¡Adiós a la electromovilidad! Buses verdes no corren más en Arica

¡Se viene con todo el desalojo de Cerro Chuño! Tras varios intentos fallidos durante casi 15 años y si algún recurso judicial no lo frena, esta promesa presidencial se ejecutará en una primera etapa prontamente.

Mientras llega el Día D, en la comunidad surgen inquietudes sobre el destino que tendrán los desalojados. De hecho hay voces en algunos barrios que se oponen al uso de tres recintos deportivos ofrecidos por el alcalde Orlando Vargas como albergues, decisión que habría revertido luego de conocer la resistencia vecinal.

Esta semana será corta por el feriado del 21 de mayo que conmemora las Glorias Navales. Algunos harán “sándwich”, por lo que se tomarán el viernes, además de ir al tradicional desfile bajo el Morro. Para ellos habrá un panorama en el poblado de Codpa, donde se celebrará la Fiesta de la Vendimia. Bueno, y para los que se queden en Arica, este sábado habrá un nuevo concierto binacional de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA): se presentarán dos pianistas peruanos y un chileno en el Consulado General del Perú a las 20.00 horas.

Y antes que nos relajemos por el feriado, veamos el resumen de esta nueva edición de Aquí Arica:

• La primerísima nota relata los pormenores del anuncio realizado por los taxibuseros sobre el eventual fin de la operación de los 12 buses eléctricos verdes. Y es que, pese a que comenzaron a circular hace apenas nueve meses, los operadores aseguran que los costos son altísimos y que ni el Gobierno ni el Gore se han pronunciado respecto de un subsidio directo para sostener su funcionamiento.

• En la segunda nota les contamos los pormenores de la aprobación de $3.292 millones que realizó el Consejo Regional (Core), a petición del gobernador regional Diego Paco, para financiar una de cuatro etapas del plan de erradicación y demolición de la población Cerro Chuño.

• También incluimos el tema relacionado con la disputa judicial entre la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública por el plazo de la presentación de una acusación penal contra tres mujeres narcotraficantes, proceso que facilitó su liberación desde la cárcel y cuyo paradero se ignora.

• Cerramos con el panorama cultural de este fin de semana: la 61^a versión de la Fiesta de la Vendimia en el poblado típico de Codpa.

Con mucho orgullo, anunciamos, además, que a partir de mañana se suma otro integrante a nuestra red regional. Se trata de Aquí Biobío, el nuevo newsletter de El Mostrador. Para recibirlo en sus correos, pueden inscribirse en el link https://www.landingelmostrador.cl/aqui-biobio/ .

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo ir por un batido con frutillas del valle de Azapa, las cuales se cosechan todo el año. Y les recuerdo no olvidar que pueden invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis y así podrán disfrutar las ediciones de este newsletter.

¡Insólito!: buses eléctricos no van más por falta de subsidio estatal

Crédito imagen: El Mostrador.

Eran el “paso a la modernidad” del sistema de transporte público mayor en Arica y, en medio de la campaña electoral presidencial y parlamentaria, muchos candidatos se fotografiaron el año pasado para promocionar su lanzamiento. Sin embargo, a solo nueve meses de haber iniciado su operación con bombos y platillos, la Empresa de Transporte de Pasajeros S.A. (Etrapas) anunció que el 31 de mayo pondrá fin al recorrido de los primeros 12 buses eléctricos que comenzaron a transitar desde el 30 de agosto del año pasado.

• ¿La razón? Simplemente los costos no dan. Así lo expresó el presidente de Etrapas S.A., Matías Del Fierro, quien sostuvo que, pese a las distintas gestiones realizadas tanto con las autoridades salientes y entrantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como con el Gobierno Regional (Gore), no obtuvieron apoyo financiero para sostener la operación del nuevo recorrido E-1, que une Punta Condori con el centro de la ciudad y que era cubierto por estas modernas máquinas importadas desde China.

Aviso del gremio sobre suspensión del servicio.

• “No hubo respuesta de las autoridades del Ministerio de Transportes y tampoco del Gore. Ambos han eludido la situación de otorgarnos un subsidio a la operación o de aplicar el Perímetro de Exclusión como lo ha hecho con las otras regiones de Iquique al sur, donde hay tarifas y frecuencias reguladas. Esto lo hemos solicitado por mucho tiempo y, por distintos motivos y cosas, Arica es una zona que han preferido olvidarla“, afirmó Del Fierro.

