El testimonio inédito del sobreviviente del derrumbe en la mina Pampa Camarones
¡Un abrazo a todos los trabajadores y las trabajadoras! Este viernes se conmemora el Día Internacional del Trabajador, y por supuesto que no podemos estar ausentes de esta significativa fecha.
El lunes hubo un desfile cerquita del Morro, donde fue homenajeado Carabineros de Chile y, ¡adivinen!: Gabinete Regional en pleno, listos y dispuestos los secretarios regionales ministeriales (seremis) con sus videos y periodistas para saludar a la institución por sus 99 años. De su gestión, que ya cumplirá un mes, aún no se ven brotes verdes.
Las visitas ministeriales no han faltado. La última: la de la ministra de Salud, May Chomalí, quien se incomodó con las preguntas por el nombramiento de la seremi de Salud saliente y militante PS, Marta Saavedra, como jefa del Departamento de Salud Pública, cargo que había perdido en marzo de 2024 cuando fue nombrada como seremi y debía concursarse. Y la misma cara de asombro puso –además de decir que no era parte de sus tareas pronunciarse–, cuando le consultamos si era una transgresión al instructivo de la Contraloría sobre prescindencia política y probidad, el hecho de que la actual seremi de Salud, Karla Kepec, se haya negado a renunciar a la presidencia regional del Partido Republicano (PRep).
Y mientras se aclara el panorama político, porque aún hay negociaciones por las direcciones regionales de distintos servicios públicos, vamos mejor con una síntesis de la edición de esta semana de Aquí Arica:
- La primera nota es un ¡ÚLTIMA HORA! Se trata de la petición de renuncia no voluntaria que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, le hizo a la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y presidenta regional del Partido Socialista, Gladys Acuña, cuyo nombramiento por Alta Dirección Pública vencía en julio.
- En la segunda nota les contamos sobre el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal que condenó a cuatro de los siete acusadospor delitos de cohecho, sobornos y negociación incompatible en la gestión de contratos viales adjudicados por la Dirección Regional de Vialidad a la Constructora San Felipe S.A.
- La tercera nota aborda la cifra de crecimiento económico (5,3%) que experimentó la región durante el 2025, según el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central.
- Y cerramos con uno de los testimonios que da el título a la presente edición de Aquí Arica. El testimonio lo esperamos con paciencia desde hace casi dos años. José Espinoza, el minero que fue rescatado de un derrumbe en la mina Pampa Camarones, relata –por primera vez a un medio– su experiencia y las secuelas que aún tiene de este accidente laboral ocurrido en julio de 2024.
Ante de iniciar la lectura, les invito a tomar un juguito de perfumadas maracuyás azapeñas, néctar cargado de vitamina C, muy necesario para estos días inestables en los que abundan los resfríos. Y como siempre, les pedimos compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y puedan disfrutar de este newsletter cada martes.
Ministro Poduje remueve a directora regional del Serviu por pérdida de confianza

Crédito imagen: El Mostrador.
Aunque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aún no ha emitido ningún comunicado oficial, pese a haberlo solicitado, fuentes reservadas confirmaron a Aquí Arica que el mediático ministro de esa cartera, Iván Poduje, solicitó el viernes la renuncia no voluntaria por pérdida de confianza a la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y presidenta regional del Partido Socialista (PS), Gladys Acuña.
Según las mismas fuentes, el secretario de Estado habría llegado a la convicción de que no era factible seguir sosteniendo a la funcionaria, a raíz de las críticas de diversos actores gubernamentales sobre el rol que desde el 11 de marzo el Gobierno le había asignado a Acuña. Lo que incomodó a diversos personeros fue que se le encomendara la conducción del proceso de desalojo de las 877 viviendas contaminadas y ocupadas ilegalmente en Cerro Chuño, las mismas que hasta el 10 de marzo se negó sostenidamente a erradicar y demoler durante los cuatro años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La renuncia se efectuaría a contar de ayer, convirtiéndose así en la segunda directora regional del Serviu a la que el ministro Poduje le pide su cargo. La primera fue la titular del Bío Bío, María Gajardo, por la lentitud en el proceso de reconstrucción tras los incendios ocurridos en esa zona. El cargo ahora quedaría vacante, por lo que podría ser convocado un nuevo concurso público vía Alta Dirección Pública.
