“Pelotazos” con drogas y armas: la crisis del centro juvenil de Valdivia

Hola, ¡qué tal! Aquí Los Ríos por acá. Esta semana pensábamos que el tema vivienda nos daría un respiro o, siendo todavía más ingenuos, buenas noticias. Sin embargo, las familias de Guacamayo 3 deberán seguir esperando una salida habitacional, luego de que el Gobierno Regional cerrara la puerta a entregar los $4 mil millones que los comités esperaban para cubrir el déficit y destrabar el proyecto. La pelota vuelve al Minvu, que últimamente tiene una tarea igual de sencilla: buscar suelo para viviendas en Valdivia sin terminar, otra vez, peleándose con la Ley de Humedales.

Aquí, lo que preparamos para esta edición:

• En el centro de reinserción juvenil de Valdivia, funcionarios denunciaron ingreso de armas, drogas y celulares mediante “pelotazos”. Una fuente interna nos corroboró agresiones a trabajadores, jóvenes intoxicados por consumo, y un largo etcétera que incluye falta de dotación de Gendarmería y deterioro de infraestructura.
• La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó una condena contra la administradora del Teatro Cervantes por vulneración de derechos laborales. La APC deberá pagar cerca de $50 millones, aunque anunció que recurrirá a la Suprema.
• En Máfil, el municipio informó deudas por más de $270 millones asociadas a fondos de educación. El alcalde anunció sumario; el exalcalde Claudio Sepúlveda negó desvíos y dijo que los recursos fueron usados para pagar remuneraciones.
• La Corte Suprema dejó firme la anulación de la ordenanza de humedales rurales de Panguipulli. El fallo sostuvo que los municipios no pueden crear esa figura jurídica ni imponer restricciones sin habilitación legal expresa.
• Un estudio valdiviano sobre IA y salud concluyó que uno de cada cinco pacientes presenta mediación algorítmica avanzada, con mayor riesgo de abandonar indicaciones, cambiar de médico y desconfiar de la atención clínica.

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“No queremos esperar una muerte”: funcionarios alertan crisis en centro juvenil de Valdivia

Trabajadores del IP-IRC Valdivia, centro dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, difundieron esta semana un comunicado público en el que denuncian una grave crisis de seguridad e intervención al interior del recinto.

• El documento, firmado genéricamente por “Funcionarios IP-IRC Valdivia”, describe un escenario crítico que incluye ingreso de armas de fuego, municiones, drogas y teléfonos celulares mediante “pelotazos”, además de presuntas fiestas clandestinas con alcohol y drogas protagonizadas por jóvenes privados de libertad dentro del centro.

Una fuente interna del Servicio, que pidió reserva de identidad, corroboró a Aquí Los Ríos parte de las denuncias, aunque aclaró que no entregará antecedentes sobre situaciones en investigación y que no se referirá al presunto ingreso de armas ni de celulares. Sí confirmó problemas de seguridad asociados a agresiones a funcionarios, ingreso de drogas, falta de dotación de Gendarmería en algunos horarios y deterioro de infraestructura.

Respecto del ingreso de drogas, precisó que el aumento de “pelotazos” ha derivado en jóvenes intoxicados por consumo de sustancias al interior del recinto, situación que ha obligado a sacarlos del centro para recibir atención.

La misma fuente relató agresiones contra funcionarios que han terminado con trabajadores derivados a atención de salud. Entre los episodios mencionados, un funcionario fue agredido con arma blanca en el cuello, otro trabajador sufrió una contusión de hombro tras ser empujado, y hace menos de una semana una funcionaria de la unidad de salud fue agredida por un joven al interior del centro.

• El comunicado agrega condiciones que afectarían la dignidad de los jóvenes: adolescentes que habrían permanecido sentados o durmiendo en el suelo por falta de condiciones mínimas, presuntas irregularidades en la administración de medicamentos y jóvenes mantenidos encerrados con candado en el sector de segregación.

La fuente añadió que el área de separación de grupo funciona en malas condiciones y que durante meses el funcionario destinado a esa zona no habría contado con baño operativo. Los trabajadores vinculan el uso del candado con lineamientos nacionales adoptados tras la tragedia del 22 de octubre de 2007 en Puerto Montt, cuando diez jóvenes murieron en un incendio en un centro del Sename.

Consultada por Aquí Los Ríos, la Dirección Regional del Servicio señaló que toda situación que pueda afectar la seguridad o los derechos de los jóvenes “es abordada con la máxima seriedad y responsabilidad”. Además, informó sumarios administrativos en curso, denuncias ante el Ministerio Público y medidas para reforzar controles de ingreso, mejorar infraestructura y capacitar funcionarios. También precisó que algunos de los hechos denunciados ocurrieron antes de su entrada en vigencia en la región, aunque sostuvo que igualmente son materias que le preocupan.

Los funcionarios, en tanto, califican la situación como “insostenible” y advierten que temen que la crisis termine con la muerte de un joven o de un trabajador. El encabezado del comunicado resume esa alerta: “No queremos esperar una muerte para que el Estado reaccione”.

Corte confirma condena contra administradora del Teatro Cervantes

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad presentado por la Asociación Patrimonial Cultural (APC) de Los Ríos, administradora del Teatro Regional Cervantes, contra la sentencia que acogió una demanda de tutela laboral de una extrabajadora. El tribunal determinó que su despido indirecto, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, se produjo en un contexto de vulneración a su integridad psíquica.

