Seguridad cuesta arriba: los tropiezos del Gobierno que ponen a Arrau bajo presión en el Congreso

La agenda de seguridad del Gobierno cerró una semana compleja en el Congreso. El principal traspié se produjo el martes, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por un solo voto, la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de extranjeros en situación irregular para hacer efectiva su expulsión administrativa.

La iniciativa requería 89 votos –cuatro séptimos de la Cámara–, pero obtuvo 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. El resultado sorprendió al Ejecutivo, que contaba con los respaldos necesarios tras el trabajo realizado en la Comisión de Constitución. Algunos parlamentarios que habían comprometido su apoyo finalmente no votaron o se abstuvieron.

El proyecto, ingresado en junio y presentado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), proponía extender de cinco a 30 días el plazo de detención de una persona sorprendida ingresando irregularmente al país, con posibilidad de prórrogas autorizadas judicialmente. 

Tras el rechazo, el Gobierno confirmó que buscará insistir en el Senado mediante la vía constitucional que permite reponer una iniciativa con el respaldo de dos tercios de sus integrantes. El oficialismo evalúa además otras fórmulas para sortear el rechazo.

Una de ellas se apoya en un antiguo fallo del Tribunal Constitucional, que permitiría tramitar la insistencia con el actual quórum de cuatro séptimos, equivalente a 29 senadores en ejercicio, y no con los dos tercios de los presentes. 

Con todo, conseguir los votos de independientes y la oposición no será un trabajo sencillo para el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Al revés migratorio se sumó un segundo episodio que tensionó la relación del Ejecutivo con el Congreso. En una actividad de Icare, Arrau, afirmó: “Yo por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante”, lo que gatilló una ola de críticas, incluso desde el propio oficialismo.

El secretario de Estado posteriormente aclaró que sus dichos buscaban relevar el peso de la gestión ejecutiva y aseguró mantener “una tremenda valoración y respeto” por la labor parlamentaria.

“Menos calculadora parlamentaria y más conducción”

En ese escenario, la insistencia del Ejecutivo en el Senado para reponer el proyecto que amplía el plazo de detención de migrantes irregulares no será una tarea fácil. Así lo indican las declaraciones de parlamentarios clave para la tramitación legislativa. 

El senador del PPD y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, señaló estar disponible para respaldar la insistencia, pero que el apoyo no sería un cheque en blanco.

“Hay aspectos que deben corregirse para que la norma funcione y, al mismo tiempo, respete las garantías que corresponden. No sacamos nada con aprobar leyes que después, en la práctica, no se pueden aplicar”, comentó a El Mostrador. 

En esa línea, Araya también afirmó que existe un problema político de fondo respecto a la gestión legislativa del Gobierno, ya que –a su juicio– la seguridad no se construye raspando votaciones ni sacando cuentas cinco minutos antes de entrar a la Sala. 

“Ganar por un voto puede alcanzar para aprobar una norma, pero no para construir una política de Estado. Menos calculadora parlamentaria y más conducción política, porque la seguridad de los chilenos no puede depender de quién llegó a votar, quién se ausentó o quién apretó mal un botón. En seguridad, construir acuerdos no es una señal de debilidad: es una obligación política”, enfatizó. 

Asimismo, el senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, advirtió que el Ejecutivo enfrentará una “barrera altísima” en el Senado para conseguir los dos tercios que exige el quórum constitucional. 

“​Si bien muchos compartimos la necesidad de avanzar en una reforma constitucional de este tipo, políticamente le va a costar muy caro al Gobierno convencer a los votos de la oposición para lograr eso”, dijo. 

Bianchi además hizo hincapié en que, si bien “los consensos siempre son deseables para conseguir votaciones tan exigentes”, hay que precisar que la insistencia se vota estrictamente sobre el mismo texto que fue rechazado en la Cámara de origen. “Cualquier consenso solo serviría para aprobar ese texto tal como está, lo que objetivamente se ve muy complejo”, añadió. 

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acusó “tozudez” y falta de diálogo por parte del Gobierno, lo que imposibilita la construcción de iniciativas en conjunto.

“Tienen que ganar con el 100%, (eso) los va a llevar a un fracaso tras otro. Es lo que estamos viendo en este proyecto. No hay un diálogo que necesariamente tiene que hacerse en el Congreso Nacional, porque para eso es el Congreso, se llama Parlamento por algo, porque es ahí la instancia donde se tiene que conversar”, cuestionó. 

El otro traspié 

En paralelo, esta semana la Cámara aprobó la denominada Ley Antibarricadas 2.0. Si bien la norma logró avanzar hacia el Senado, la oposición consiguió un nuevo revés para el Ejecutivo. Esto porque también fue aprobada una indicación del diputado Raúl Leiva (PS), que eximió de sanción a quienes se manifiesten pacíficamente, lo que reduce el alcance del proyecto. 

La votación ocurrió sin la presencia de Arrau en el hemiciclo, hecho que fue cuestionado por la oposición, debido a que el proyecto también forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado. 

Dicha ausencia ocurre en medio de una tensa relación entre el Congreso y el jefe de la cartera de Seguridad, a lo que se suman las propias críticas oficialistas por los errores del Gobierno en el trabajo legislativo. 

“Ser ministro también significa hacerse cargo de lo que uno firma y dar la cara cuando las cosas salen mal. El ministro debería recordar que conversar con el Congreso no es un favor ni una actividad voluntaria, es parte de su pega. Si quiere construir una política seria de seguridad, tendrá que escuchar, explicar y buscar acuerdos con quienes representamos a la ciudadanía”, sostuvo el senador Pedro Araya (PPD). 

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también abordó el desempeño del Ejecutivo y defendió la labor del ministro de la Segpres, José García Ruminot, ante las críticas del propio Partido Republicano por las últimas derrotas legislativas.

Núñez apuntó a la “falta de conducción política” y a la responsabilidad del Presidente de la República frente a este escenario de descoordinaciones.  

“Cuando uno no es capaz de reconocer errores, difícilmente puede avanzar en las soluciones y termina cargando la mochila, responsabilizando a un ministro, cuando yo creo que aquí hay una cadena de errores”, dijo la senadora RN en entrevista con T13.

En ese sentido, agregó que “acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y en definitiva de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres”.

“Creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, señaló respecto a la composición del gabinete.