Acuña estaría ausente en su oficina desde el miércoles pasado, día en el que surgió una protesta realizada por un grupo de funcionarios, debido a la destitución de una dirigenta gremial. Sin embargo, el sábado trascendió que ya había tomado conocimiento de la medida y desde el mismo viernes circularon posteos vía Whatsapp de la Asociación de Funcionarios del Serviu (AFUSERVIU) confirmando su salida.
Último conflicto
Si bien parecía que la directora regional concluiría su administración –cuyo período vencía el 12 de julio–, su continuidad se vio abruptamente interrumpida. Su designación, obtenida el 23 de junio de 2023 a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), cuando se desempeñaba como seremi de Vivienda y Urbanismo, le otorgaba estabilidad en el cargo.
Sin embargo, su propia gestión y la ausencia del senador José Miguel Insulza y del ministro Carlos Montes como sus puntales, terminaron por debilitar su posición. El punto de quiebre fue la destitución de la secretaria de la AFUSERVIU de Arica y Parinacota, Margarita Figueroa, quien mantenía un sumario en curso en el marco de la Ley Karin por una discusión que sostuvo con compañeros de trabajo.
El hecho generó una protesta durante toda la semana pasada en las oficinas del Serviu. Los asociados al gremio pegaron carteles cuestionando la desproporción de la medida y la acusaron de persecución sindical.

Crédito imagen: cedida.
Con la decisión de removerla, atrás quedaría el propósito de Acuña, que buscaba cumplir los tres años de gestión como lo establecía su contrato ADP y así obtener una indemnización de $ 25 millones aproximadamente. Ahora, con su renuncia no voluntaria, solo podrá acceder a unos $ 16 millones al haber completado solo dos años de servicio completos.
Ruido político
La permanencia de la directora regional del Serviu generó ruido tras asumir el nuevo Gobierno, especialmente porque Acuña fue un actor relevante en la campaña presidencial de la candidata Jeannette Jara y también en la del alcalde Orlando Vargas. Este último se presentó como un outsider, con el apoyo del PS, y destronó al alcalde oficialista de ese entonces, el liberal Gerardo Espíndola. Asimismo, la directora tenía en su historial político el haber sido sido intendenta regional en el segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet y contaba con el respaldo absoluto del exsenador José Miguel Insulza y del propio exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ambos socialistas.
Su mediática aparición durante la visita del ministro Poduje a Arica y la difusión de fotografías encabezando las reuniones para el desalojo de Cerro Chuño el pasado 1 de abril en la Municipalidad de Arica y el Gobierno Regional (Gore), incomodaron a actores políticos de diversos sectores.
Por un lado, causaron asombro en personeros del Gobierno saliente, a raíz de que fue conocida su permanente negativa a desalojar la población durante los cuatro años del Gobierno anterior, bloqueando el único intento realizado por el exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana.
Y, por otro lado, generaron disgusto en representantes de la derecha, ya que conocían su postura de oposición a la erradicación y no entendían cómo Poduje podía asignarle una tarea tan sensible y mediática. A ella la responsabilizaban de permitir que la toma continuara, con el agravante de que por un fallo de la Corte Suprema, que databa de 2021, se obligó al Serviu a pagar el consumo de agua de los ocupantes, totalizando hasta hoy más $ 1.500 millones en cuentas por este servicio.
En medio de las críticas políticas que enfrentaba a principios de abril, fiel a su estilo desafiante, la hoy exdirectora respondió posteando en su Instagram personal con la siguiente lámina:

Posteo en Instagram personal de la directora removida.
Acuña baja la bandera
La negativa de Acuña frente al desalojo de Cerro Chuño dio un giro radical tras la asunción del Gobierno de Kast. El 19 de marzo debió “cuadrarse” en una reunión telemática con el nivel central, instancia en la que se le instruyó elaborar una resolución para solicitar el desalojo de las 877 viviendas ocupadas en el sector, cuyos alrededores albergaron a la peligrosa banda criminal “Los Gallegos”.
El mismo día del contacto por Teams despachó la Resolución N° 839 de 29 páginas a la Delegación Presidencial Regional (DPR). Este trámite era vital para activar el procedimiento, dado que así lo instruyó un fallo de la Corte Suprema en 2017, cuando el gobernador provincial de Arica, Ricardo Sanzana, hizo el último intento por efectuar un desalojo masivo, el cual fue rechazado debido a que el Serviu -como propietario de las casas- era la entidad que debía pedir la erradicación con auxilio de la fuerza pública (ver nota).