• Entre los hechos acreditados figuran jornadas sobre el límite legal, horas extraordinarias que dejaron de ser compensadas, la modificación unilateral de su contrato y una sanción fundada en una auditoría cuya copia no le habría sido entregada pese a haberla solicitado.
• La sentencia calificó parte de esas conductas como acoso laboral y ordenó indemnizaciones que bordean los $50 millones. El sindicato del Teatro Cervantes afirmó a Aquí Los Ríos que el caso no sería aislado y sostuvo que existen al menos cuatro causas laborales vigentes vinculadas a trabajadores y extrabajadores de la APC.

En una declaración enviada a este medio, el abogado de la APC, Juan Carlos Vidal, sostuvo que el conflicto laboral se produjo en medio de auditorías internas y de Contraloría sobre fondos públicos entregados a la entidad. Según la Asociación, la denuncia ante el Ministerio Público fue presentada contra quienes resultaran responsables por eventuales irregularidades, y no contra una persona específica. Vidal agregó que la APC recurrirá ante la Corte Suprema, por lo que, a juicio de la entidad, la causa aún se mantiene pendiente.

Máfil enfrenta deudas millonarias asociadas a fondos de educación

La Municipalidad de Máfil expuso en sesión de Concejo del 6 de mayo una deuda superior a los $270 millones asociada al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos de uso exclusivo para educación que, según el municipio, habrían sido destinados a fines distintos, rendidos de manera deficiente u observados por el Ministerio de Educación. Los antecedentes fueron presentados por el asesor jurídico municipal Samuel Pallotta, a solicitud del alcalde Andrés Lara, y derivaron en la aprobación de un acuerdo extrajudicial con el Consejo de Defensa del Estado para regularizar una de las deudas.

• La situación involucra al menos tres frentes. El primero es una causa ante el 8° Juzgado Civil de Santiago por una deuda de 2023 cercana a los $24 millones. El segundo es un juicio en el 2° Juzgado Civil de Valdivia por una obligación que se arrastra desde 2012 y supera los $21 millones, reconocida formalmente por el municipio en 2021 mediante un documento enviado al Ministerio de Educación.

El tercero corresponde a cuatro convenios suscritos en octubre de 2024 y aprobados por decreto alcaldicio en noviembre del mismo año, antes del cambio de administración, que comprometen cerca de $240 millones y que, según la actual administración, no habrían sido presentados al Concejo pese a superar las 500 UTM.

El alcalde Lara sostuvo que estos antecedentes no fueron incorporados en el traspaso formal entre administraciones, por lo que anunció un sumario administrativo. El exalcalde Claudio Sepúlveda respondió con una declaración pública en la que acusó al municipio de entregar información “sesgada y parcializada”, afirmó que los recursos fueron destinados “exclusivamente al pago de remuneraciones de los docentes y asistentes de la educación” y admitió posibles “errores administrativos” en el manejo de los convenios, pero negó ilegalidades o desvíos. También sostuvo que el alcalde actual y parte de sus asesores conocían la situación financiera porque fueron parte de su administración.

Suprema deja sin piso ordenanza de humedales rurales de Panguipulli

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la Municipalidad de Panguipulli y dejó firme el fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que anuló la Ordenanza Local, con la que el municipio había declarado un conjunto de humedales rurales de la comuna. El argumento central es el mismo que sostuvo el tribunal ambiental: no existe norma legal que faculte a los municipios a crear la figura jurídica de “humedal rural” ni a imponer restricciones sobre predios privados sin habilitación legal expresa.

• La ordenanza había sido impugnada por un grupo de propietarios que reclamaron que el municipio excedió sus atribuciones y afectó el derecho de propiedad al incluir sus terrenos en los polígonos protegidos. El caso abarcaba, entre otras áreas, el humedal Huenehue/Koz Koz y los humedales en Huitag, Cua Cua, Pullinque, Playa Linda, Pellaifa, Hua Hum, Pirehueico y la red Llozkontu Konarupu.

La Suprema confirmó que las funciones ambientales de los municipios son generales y colaborativas, y que la normativa vigente solo los habilita a solicitar la declaración de humedales urbanos ante el Ministerio del Medio Ambiente.

• La Municipalidad de Panguipulli había defendido la ordenanza como un instrumento clave para la protección del patrimonio natural de la comuna y en enero había anunciado la casación con expectativas de revertir el fallo ambiental.

Tras la resolución de la Suprema, el municipio no entregó una respuesta pública. El abogado de los reclamantes, Marcelo Vargas, valoró el dictamen y señaló que los propietarios evalúan nuevas acciones legales contra el municipio por los perjuicios que atribuyen a la ordenanza anulada.

Investigadores entregan resultados sobre impacto de la IA en consultas médicas

Un equipo de investigadores de la Clínica Alemana de Valdivia, en colaboración con el Servicio de Salud Los Ríos y encabezado por el doctor Miguel Ángel Carrasco García, dio a conocer los resultados de un estudio sobre el efecto de buscadores, redes sociales e inteligencia artificial en la relación médico-paciente.

La investigación evaluó a 350 pacientes adultos de Los Ríos y concluyó que uno de cada cinco se encuentra en estadios avanzados de “mediación algorítmica”, cuando la información digital deja de complementar la opinión médica y comienza a disputar o reemplazar su autoridad.

Según el estudio, esos pacientes tienen 6,8 veces más probabilidades de no seguir indicaciones clínicas y 6,3 veces más de cambiar de médico por el mismo problema de salud. En los niveles más graves, ChatGPT aparece como segunda fuente primaria de información en salud, por sobre Google.

El equipo propone el índice ILOPAS –Índice de Loop Algorítmico Patológico en Salud– para detectar pacientes atrapados en un bucle de búsqueda, ansiedad y desconfianza médica. Carrasco, además, fue invitado a presentar el trabajo en el encuentro anual del World Internet Project, que se realizará en Atenas en junio de 2026.

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