El dirigente indicó a este medio que si hubiese un sistema regulado, “la operación, como en las otras regiones, sería rentable. Sin embargo, hoy funciona solo con nuestro apoyo y no es carta elevar la tarifa de 700 pesos a 1.500 pesos, que es lo que debería costar. Los números simplemente no dan. Aquí la gente no sabe que cada empresario debió colocar 60 millones de pesos por cada bus, tomaron créditos y así como está definido el esquema, no puede funcionar. ¿Cómo es posible que no haya apoyo para 12 buses eléctricos? Hoy el fondo de compensación por el Transantiago se usa en distintas iniciativas que no son propias del transporte público, razón por la cual esperamos que desde el Gobierno Regional se corrija esto”.

Lo cierto es que la llegada de los buses eléctricos no ocurrió bajo el mismo modelo aplicado en otras ciudades, donde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) implementó sistemas con subsidio a la operación. En Arica, en cambio, la compra de las primeras 12 máquinas eléctricas se financió en 2025 a través del programa “Renueva tu Micro 2024”, esquema en el que el propio operador definió el recorrido y las tarifas sobre la base de su estudio de mercado.

• El apoyo estatal consistió en un aporte de $1.480 millones provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (ex-Fondo Espejo), que administra el Gobierno Regional. Este instrumento solo sirve para modernizar flotas y habilitar tecnologías menos contaminantes, como la electromovilidad, pero no constituye un subsidio directo a la operación de servicios en sistemas no regulados.

Seremi lamenta pero…

Ante la incertidumbre que comenzó a generar el anuncio de Etrapas S.A., la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones salió a responder el emplazamiento del gremio, aunque no dio muchas luces de que el Gobierno pueda revertir el “apagón” de los buses eléctricos.

Es más, enrostró a los empresarios que siempre supieron de los riesgos financieros, dado que operan en un sistema no regulado, en el que ellos fijan las tarifas respecto de sus costos. “La empresa operadora conocía las condiciones estructurales del mercado de transporte público en Arica: se trata de un sistema no regulado, donde el Estado solo dispone de subsidios acotados a la compensación tarifaria de estudiantes y personas mayores, en el marco del subsidio nacional creado por la Ley N° 20.378 y sus modificaciones. La situación financiera que hoy declara el operador se produce, por tanto, en un contexto de riesgos que son propios de un esquema de operación no regulado”, afirmó la institución.

También acusó falta de flexibilidad de los taxibuseros para asumir un nuevo esquema regulatorio que les permita operar sin riesgos financieros. Desde la Seremi indicaron que entre 2021 y 2022 se propusieron alternativas técnicas “que contemplaban esquemas regulados de operación y un mejor uso de los recursos públicos disponibles. Estas propuestas no lograron concretarse, en parte, por la resistencia de los gremios del transporte a avanzar hacia modelos regulados y, al mismo tiempo, porque los Gobiernos Regionales no cuentan aún con mecanismos desarrollados ni herramientas específicas para canalizar de manera sistemática los fondos de apoyo hacia proyectos destinados a ordenar y regular servicios de transporte estructurantes. Pese a ello, esta Seremi nunca ha dejado de trabajar técnica y coordinadamente para que dichas iniciativas pudieran materializarse, manteniendo permanente diálogo con los actores locales y con el nivel central”.

En este sentido, advirtieron que cualquier mayor apoyo estatal a la operación deberá canalizarse a través de la reforma legal sobre financiamiento del transporte público en regiones, correspondiente a la Ley N.º 21.692 y su reglamento.

La normativa redefinió el uso del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (ex-FAR), estableciendo que, al menos, un 50% de esos recursos deberá destinarse exclusivamente a renovación de flotas, subsidios a la operación o servicios de transporte y conectividad en zonas aisladas. El porcentaje restante podrá orientarse a infraestructura de transporte.

La Seremi precisó que los recursos son de administración de los Gobiernos Regionales, “que ahora tienen la obligación y responsabilidad de priorizar proyectos de transporte público conforme a este nuevo marco legal y a los estándares mínimos de inversión definidos por la normativa. En este nuevo escenario normativo, cualquier apoyo permanente a la operación de servicios (como el E1 u otros) deberá realizarse mediante procesos de licitación o instrumentos regulados con recursos regionales, de acuerdo con las formas establecidas en la ley y su reglamento”.

