Los diputados integrantes de la comisión de Economía, Mónica Zalaquett y Gonzalo Arenas (ambos de la UDI), junto a los RN José Manuel Edwards y Frank Sauerbaum, ingresaron la solicitud para que dicha instancia se transforme en investigadora por el caso de la empresa La Polar.
Para Arenas, presidente de la comisión, es «un hecho sumamente grave lo ocurrido con el caso de La Polar», pues «se ha afectado la fe pública y, además, se han afectado derechos que son muy importantes para todos los chilenos, que no sólo afectan a los deudores de esta casa comercial, porque parte importante de la propiedad de esta empresa es parte de las AFPs, que administran plata de todos los chilenos».
En tanto, Zalaquett subrayó que «nuevamente la falta de regulación del mercado y falta de incentivos lleva a abusar de quienes menos tienen. No es posible que este tipo de situaciones se sigan dando a conocer ante la tranquilidad de quienes tienen el deber de fiscalizar. Con la comisión investigadora llegaremos hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos abusos que nuevamente golpea a quienes menos tienen».
A su vez, Edwards se refirió al acuerdo en la Concertación para interpelar al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pidiendo que, si se logra llevar a cabo, se haga «de manera seria y responsable, y no simplemente un show al boleo como ha pasado en otras ocasiones».
Por otra parte, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy (RN) sostuvo un encuentro con el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos Budnevich, para analizar la situación de los clientes de dicha empresa, y ver de qué forma se puede modificar la institucionalidad vigente para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir.
A juicio del parlamentario, «el retail financia a un grupo muy importante de personas de escasos recursos y de clase media emergente, pero lamentablemente están en tierra de nadie», agregando que una alternativa frente a esto es crear una superintendencia del retail.
«Creo que va a ser importante tener una discusión en el Congreso para que en caso que se dañe la fe pública, como sucede en este caso, el Congreso tenga las atribuciones para citar a las empresas privadas que hacen ese daño, para poder fiscalizarlas. Todo lo cual el Congreso hoy no puede hacer», añadió.
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