Con el fin de garantizar a la población el acceso y financiamiento a medicamentos de calidad comprobada y a precios competitivos, la Comisión de Salud, analizará las próximas semanas, el proyecto que crea la Agencia Nacional del Medicamento, dependiente del Instituto de Salud Pública, así lo aseguró su presidente, el senador Fulvio Rossi.
Cabe recordar, que la iniciativa del Ejecutivo, se encuentra cursando el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
Al respecto, el senador Rossi explicó que «la Agencia será una instancia bastante autónoma, contará con recursos propios y se hará cargo de los registros de los medicamentos, y fiscalizará para que existan buenas condiciones de sus almacenamientos, distribución y ventas».
En lo fundamental, el texto legal, que desconcentra las atribuciones del Instituto de Salud Pública, establece que «las funciones, vinculadas a las labores de control de calidad de los medicamentos, se radican en el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos. Se estima que el establecimiento de esta fórmula posibilitará una clara y coherente interpretación de las normas legales y reglamentarias referidas a las materias en análisis, promoviendo una mayor especialización y eficiencia».
Por su parte, la instancia también continuó con el estudio de las indicaciones del proyecto, en primer trámite, que modifica el Código Sanitario en materias de regulación de farmacias.
El senador Rossi comentó que «hemos avanzado bastante en la iniciativa, porque hemos analizado las facultades que tiene el Instituto de Salud Pública, en orden de garantizar que se cumplan todas las condiciones sanitarias».
Añadió que «la idea es que los usuarios que van a una farmacia sepan que los medicamentos fueron hechos con buenas prácticas de manufactura, con productos bioequivalentes, o sea, que tendrán el efecto clínico buscado. Porque efectivamente, pueden haber algunos de ellos que pueden parecer lo mismo, señalando que tienen el mismo principio activo, pero que a su vez, tendrán efectos clínicos distintos».
Precisó que «el proyecto también establece una total prohibición a que exista un tipo de incentivo económico, para que un facultativo prescriba un determinado medicamento y restringe la publicidad de una serie de medicamentos al público, con el fin de evitar que la salud funcione con la lógica del mercado».
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