantiene una importante presencia estatal y militar en el extremo austral. La Armada cumple allí una función fundamental a través de la Tercera Zona Naval, el Distrito Naval Beagle y sus unidades marítimas, aeronavales y de Infantería de Marina, desarrollando tareas de vigilancia, control marítimo, búsqueda y rescate y apoyo a las operaciones antárticas.

Po su parte, la Fuerza Aérea mantiene en Punta Arenas la IV Brigada Aérea y el Grupo de Aviación Nº12, mientras que la investigación desarrollada por el Instituto Antártico Chileno, universidades, centros científicos y las propias Fuerzas Armadas constituye otro componente fundamental de la presencia nacional.

Por eso, el problema no es ausencia, sino suficiencia. Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes, Puerto Williams, Cabo de Hornos, el Pasaje de Drake y la Antártica no deberían ser observados como espacios separados. Todos ellos constituyen un mismo sistema geopolítico, ubicado en la confluencia del Pacífico y el Atlántico y frente al continente antártico, cuya importancia está aumentando como consecuencia de las dificultades que han experimentado algunas de las principales rutas marítimas mundiales, las guerras y tensiones en Medio Oriente, y la creciente competencia internacional por recursos y espacios estratégicos.

Argentina parece haber comprendido ese cambio y Chile también debe hacerlo. Eso supone fortalecer a Punta Arenas como centro logístico, portuario, aéreo, científico y militar del extremo austral, pero también prestar mucha mayor atención a Puerto Williams. Su importancia estratégica no puede medirse exclusivamente por el tamaño de su población o mediante criterios tradicionales de rentabilidad económica. Mejor conectividad, infraestructura, servicios y oportunidades para quienes viven allí también son instrumentos de soberanía. Y una política austral de largo plazo requiere comunidades capaces de permanecer y desarrollarse en esos territorios.

También existen decisiones pendientes en materia militar. Los F-5 desplegados en Punta Arenas cumplieron este año medio siglo desde su incorporación a la Fuerza Aérea de Chile. Ciertamente, han sido modernizados y sus capacidades actuales no corresponden a las de las aeronaves recibidas en 1976, pero siguen siendo una plataforma con cincuenta años de servicio en el país. Su reemplazo definitivo debería formar parte de una discusión más amplia acerca de las capacidades aéreas que Chile necesita para proteger el extremo austral durante las próximas décadas.

Algo similar ocurre con la Armada. Chile mantiene una presencia naval efectiva y ha incorporado capacidades importantes, entre ellas el rompehielos “Almirante Viel”, fundamental para la proyección antártica. Sin embargo, la creciente importancia del Estrecho, las exigencias de vigilancia, búsqueda y rescate, y la enorme extensión de los espacios marítimos australes, hacen necesario continuar fortaleciendo los medios navales, la infraestructura logística y el conocimiento del dominio marítimo.

Esto no significa militarizar Magallanes ni iniciar una carrera armamentista con Argentina. Ambos países necesitan mantener y profundizar su cooperación, especialmente después de haber construido durante décadas mecanismos de confianza que permitieron dejar atrás las tensiones que los llevaron al borde de una guerra en 1978. La cooperación entre sus Fuerzas Armadas, incluyendo los ejercicios combinados que realizan en los canales australes, constituye un activo que debe preservarse.

Pero cooperación y previsión estratégica no son incompatibles. Tampoco lo son amistad e intereses nacionales. Lo mismo ocurre con la ciencia. La investigación chilena en la Antártica es fundamental y debe continuar fortaleciéndose, pero no puede sustituir una política integral hacia el extremo austral. Ciencia, infraestructura, población, conectividad y capacidades militares deben formar parte de una misma estrategia.

La soberanía no solamente se proclama ni se demuestra con un tratado: también se debe ejercer, manteniendo población en territorios remotos; desarrollando puertos, aeródromos y comunicaciones; haciendo investigación científica, manteniendo presencia naval y aérea y contando con las capacidades necesarias para vigilar y proteger espacios marítimos y aéreos enormes.

Hoy los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei mantienen una relación cercana y comparten importantes coincidencias políticas. Eso facilita el diálogo y puede contribuir a resolver rápidamente controversias como la actual. Pero los gobiernos cambian y las afinidades políticas también. Y ninguna política exterior seria puede descansar en la relación personal o ideológica entre dos presidentes.

Argentina acaba de definir la importancia del extremo austral como una “perspectiva de Estado”. Y ante eso, es tiempo de que Chile haga exactamente lo mismo.