Con ese documento, la DPR pudo publicar la Resolución Exenta N° 99 el 6 de abril pasado en el Diario Oficial. Este oficio estableció la demolición de las viviendas sociales ubicadas en las villas “Los Laureles”, “El Amanecer” y “El Solar”, las cuales fueron inauguradas a principios de la década de 1990, pese a que la zona no era apta para la instalación de viviendas, ya que estaba definida como zona industrial.
Asimismo, otorgó un plazo de cinco días para que los ocupantes ilegales abandonaran las propiedades, y estableció que, en caso de existir resistencia a cumplir esta orden, “se actuará debida y seguidamente al vencimiento del plazo otorgado, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario y/o existiere oposición de los actuales ocupantes, a fin de obtener la entrega del inmueble”.
Gestión controversial
Pero el ruido por el desalojo de Cerro Chuño no fue lo único que gatilló la salida de Acuña. Fuentes reservadas comentaron que el ministro Poduje recibió denuncias de varios actores políticos regionales por fallas en el condominio “Vientos de Tintaya”, una de las últimas inauguraciones que hizo en el verano junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
A ello se sumaron reclamos de una organización de propietarios de departamentos que, durante los últimos dos años, han sido desalojados de sus viviendas tras ser acusados de no habitarlas. Sus quejas, que se intensificaron en medio de la campaña electoral del año pasado, apuntaron a que el Serviu realizó fiscalizaciones intempestivas en horarios laborales y que no habría aceptado sus justificaciones por ausencia en el domicilio.
Estos procedimientos fueron denunciados por el exsenador José Durana (UDI) y por el actual senador Enrique Lee, quienes advirtieron posibles irregularidades, a partir de los testimonios de los afectados. Los denunciantes han sostenido que no se respetó el debido proceso y que fueron llevados a instancias judiciales, perdiendo una treintena sus departamentos, sin haberse agotado previamente los procedimientos administrativos destinados a revisar y eventualmente acoger sus descargos (ver nota).
Aterrizaje en el municipio
Lo que no ha sido un misterio es el eventual arribo de Gladys Acuña a la Municipalidad de Arica. Desde el Partido Socialista, fue una de las figuras que impulsó la estrategia para levantar a Orlando Vargas como candidato alternativo, quien finalmente logró imponerse al entonces alcalde Gerardo Espíndola.
Si bien este respaldo político se interpreta como una cuenta pendiente, ha trascendido que –debido al carácter controversial de Acuña– el jefe comunal mantendría reparos respecto de integrarla a su círculo más cercano. Por ello, aún estaría en evaluación el rol que podría asumir, procurando que su incorporación no genere tensiones con aliados del oficialismo y sectores de la derecha.
Caso Vialidad: audios, testigos, depósitos y posteos inculparon a cuatro de los siete acusados en juicio por corrupción

Crédito imagen: El Mostrador.
No fue el veredicto que esperaban la Fiscalía Regional del Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado. Ambos buscaban acreditar la culpabilidad de los siete acusados en el juicio oral que concluyó el martes pasado, por delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible vinculados a la adjudicación de contratos de obras viales por parte de la Dirección Regional de Vialidad a la desaparecida Constructora San Felipe S.A., entre 2020 y 2023.
- A casi un mes de iniciado el juicio oral por el que optaron 7 de los 13 acusados que tuvo esta causa criminal, la sala integrada por los magistrados Sergio Álvarez Cáceres, Sara Pizarro Grandón y Jairo Martínez Cuadra desechó varios de los delitos de soborno, cohecho y fraude al Fisco que contenía la acusación. Las penas serán conocidas en una audiencia que se realizará el próximo 8 de mayo.
Finalmente, los jueces determinaron que el exinspector fiscal de Vialidad, Genaro Leal Figueroa, incurrió en dos delitos de negociación incompatible. Uno de ellos corresponde a la pavimentación del puente Guillermo Sánchez, obra que fue subcontratada a la empresa Delmedh, de propiedad de la inspectora fiscal Lilian Medina Higueras y de su cónyuge, quien además se desempeñaba como profesional en la Constructora San Felipe S.A.
