Senadores repudian muertes en La Araucanía y piden aplicar políticas de Estado consensuadas
El presidente de la cámara alta, Camilo Escalona, junto a los senadores de RN, Alberto Espina; del PPD, Eugenio Tuma y Jaime Quintana; y de la DC, Jorge Pizarro, coincidieron este viernes que el conflicto en la Araucanía corresponde a un problema de Estado que debe ser resuelta con el apoyo de todos los sectores.
Los parlamentarios manifestaron su profundo pesar por la muerte del agricultor Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay y recalcaron la necesidad de aplicar políticas consensuadas y reparatorias en toda la Araucanía.
«Ninguna razón ni causa puede justificar hechos de esta naturaleza, de una brutalidad irracional que conmueven en sus cimientos la paz social y la convivencia entre chilenas y chilenos, de la condición que sean. Ningún crimen puede prestigiar demanda alguna», recalcó Escalona.
En tanto, Espina expresó que «ha sido un día trágico para la Araucanía, porque se ha cometido un atentado terrorista en forma inequívoca. Se trata de hechos trágicos que demuestran que en la zona están operando un grupo extremista, muy poderoso, organizado y pequeño, pero que actúa con una maldad infinita».
Por su parte, Tuma comentó que «hemos insistido ante el Gobierno para que asumamos una actitud indistintamente de los colores políticos y realicemos una propuesta de Estado. Tenemos que realizar un acto de reconocimiento con la Región de la Araucanía y el fuerte daño que ha tenido desde la instalación del Estado de Chile en el lugar».
A su turno, Quintana expresó que «lo que sí se sabe, es que en la región hay un conflicto que no es de este Gobierno, sino es algo del Estado y por lo tanto, es él quien debe reaccionar a la altura. Eso significa aplicar políticas públicas altamente consensuadas y no contar con un Gobierno que llegue y piense que posee una solución mágica al tema como lo fue la cumbre de seguridad que no ha funcionado».
El parlamentario de la DC puntualizó que «no podemos confundir a esa gente con lo que son las demandas de los pueblos originarios que son legítimas y que no tienen nada que ver con estos hechos de violencia. El Gobierno debe actuar con mucha firmeza en las querellas en contra de quienes resulten responsables».
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