Lo anterior implicará una coordinación estrecha entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su Seremi, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y los propios operadores, quienes deben estar dispuestos a participar en esquemas regulados que aseguren estándares de servicio y sostenibilidad financiera.

Exseremi: falta de certeza del Gore

El exseremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana, también dio su opinión sobre el conflicto por las “micros verdes”. Según la exautoridad, lo que subyace en este asunto “es la falta de diálogo entre las partes y la falta de certeza desde el Gobierno Regional respecto de la demanda del gremio sobre el destino que tendrá el antiguo Fondo Espejo. Finalmente, lo que se necesita saber es si es que el Gore está dispuesto a destinar la totalidad de esos recursos al transporte público, en especial a la operación que hoy no es rentable”.

Maturana expuso que la Seremi ha intentado en varias ocasiones acceder a la petición de los taxibuseros de aplicar un subsidio a la operación, “pero hasta ahora no se ha logrado un acuerdo. En todo caso, el año pasado cuando se incorporaron los 12 buses eléctricos, sus propietarios hicieron un estudio de mercado que les arrojó la rentabilidad del negocio. Quizás haya que explorar formas para acotarlo u otras para ajustarlo a sus costos. Sin embargo, el gremio sabe que, en cualquier caso, la obtención de un subsidio implicará postular a una licitación donde habrá más competidores. En el sistema actual no hay una asignación directa de un subsidio”.

Core se cuadró con Kast: la región pagará primera etapa de la demolición de Cerro Chuño

Crédito imagen: El Mostrador.

Sin un compromiso formal del Gobierno central respecto de las tres etapas restantes para desalojar y demoler la población Cerro Chuño, el Consejo Regional aprobó el miércoles pasado –a solicitud del gobernador regional Diego Paco Mamani (RN)– la destinación de $3.292.288.000 para ejecutar la primera fase de esta promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast.

Quedará pendiente definir la fuente de financiamiento de los $6.620 millones restantes para completar la erradicación total del barrio, compuesto por 877 viviendas contaminadas que, con el paso de los años, fueron ocupadas progresivamente por familias chilenas y extranjeras.

• El proceso para derribar las 705 casas que siguen en pie sufrió varios traspiés en sucesivos gobiernos, ya que los planes de demolición enfrentaron problemas técnicos. Asimismo, en 2017, un fallo judicial de la Corte Suprema, a raíz de un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), frenó un último intento al término del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, advirtiendo vicios legales en el procedimiento utilizado por la Gobernación Provincial de Arica.

El plan de Kast considera una inversión total de $9.913 millones para la destrucción de todas las viviendas sociales y el traslado de los residuos a un depósito especial habilitado en el sector de Quebrada Encantada, donde ya han sido encapsulados los escombros arrojados de erradicaciones practicadas parcialmente en ese barrio.

• Fueron cuatro horas de un intenso debate que, finalmente, terminó con nueve votos a favor por parte del propio gobernador y de los consejeros regionales Lorena Ventura (RN), Sofía Clavijo (RN), Cristian Villanueva (independiente pro PSC), Hermes Gómez (independiente pro RN), los republicanos Ignacio Gómez y Elena Fornes, Lin kiu Ly (ex PNL) y Nino Estay (Demócratas). Hubo otros cuatro votos en contra de los consejeros María Victoriano (PC), Óscar Pantoja (PL), Carlos Ojeda (PH) y Denisse Morales (PS). Se abstuvieron Marcelo González (DC) y Daniel Linares (independiente).

Tras obtener la aprobación, el gobernador regional expresó que “este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño, porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos lo sabemos, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar”.

Compromisos faltantes

Aunque en la sesión del Core el gobernador Paco fue interpelado varias veces para que señalara si existía un compromiso formal del Gobierno central para financiar las tres etapas que restan, la autoridad solo se limitó a decir que había uno de tipo verbal y que debería materializarse en la Ley de Presupuesto 2027.

Paco les pidió refrendar esta voluntad a los dos asesores santiaguinos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que estuvieron en la sala. Sin embargo, tampoco pudieron señalar con certeza dónde estarían radicados los recursos faltantes. Por un lado, el asesor técnico del ministro, Ángel Richter, fue evasivo, diciendo que no contaba con esa información, ya que la Subsecretaría de Vivienda era la encargada de las demoliciones y él solo estaba prestando asesoría para cerrar todas las partidas del presupuesto. Y por otro, la asesora técnica y jurídica de la Subsecretaría, Mikaela Klapp, indicó que “los fondos sí van a salir del Ejecutivo, pero no podemos saber si van a salir del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Seguridad, esto porque el trabajo está siendo mancomunado entre estos tres ministerios”.