De acuerdo con el fallo, el contrato ascendió a $ 49.739.148, pero el costo real de la obra fue inferior al monto declarado, generándose una diferencia que habría sido apropiada indebidamente y en perjuicio del Fisco. Esta operación contó con la aprobación del propio Leal, quien, en su calidad de inspector fiscal, tenía la responsabilidad de supervisar el contrato.
El otro caso que se le imputó fue la utilización del mismo modo en la reparación y remodelación de la ruta de Acceso a Azapa, A-27, que incluía el ensanchamiento y reparación de la calle Guillermo Sánchez. En este contrato, se habría adjudicado nuevamente a Delmedh el subcontrato “Modificación de cámaras de Inspección de Alcantarillado” por un costo de $ 86.632.000, el cual finalmente fue tercerizado con otra constructora, que cobró solo $ 35.500.000, y cuya diferencia quedó en manos de Delmedh con el visto bueno de Leal.
Asimismo, el tribunal estimó que el exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, cometió el delito de cohecho consumado, al haber autorizado el cambio de barreras en el camino El Buitre-Las Maitas, modificación por la cual recibió, según la Fiscalía, el pago de $ 3 millones, por autorizar esta modificación y la liberación de los recursos a la Constructora San Felipe S.A. por estos trabajos.
En tanto, la inspectora fiscal Lilian Medina Higueras fue condenada por el ilícito de negociación incompatible, dado que siendo supervisora de obras de conservación de las rutas A-31 y A-345 –adjudicadas a Ingeniería Construcción MCADAM SpA–, autorizó la subcontratación de su empresa Delmedh para que prestara servicios de pintura y tachas de seguridad por $ 40.000.000. Además, la profesional visó un aumento de obras en esos contratos por $ 124.905.401.
No solo hubo un veredicto condenatorio para los exfuncionarios públicos. En el juicio se sindicó como culpable de los delitos de soborno y lavado de activos al profesional de la Constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado Huentrutripai. Este funcionario es el marido de la inspectora fiscal Lilian Medina Higueras. Delgado fue quien apareció en numerosas escuchas telefónicas refiriéndose a las negociaciones que sostenía con los inspectores fiscales, jactándose de sus depósitos en dólares y del crecimiento de su patrimonio a raíz de las transacciones que ejecutaba con los inspectores fiscales de Vialidad.
Inesperadas absoluciones
Inesperadamente, pese a las múltiples escuchas telefónicas, posteos a través de WhatsApp, depósitos en las cuentas bancarias y testigos que presentó el órgano persecutor, el tribunal absolvió del delito de cohecho al exjefe del Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Álvaro Núñez Cruz. Los magistrados validaron su alegación de inocencia, apuntando, específicamente, a que los depósitos en dinero con el profesional de la constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado, eran lícitos.
La misma suerte tuvo Olaya Gálvez Riquelme, cónyuge del exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez. La Fiscalía la acusaba de haber recibido depósitos de la misma empresa, a cambio de que su marido modificara las especificaciones técnicas de una señalética.
Además, el tribunal absolvió a Romina Zumelzu Ruiz, cónyuge del exinspector fiscal Genaro Leal Figueroa. La Fiscalía había cuestionado un contrato de arriendo de una camioneta a su nombre con la constructora, luego de que un trabajador declarara que dicho vehículo nunca habría estado en faena. Sin embargo, la prueba presentada no resultó suficiente para acreditar su responsabilidad penal. Su caso tuvo alta exposición mediática, ya que, tras el allanamiento a su domicilio en agosto de 2023, fueron incautadas prendas de alto valor de la marca Gucci.
Sobre esta última imputada, la Defensoría Penal Pública –que tuvo a su cargo el caso y el de Genaro Leal– señaló que la acusación atribuía a su representada“haber recibido en su cuenta bancaria transferencias periódicas de aproximadamente $535.000, provenientes de pagos supuestamente ilícitos, para luego traspasarlos a su cónyuge, contribuyendo así al ocultamiento de su origen delictual. La imputación descansaba sobre la premisa de que dichos fondos constituían sobornos vinculados al ejercicio de una función pública… Desde un inicio alegamos que nuestra representada no encajaba en ninguno de los dos perfiles de la causa, pues no era funcionaria pública ni trabajaba en la Constructora San Felipe. Cuestionamos su participación porque su única conducta fue el uso de sus cuentas corrientes, lo que constituye una acción neutral y absolutamente habitual en el contexto de una relación conyugal“.
