Luego de seis meses de actividad, una comisión transversal de expertos le entregó a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, el informe final con las conclusiones del panel sobre el sistema de capacitación en Chile.
La secretaria de Estado conformó una comisión en marzo pasado, liderada por el economista del PNUD, Osvaldo Larrañaga, e integrada por Dante Contreras (U. de Chile), David Bravo (U. de Chile), Paula Agurto (Sence), Hernán Araneda (Fundación Chile), Alejandra Manquilef (Ministerio del Trabajo), Marcela Perticara (Universidad Alberto Hurtado), Tomás Rau (Universidad Católica) y Sergio Urzúa (en representación del Ministerio de Hacienda). En la Secretaría Técnica se contó con la cooperación de Carlos Acero (coordinador), Francisco Carrillo, Cristóbal Castro y Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Esto, con el objeto de identificar qué políticas públicas estaban teniendo el efecto deseado en materia de capacitación, ítem al cual el Estado destina unos US$ 400 millones anuales.
Las conclusiones de la Comisión Larrañaga son críticas con el actual sistema de capacitación (incluyendo las entidades que imparten cursos, como la OTIC), y sobre todo con el instrumento de la franquicia tributaria, que utiliza el 80% del total de recursos que invierte el Estado en capacitación.
La Comisión propone descontinuar gradualmente esta franquicia y reasignar esos recursos a otro instrumento, ya que no habría evidencia de que conlleve aumentos salariales o de productividad.
La ministra Matthei valoró la entrega del informe final y manifestó que, «por ejemplo, hemos detectado que la probabilidad de recibir una capacitación es más alta si tienes mejor educación, si tienes mejor remuneración y trabajas en una empresa más grande, lo que está muy mal. Hoy, el 27% de los recursos del Estado en capacitación se lo lleva el quintil más rico de la población, y eso quiere decir que el sistema no focaliza bien».
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