• Otro compromiso aún sin definición es el de la remediación de los suelos contaminados donde actualmente están emplazadas las viviendas que serán demolidas. Hasta ahora la planificación exhibida por el Gobierno no la incluye y resulta que por la Ley N° 20.590 de Polimetales se establece que esas zonas deben ser cubiertas con un sello, a través del cual se impida la diseminación de los metales que obligaron a erradicar a los dueños iniciales de esas viviendas.

¿Licitación o trato directo?

Uno de los aspectos que más inquietud generó en esta millonaria solicitud de recursos fue la forma en que el Serviu adjudicaría los trabajos de demolición y encapsulamiento de residuos correspondientes a la primera etapa.

Si bien en la Comisión de Vivienda del Core —que analizó el proyecto el día previo a la votación— las autoridades de Gobierno señalaron que el proceso se realizaría vía trato directo para acelerar su ejecución, la propuesta despertó cuestionamientos entre los consejeros regionales. Esto, debido al carácter discrecional del mecanismo, ya que solo contemplaría invitar a tres empresas inscritas en el registro del Minvu a participar del proceso.

Consciente del “ruido” que había generado el tema el día anterior, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Meza (UDI), relativizó la definición durante su exposición, señalando que el mecanismo de adjudicación aún no estaba resuelto y que podría optarse tanto por una licitación pública como por un trato directo.

Y aunque el mecanismo para adjudicar estos recursos aún no está definido, lo que ha trascendido es que el Gobierno central tendría especial apremio por acelerar al máximo los plazos, presionado por la próxima Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Esto, porque desde La Moneda existiría interés en presentar como hito el inicio de la erradicación definitiva de este barrio.

¿Tres o un albergue?

Las consejeras regionales María Victoriano y Denisse Morales también cuestionaron que en la sesión de la Comisión de Vivienda, el delegado presidencial regional Cristian Sayes informara que contaban con tres recintos municipales para acoger a las familias que serían desalojadas. Sin embargo, en la sesión en que se votó el proyecto, solo fue mencionada la Villa Albergue, que posee una capacidad para 120 personas, en tanto que en esta primera etapa serán desalojadas unas 700 personas.

Al parecer, los otros dos albergues municipales contemplados —los gimnasios Epicentro 1 y 2— habrían sido descartados por la administración del alcalde Orlando Vargas, debido a los reclamos de vecinos y concejales ante el eventual arribo de familias desalojadas del barrio que albergó a la banda criminal “Los Gallegos”.

Incluso, trascendió que durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal del martes pasado se planteó como alternativa solicitar la destitución del administrador municipal si dichos recintos eran utilizados para acoger a los desalojados, medida que además implicaría suspender y trasladar los talleres deportivos que actualmente se ofrecen a la comunidad.

Radiografía de la población

En la sesión del Core, el delegado presidencial entregó datos relevantes que pesquisó el catastro efectuado en la población y que corresponden a las primeras 220 casas que serán demolidas:

• 141 extranjeros con ingreso irregular al país, por lo que serán expulsados dentro de un plan del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Dentro de este grupo no hay venezolanos, por lo que no habrá inconvenientes para su repatriación.
• 9 ocupantes ilegales que cuentan con casa propia.
• 16 ocupantes ilegales que tienen un subsidio habitacional en trámite.
• Traslado a Santiago de un niño extranjero de 1 año y 6 meses nacido en Cerro Chuño y que se encontraba gravemente enfermo.
• Pagos por $2.800 millones por cuentas de agua potable con cargo al presupuesto del Serviu y una matriz intervenida desde donde los pobladores hurtan sin control del suministro.

Disputa entre Fiscalía y Defensoría facilita liberación de tres extranjeras acusadas de tráfico

Mientras la Fiscalía Regional del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública mantenían una disputa por la presentación oportuna de la acusación ante el Juzgado de Garantía, tres mujeres bolivianas imputadas por internar 67 kilos de marihuana a Chile –consideradas piezas clave del caso– quedaron en libertad antes de que se fijara la fecha del juicio oral y posteriormente “se esfumaron”.