Y sobre Genaro Leal, la institución indicó que el tribunal lo absolvió de todos los delitos que le fueron formalmente imputados, pero que recalificó los hechos 1 y 2 –originalmente acusados como fraude al fisco y cohecho– por el delito de negociación incompatible.
El veredicto del tribunal oral contrasta con la sentencia del 3 de septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía y el CDE obtuvieron condenas para otros seis acusados que decidieron someterse a un juicio abreviado, aceptando su responsabilidad en distintos delitos. A esta modalidad se acogieron el exdirector regional de Vialidad, Roonie Focacci Yugo, y los exinspectores fiscales de obras de esa misma repartición: Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana. Por el lado de la Constructora San Felipe S.A. fueron sentenciados el exgerente de Operaciones, Carlos Trautmann Montt; la exjefa de Finanzas, Karen Walton Buzada; y el exadministrador de Obras, Víctor Strobel Pinto.
Economía regional 2025 creció sorpresivamente un 5,3% gracias a la pesca

Crédito imagen: El Mostrador.
Una sorpresiva radiografía entregó el último Informe del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto Regional (PIBR). El análisis reveló que la economía regional creció un 5,3% durante el año 2025, impulsada “por la industria pesquera, los servicios personales y la pesca, mientras que la construcción restó parcialmente al resultado”.
Así, la Región de Arica y Parinacota fue una de las 14 regiones que arrojó cifras azules, cerrando el último trimestre con un incremento del PIB de 3,9% .
Desmenuzando las cifras
Para el economista de la Universidad de Tarapacá (UTA), Fernando Cabrales, el informe del Banco Central que reveló un crecimiento de un 5,3% “es una muy buena cifra, que está determinada por la pesca y la producción industrial asociada a ella, es decir, harina de pescado y derivados. De hecho, la pesca industrial es el sector de mayor crecimiento anual (48%) y le sigue la actividad industrial (25,7%), en la que la producción de harina de pescado juega un papel determinante”.
Como contrapartida, el experto señaló que el sector pesca no reviste mayor importancia en el PIB Regional (2,1%), “y por ello es razonable suponer que la expansión de la pesca tiene impacto poco significativo en el gasto interno. De hecho, el consumo interno de la región aumentó en 3,8%, es decir, 1,5 puntos porcentuales menos que el crecimiento del PIB. De todos modos, debe destacarse que dicha cifra, aunque menor que el crecimiento del PIB Regional, es la mayor del país y muestra que el año recién pasado fue un buen año para la región”.
Asimismo, el analista explicó que otros sectores que crecieron fuertemente fueron los restaurantes y hoteles con un 9,3%, “lo que revela que el sector recuperó el nivel que tenía en el año 2018. Los demás sectores tienen tasas de crecimiento modestas. Un sector que disminuye su actividad es la construcción (-1,2%), aunque en niveles muy superiores a los previos a la pandemia”.
En un análisis mucho más fino, Cabrales planteó que el sector pesquero e industrial “al cierre de 2025, destacan a la región de Arica y Parinacota, junto con la del Biobío, como las zonas con mayor volumen de desembarque a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, los primeros cinco meses del año (a mayo de 2025), el desembarque acumulado de anchoveta en la zona norte (Arica a Antofagasta) alcanzó las 270,7 mil toneladas, lo que representó un aumento de más del 100% respecto al mismo periodo del año anterior. Y sobre el jurel, aunque las cifras específicas de Arica se consolidan en la macrozona norte, esta área registró un total de 127,7 mil toneladas de jurel a finales de 2024, tendencia que se mantuvo con cuotas históricas favorables para 2025″.
Del mismo modo, respecto de la sustentabilidad del recurso, agregó que “la pesquería de anchoveta en la zona Arica-Antofagasta cerró el período con un nivel de rendimiento del 131% de BDRMS (Biomasa que permite el Rendimiento Máximo Sostenible), situándola en un nivel óptimo de explotación”.
Además, dio a conocer otro indicador positivo: el crecimiento del valor de los productos procesados en las plantas locales, impulsado por mejores precios y mayor disponibilidad de materia prima.
José Espinoza: testimonio inédito del sobreviviente del derrumbe en la mina Pampa Camarones

Crédito imagen: cedida.
Hace casi dos años vivió los días más angustiantes de su vida. El operador de maquinaria pesada José Espinoza Albornoz quedó sepultado tras un derrumbe ocurrido el 8 de julio en la mina Pampa Camarones, ubicada a 80 kilómetros al sur de Arica.
Solo 46 horas después, y gracias a un operativo de rescate encabezado por el entonces delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, logró salir con vida desde más de 500 metros de profundidad (ver nota).
- La compañía, según el registro de multas ejecutoriadas, fue sancionada por la Dirección del Trabajo con tres multas que, en conjunto, suman $18.717.000. La primera se cursó por no informar de manera inmediata a la Inspección del Trabajo sobre el accidente fatal o grave; la segunda, por no adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores; y la tercera, por no garantizar –como empresa principal– condiciones sanitarias y ambientales adecuadas en la obra o faena.
En medio de su rehabilitación postraumática, el trabajador decidió –por primera vez– relatar su experiencia a Aquí Arica. En su testimonio aborda la dureza de las horas que permaneció atrapado, la reacción de la empresa y la incertidumbre que aún rodea su eventual regreso al trabajo.
Los recuerdos del derrumbe que sepultó el cargador que operaba ese día, al interior del yacimiento cuprífero, siguen golpeándolo con fuerza.
―Tras su rescate, hicimos varios intentos por hablar con Ud., pero entendimos que aún no era el momento. ¿Por qué decidió ahora contarnos su experiencia?
―Es cierto. No estaba en condiciones psicológicas para hablar de lo que pasó, pero hoy me siento mejor, aunque aún estoy en tratamiento. Así es que decidí contar lo que pasó ese día, porque también es una forma de liberación.
―¿Qué ocurrió ese día del derrumbe?
―Ese día era mi último día del turno. Nosotros siempre teníamos una charla de cinco minutos de seguridad, de coordinación para los trabajos que se iban a hacer durante la jornada. Era la misma tarea que se había hecho el día anterior, solamente que hubo un momento en que se cortó la comunicación de la mina.
Bueno, yo seguí mi pauta de trabajo en un caserón. Después de una postura y una limpieza, me comuniqué por radio con el jefe de turno de ese momento, Daniel Godoy. Le informé que ya había terminado mis labores. Él me dijo que había pasado por el caserón del 580 y que había material como para tres o cuatro camiones. Yo le dije: “¿Qué pasa con los otros equipos?”, y me respondió que uno estaba trabajando y el otro estaba en pana.
―¿A cuántos metros bajo la superficie estaba?
―Me encontraba a unos 600 metros de profundidad y estaba operando un scoop, que es una pala con control remoto para operarla en ese tipo de lugares. Pero en ese momento no tenía el control remoto y el jefe había quedado en llevármelo al sitio donde estaba.
―¿Cómo se produjo el derrumbe?
―Yo siempre advertía de los riesgos al jefe de turno. En este caso vi la situación y saqué la primera baldada y la boté en el acopio. Al ir por la segunda baldada, retirándome con el balde lleno, cayó una piedra de unos diez kilos. Luego, en lo que voy saliendo, se me vino todo el cerro, la caja derecha, es decir, la pared, y ahí quedé atrapado. Los vidrios de la cabina comenzaron a reventarse y yo quedé absolutamente inmovilizado, casi sin aire, y con una botella de agua que la hice durar hasta que me rescataron.
―¿Y qué pasó en esos primeros minutos?
―El primer minuto fue de desesperación, de que los vidrios estaban reventando por la presión de las piedras. La cabina está para resistir hasta 40 toneladas y cayó mucho más material que esa cantidad. Por suerte me quedé con la señal radial que se ocupaba para tramos cortos, ya que en ese sector no había una señal más potente y continua.
―¿Alguien se dio cuenta y lo fue a buscar?
―Alrededor de unos 40 minutos llegó el jefe por allá a entregarme el control remoto y a avisarme que estaba lista mi segunda o tercera tarea y no me encontró. Me empezó a llamar por la radio y yo lo escuché y le contesté. El me dijo que había pasado por el lugar del derrumbe y que había visto un poco de tierra, pero nunca imaginó que era un derrumbe tan grande. Pudimos conversar unos 10 minutos, mientras él veía dónde yo podía estar. Luego se dirigió a buscar un cargador frontal y llegó con mis compañeros 20 minutos después, para hacer el despeje de material y rescatarme.