• Se trata de Carmen Rocha Sánchez, Alicia Sandoval Fuentes y Yoselyn Orellana Rocha. Esta última, tras cumplir prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Acha y dar a luz a su hijo, ya que estaba embarazada cuando fue detenida, consiguió cambiar la medida por arresto domiciliario total el 30 de enero pasado.

Las tres fueron aprehendidas el 5 de agosto del año pasado durante un control carretero de Carabineros en el kilómetro 95 de la Ruta Internacional 11 Ch, cuando viajaban en un camión desde Bolivia con destino a Arica. Al revisar las mochilas que portaban –ubicadas en la litera del vehículo–, los funcionarios hallaron 67 kilos y 420 gramos de marihuana. El conductor reconoció ante la Fiscalía que había accedido a trasladarlas luego de que ingresaran al país por un paso no habilitado, aunque aseguró desconocer que llevaban droga.

Sobreseimiento y amparo

• La situación más conflictiva se produjo con las imputadas Carmen Rocha Sánchez y Alicia Sandoval Fuentes. Las mujeres, que se encontraban en la cárcel de manera preventiva, fueron dejadas en libertad, luego que la Defensoría Penal alegara que la Fiscalía Regional no había presentado dentro del plazo legal la acusación en contra de las tres imputadas, es decir, en el lapso de 10 días contados desde que anunció el cierre de la investigación penal el pasado 19 de marzo.

A través de un recurso de amparo presentado el 7 de abril ante la Corte de Apelaciones, la Defensoría Penal Pública cuestionó que la jueza de Garantía, Paulina Zúñiga, acogiera la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía dentro de los dos días adicionales que pueden concederse al plazo legal de 10 días.

La acción judicial fue inicialmente acogida en el tribunal de alzada. Sin embargo, el 4 de mayo la Corte Suprema revocó esa resolución, validando los argumentos del Ministerio Público y permitiendo así que se fijara fecha para la audiencia preparatoria de juicio oral.

Extracto del fallo de la Corte Suprema.

En paralelo, durante una audiencia realizada el 14 de abril pasado, la Defensoría Penal Pública solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa con el objetivo de evitar la realización del juicio. El juez de Garantía, Juan Araya, acogió la petición y, además, ordenó la liberación inmediata de Carmen Rocha y Alicia Sandoval, acogiendo el argumento de la defensa respecto de que no existía una acusación formal vigente en su contra.

La situación se tensionó en la misma audiencia, ya que transcurrieron varias horas sin que las imputadas fueran puestas en libertad. Ante ello, la defensa presentó un recurso de amparo para acelerar la ejecución de la resolución judicial.

La Fiscalía resistió la medida presentando un recurso de apelación al sobreseimiento definitivo ante el tribunal de alzada, argumentando que la acusación la había ingresado en otra causa.

Finalmente, el 8 de mayo pasado, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo, reabriendo la tramitación de la causa en el Juzgado de Garantía, tras conocer que el amparo presentado por la Defensoría Penal había sido rechazado en la Corte Suprema.

De esta manera, quedó fijada la audiencia preparatoria del juicio oral para el 12 de junio y se despacharon tres órdenes de detención para las tres acusadas, las cuales –hasta hoy– no han sido encontradas. El Ministerio Público pretende condenar a cada una a siete años de presidio y el pago de una multa de 40 UTM ($ 2.823.520).

Fiscal regional

Sobre este caso judicial, el fiscal regional Mario Carrera aclaró que la acusación en contra de las tres imputadas sí fue presentada dentro del plazo legal. “Lo que ocurrió aquí es que tenemos mecanismos internos de alerta. En el día 10 que vence el plazo para presentar las acusaciones, siempre aparecen las alertas sobre las acusaciones no presentadas y se tramitan. En este caso, nos apareció la presentación, pero hecha en otro RUC. Ignoro por qué se presentó en otro RUC si fue un error del funcionario o hubo un error del sistema”, afirmó a Aquí Arica.

Carrera dijo que como la causa seguía apareciendo con la acusación pendiente, “presentamos al otro día la acusación en el RUC correcto. Eso fue en el día 12 del plazo legal, entonces, el tribunal tuvo por presentada la acusación y fijó fecha para la preparación del juicio oral. Hasta ahí no hubo ni un problema. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de amparo, objetando que la Fiscalía no había sido apercibida por el tribunal por la no presentación de la acusación dentro del plazo. Si bien la Corte de Apelaciones acogió el amparo, pero por dos votos contra uno; luego, la Corte Suprema de manera unánime dejó sin efecto esa resolución, acogiendo nuestros argumentos”.