―En medio del accidente, algunos compañeros suyos dijeron en off que la mina estaba con desprendimientos de material y nadie hizo nada…
―Hubo muchos derrumbes, o sea, desde la rampa central, que era el acceso principal. Esa zona por tiempo estuvo goteando, entonces fue irresponsable hacernos entrar ahí. Tampoco hubo medidas de mitigación como lanzar shotcrete (mezcla de hormigón) sobre la pared, para evitar un derrumbe o poner una buena cuñadura.
―¿Y por qué no se hizo?
―Ahí hubo un poco de ahorro y también porque si sacaban un equipo para hacer fortificación, no seguían con la producción, es decir, con la extracción del material. Entonces, se le dio importancia a la extracción y no tanto a la seguridad. Claro, cuando caía material, inmediatamente se iba, se acuñaba y se trataba de fortificar, pero era puntual. Yo personalmente hablé con el gerente en su momento, en una reunión ahí delante de todo el turno, pero no me hicieron caso. La gerencia y también los directivos de la empresa estaban absolutamente informados de que la mina presentaba una inestabilidad.
El rescate
―¿Cuánto tiempo transcurrió desde el accidente hasta que llegó la primera cuadrilla de rescate?
―Unos 40 minutos. Llegó el cargador primero, se comunicó conmigo, para saber más o menos dónde estaba, y empezó a sacar material. Luego llegó el otro scoop que estaba operativo, también por el otro lado a sacar material. Pero estuvieron casi dos horas sacando, sacando, sacando, y no me veían. Solo me encontraron cuando el scoop se metió por un bypass en un sector que estaba bastante complejo.
―¿Por qué era tan inestable?
―Porque había una falla que estuvimos tratando de atravesarla durante meses. Ahí hubo geólogos, mandos medios, gente de producción que diseñaron e hicieron un bypass cortito para salir de la falla, pero no fue así, porque salimos por ahí mismo. Y lo que ocurrió fue que debilitamos mucho más esa cara y ahí goteaba material todos los días. El scoop que se metió por allí, vio el radiador y una rueda de la máquina donde estaba atrapado. Eso fue unas tres horas después del derrumbe.
―¿Cuántas horas pasaron hasta que lo rescataron?
―Pasaron 46 horas. Yo soy muy creyente y creo que esta fue una prueba de fe. Tuve siempre la esperanza de que me rescataran, pero también hubo momentos en que pensé que el cerro se vendría encima. Tenía solo medio litro de agua y lo hice durar hasta el rescate.
―La gerencia de la empresa dijo que Ud. estaba en una zona ventilada…
―Eso quiero desmentirlo. Quedé en una zona con muy poco oxígeno, donde hacía un calor infernal, sumado al calor del motor de la maquinaria, imagínese. Tenía una piedra grande encima que no dejaba ventilar.
―Desde el accidente, ¿pudo comunicarse con su familia?
―Me hicieron grabar un audio donde yo le decía a mi señora que estaba bien, pero que si me pasaba algo, ella sabía lo que tenía que hacer y que buscara un abogado y no firmara nada. Esa última parte la cortaron…
―¿Por qué le dijo eso a su señora?
―Esta situación yo la había conversado con mi señora y le había dicho lo mismo. Esto ya lo había visto en otras mineras con colegas fallecidos, donde las empresas hacían firmar a la familia y se liberaban de responsabilidades. Ella estaba instruida de que no debía firmar nada.
―¿Cómo tanta lucidez en medio de algo tan angustiante?
―Yo estaba más o menos resignado. Pero desde donde estaba, no podía hacer mucho. Prácticamente nada. Tuve momentos de cordura y de desesperación también. Sentía que seguían cayendo piedras y les preguntaba a los operadores que estaban ahí si realmente me iban a rescatar. Ellos me decían que estaban al lado.
Sin embargo, llegó un momento que dije no, yo no voy a salir. Yo, entre mis cosas, como minero, portaba una navaja y pensé en ocuparla. Hacía un calor infernal y yo veía que era imposible mover el material del derrumbe y no quería seguir sufriendo.
―¿Supo que gracias a una brigada de rescatistas mineros de El Teniente, Ud. pudo ser rescatado?