―Fiscal, pero en la práctica después de producirse esa disputa judicial, las tres acusadas ya no están en el país, entonces es imposible juzgarlas…

―Efectivamente, es muy probable que eso sea así, dado que son de nacionalidad boliviana.

Codpa tendrá una nueva Fiesta de la Vendimia este fin de semana

Crédito imagen: Cedida.

Aunque desde hace dos meses los alojamientos formales se encuentran copados, este fin de semana el poblado de Codpa celebrará la versión número 61 de la Fiesta de la Vendimia, programada entre el 22 y el 24 de mayo.

La localidad, reconocida por sus calles empedradas y por la iglesia de San Martín de Tours —construida en el siglo XVIII—, está ubicada en la comuna de Camarones, al sur de Arica, a 114 kilómetros por la Panamericana Sur.

• El alcalde de la comuna de Camarones, Cristian Zavala, dijo que la Fiesta de la Vendimia “está íntimamente vinculada con la comunidad, dado que permite rememorar la elaboración del vino pintatani, producto que se fabrica con la cepa uva país que fue traída por los colonos españoles. El vino pintatani tiene más de 400 años de elaboración y la fiesta cumple recién 61 años. Si bien la cepa llegó a todo el norte de Chile, en el único lugar donde permanece es en Codpa”.

La autoridad comunal expuso que el objetivo del municipio es revitalizar las viñas existentes en la localidad. Para ello se creó hace dos años la Asociación de Viñateros del Valle de Codpa, que agrupa a 12 bodegas que mantienen la condición orgánica del vino y cuyo objetivo central es lograr la denominación de origen del producto.

• También el jefe comunal sostuvo que otro objetivo es el de mantener vigente este cultivo, pues se busca “lograr revertir la caída del 32% de la población que registró el último censo. Entonces, ¿cómo generamos economía circular? Simplemente, levantando actividades productivas, optimizando los servicios para turistas y dinamizando el comercio local”.

En total, la Municipalidad de Camarones destinó $200 millones para todas las actividades de este evento.

Actividades

La Fiesta de la Vendimia será inaugurada el 22 de mayo al mediodía en el poblado de Codpa. Una de las novedades será la exposición del llamado “pisa pisa”, actividad en la que se extrae el jugo de la uva pisándola. La demostración se hará el viernes y el sábado a las 18.00 horas.

El municipio autorizó, además, una zona de comida rápida en el poblado con 14 stands y el funcionamiento de 10 restaurantes en las casas. También extendió permisos para alojamientos, tanto en Codpa como en Guañacagua. Asimismo, se realizará en las bodegas respectivas una cata de vino de las viñas tradicionales y emergentes.

Además, durante los tres días del evento habrá presentaciones artísticas. Los grupos que integrarán la parrilla recién se conocerán una vez que hoy se cierre la licitación de ese servicio, cuya propuesta contempla la participación de nueve agrupaciones locales y otras cuatro nacionales o internacionales. Como actividades complementarias, el poblado también ofrecerá recorridos por distintos sitios patrimoniales.

El evento ya fue incorporado a una guía nacional de vendimias de Chile y, para esta versión, el municipio comprometió la visita de diez enólogos nacionales.

Al cierre de esta edición, fueron dados a conocer los valores y frecuencias de buses que viajarán desde Arica a Codpa y viceversa a partir de este viernes.

Terminamos una nueva edición y agradecemos que hayas llegado hasta el final. ¡Nos vemos la próxima semana!

DIRECTORA RESISTE SU SALIDA DEL GOBIERNO. Una resistencia a dejar el cargo estaría protagonizando la directora regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Linares, quien fue nombrada durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y tiene asignada una vivienda fiscal. La funcionaria hizo uso de su feriado legal, luego de ser removida del puesto y reemplazada por el ingeniero civil químico Erick Contreras, profesional de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y dirigente regional de RN. Según fuentes confidenciales, Linares habría intentado mantenerse en funciones argumentando que, antes de asumir el cargo de confianza política, se desempeñaba como funcionaria de la Seremi de Obras Públicas y que tendría posibilidades de ganar una acción judicial invocando el principio de la “confianza legítima”. De todos modos, su continuidad aparecería como inviable, ya que la normativa vigente establece que los funcionarios a contrata pierden esa calidad cuando son designados en cargos directivos de exclusiva confianza como el que ocupó Linares.

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