―Yo no me enteré de ellos hasta cuando ya estaban a dos metros de la cabina. Ahí recién supe que habían viajado de Rancagua. Nadie me dijo que había un equipo de viejos experimentados. Ellos fueron excavando a mano con palas hasta que llegaron a la roca que estaba delante de la máquina. La roca la movieron con un acuñador y eslingas y pura fuerza bruta entre la brigada y carabineros del Gope.
Iván, el jefe de los rescatistas, sacó los vidrios laterales para que yo saliera. Yo estaba encogido, ya que mido 1 metro 90 centímetros y la cabina no es más grande que un escritorio chico. Con el ímpetu de querer salir, me levanté, saqué el cuerpo, pero las piernas no me respondieron. Fue por eso que los viejos me tiraron.
Había estado 46 horas encogido y casi sin agua. Yo podía haber aguantado cinco días sin comer, pero no sin agua. Cuando salí estaba muy deshidratado. Toda mi ropa estaba sudada y hubo momentos en que estuve prácticamente sin nada de ropa, solamente el pantalón.
―¿Salió y qué pasó después?
―Me llevaron a la enfermería, donde pude ver a mi señora, a mi hermana y mi cuñada. Me vieron, me abrazaron y luego de estabilizarme, me ingresaron a la ambulancia. Al salir de la mina sentí los aplausos de mis compañeros y luego me trasladaron a la clínica en Arica donde solo estuve un día porque no tenía lesiones.
En rehabilitación aún
―Después del rescate, Ud. decidió estar en el anonimato, ¿por qué?
―Hubo un cambio rotundo en mi rehabilitación postraumática que aún está en curso. La gente cree que los mineros son como de acero, duros. Después del accidente me di cuenta de que no es así. Me di cuenta de que guardar emociones, guardar sentimientos, guardar cosas y no demostrarlas porque soy minero, porque soy hombre, porque soy choro, era un error. Vi que en un instante uno puede perder la vida.
―¿Ha vuelto a trabajar?
―No, porque aún sigo recuperándome. Todavía tengo pesadillas y no sé si podría volver a una mina subterránea. Estuve nueve meses con la Asociación Chilena de Seguridad porque el accidente fue calificado como accidente laboral.
―¿Cómo cree que la empresa manejó su accidente?
―Creo que lo manejó de mala manera. Por ejemplo, no se comunicaron directamente con mi familia. El primer llamado lo hicieron a un extrabajador para que él se comunicara, y él hace dos años que no estaba en la empresa. Él llamó a mi cuñado y mi cuñado le avisó a mi señora y mi señora tuvo que comunicarse con un número que la empresa dejó. No entendí por qué lo hicieron así, si hacía una semana que habían actualizado los datos de mi familia ante cualquier emergencia.
―¿Sigue contratado en Pampa Camarones?
―Todavía soy trabajador de la minera, pero no sé si vuelva. Estoy con licencia médica. Todavía no logro dejar las pastillas para dormir y sigo en recuperación haciendo harto deporte, meditación y compartiendo con mi familia. El accidente provocó un cambio radical en mi vida. Hoy veo cualquier problema no tan grave. Estoy disfrutando la vida a concho con mi familia. A mis compañeros de la mina no los he visto aún. Espero en algún momento poder compartir un asadito con ellos.
Si llegaste hasta acá, te agradecemos haber disfrutado esta nueva edición. ¡Nos vemos la próxima semana!
PRIMEROS ATERRIZAJES EN LA MUNI. Tres figuras políticas aterrizaron en la Municipalidad de Arica para “apuntalar” la gestión del alcalde Orlando Vargas. Se trata de la exdelegada presidencial provincial, Olga Testa, quien asumió como jefa del Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco); la exseremi del Trabajo y Previsión Social, la frenteamplista Jennifer Lazo; y el presidente nacional del Partido Humanista, Claudio Ojeda. Estos dos últimos están en el Gabinete del alcalde, pero –como ha trascendido por ahí– ya pusieron nerviosa a la jefa de Gabinete del alcalde, la abogada Karla Gómez, quien ostenta bastante ascendencia sobre el jefe comunal. Sobre Gómez existe un cuestionamiento por haber logrado una indemnización de mutuo acuerdo tras su salida de la Corporación Municipal Costa Chinchorro.
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