Arde Partido Republicano de Arica

¡Esta semana le toca celebrar a Bolivia! Este 6 de agosto es el Día de la Independencia de nuestro país vecino, que cumple 201 años. Y no solo se celebra allá, sino también en Arica. Como siempre la comunidad boliviana residente festejará en la plaza Colón con sus bailes tradicionales en una serenata programada para la noche del 5 de agosto y, posteriormente, se realizará una ceremonia oficial organizada por el Consulado General al pie del Morro para este jueves 6.

La semana que terminó, nuevamente nos puso en la opinión pública nacional, ya que después de una publicación nuestra, otra autoridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast se vio obligada a renunciar, elevando a 31 los seremis que han debido abandonar sus cargos en el Gobierno.

La región ha aportado cuatro bajas en ese cómputo, y dos de ellas pertenecen al Partido Republicano. Hasta ahora, las tres últimas dimisiones no han sido repuestas, y se sabe que entre los partidos de derecha hay disputas por cambiar la correlación de fuerzas, ofreciendo reemplazantes que no militan en la tienda que inicialmente obtuvo el cupo.

Al cierre de esta edición, el Gobierno confirmó el nombramiento el nuevo secretario regional ministerial de Agricultura: el ingeniero civil industrial Christopher Pizarro Schmauck, militante de Evópoli, al igual que su antecesor Jorge Heiden Campbell.

Como las noticias corren rápido, iremos de lleno al resumen de esta nueva edición.

• En la primerísima nota abordamos el anuncio del Gobierno de ir por el desalojo de la “megatoma” de Villa Frontera, sitio fiscal de casi 40 hectáreas ocupadas ilegalmente, donde figuran funcionarios públicos y municipales como residentes, y que ha contado con el respaldo de varios candidatos en las elecciones de 2024 y 2025, lo que ha bloqueado intentos de erradicarla.

• La segunda crónica alerta sobre la tasa de desempleo de un 9,6% en la región, porcentaje que revela un crecimiento de dos puntos durante el trimestre abril-mayo-junio con respecto al mismo período del año pasado.

• Incluimos en esta edición una radiografía de la guerrilla interna que se libra en el Partido Republicano, a propósito de las elecciones de la mesa directiva regional que se efectuará este sábado. La caída de la seremi de Salud, Karla Kepec, en vez de calmar los ánimos, acrecentó el cisma que afecta a la colectividad y que enfrentará a dos grupos rivales en estos comicios.

• Y cerramos nuestro newsletter abordando el conflicto que afecta al oneroso edificio Ayllu, a raíz de quejas de los copropietarios por las fallas constantes que presenta el sistema de agua potable y la negativa de la inmobiliaria a que unos profesionales externos inspeccionen el recinto.

Antes de comenzar la lectura, los invito a tomar un mate calientito de manzanilla con menta –cultivadas en el valle de Azapa–, acompañado de una kalatanta (pan andino hecho en piedras calientes) con queso fresco del valle de Camarones. Mientras disfrutan este desayuno tradicional, los invito a que compartan el link para que nuevos lectores se inscriban gratis al newsletter y así puedan recibir nuestras próximas ediciones.

Arde Partido Republicano de Arica tras caída de la seremi de Salud por “reclutamiento” laboral exclusivo para militantes

En una verdadera caldera está convertido el Partido Republicano a nivel regional. La caída de la secretaria regional ministerial de Salud y presidenta regional del Partido Republicano, Karla Kepec, el jueves pasado, por ofrecer dos puestos exclusivos de tecnólogos médicos en ese servicio solo para militantes de su colectividad, encendió una verdadera guerra interna dentro de la tienda oficialista.

Varios militantes en los grupos internos de la organización acusaron “deslealtad” al partido y a la “doctora” por la filtración del mensaje de WhatsApp que contenía el “particular” reclutamiento laboral y que fue difundido por la editora de este medio el miércoles por la noche a través de sus redes sociales.

Crédito imagen: El Mostrador.

La petición de renuncia a la llamada “doctora Kepec” fue solicitada desde la misma Presidencia de la República al Ministerio de Salud por transgredir la probidad administrativa. Así lo reveló el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado cuando confirmó esta remoción a Aquí Arica.

El suceso profundizó un cisma que venía gestándose desde hace dos años entre los republicanos. Ello porque el cese de la autoridad se dio en medio de la campaña electoral interna para la elección de una nueva directiva regional y sus cabildos (consejeros). Las elecciones se celebrarán el próximo sábado 8 de agosto y determinarán quiénes regirán esta colectividad en la región por los próximos cuatro años.

Kepec estaba apoyando a la Lista 1, denominada “Firmes en la verdad. La Lista del Cambio”, que se autoproclamó como de “los servidores públicos”, ya que en ella van como candidatos los concejales Jacqueline Boero Carvajal y Víctor Sepúlveda Ilabaca a la mesa directiva, y la secretaria regional ministerial de Gobierno, Pollyana Rivera, como cabildo. También se dejaron ver como adherentes a este grupo los seremis de Minería, Mauro Hidalgo Morales; de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González; y el consejero regional Ignacio Gómez Gutiérrez.

Autoridades adherentes a la Lista 1 en acto de proclamación (Crédito imagen: cedida)

En ese contexto, la filtración del mensaje de la exseremi fue entendida por este grupo como un mecanismo para desprestigiar a la Lista 1. De hecho, así lo dejó entrever en un posteo en redes sociales la actual secretaria de la directiva y candidata a cabildo, Karina Roco Cuevas, quien el 14 de abril, pese a tener solo educación media, fue reclutada sin concurso público por la exseremi en el programa de control sanitario del mosquito Aedes aegypti bajo Código del Trabajo por un sueldo de $ 982.954.

La contratación de esta funcionaria generó polémica al interior del partido, dado que ella fue desalojada en abril de 2023 de una toma de suelo fiscal en Quebrada Encantada –zona contigua a Cerro Chuño– durante un operativo que realizó la Seremi de Bienes Nacionales.

Junto a Roco llegaron otras cuatro personas a ese programa tras la asunción de la médica. Dentro de ellas están el kinesiólogo Mirko Espinoza Hurtado y los técnicos de nivel superior, Javiera Aspeé Guerra, Blanca Saldía Mercado y Catalina Cepeda Díaz. Las dos primeras han sido activas participantes de la campaña por la Lista 1.

Con esas cinco contrataciones, la unidad de control del mosquito aumentó a 22 funcionarios. En esa dotación ya estaba desde 2024 la hija del alcalde Vargas, la kinesióloga Melissa Vargas Morales.

Lista 2 al frente

La salida de la seremi de Salud produjo sentimientos encontrados en la militancia republicana. Quien no le perdonó el error de publicitar un reclutamiento apartado de la probidad administrativa, fue el candidato a presidente de la Lista 2 y cercano a la diputada Stephanie Jéldrez Ortiz, Alan Céspedes Medina. El postulante, horas antes de que renunciara la autoridad, emitió una declaración pública en la que cuestionó las contrataciones que estaba realizando la médica.

“En ese contexto, las actuaciones atribuidas a la Sra. Kepec representan una forma de hacer política de la cual tomamos distancia. Este tipo de conductas no fortalece al partido ni contribuye a la unidad regional; por el contrario, profundiza divisiones internas y debilita la confianza necesaria para construir un proyecto político serio y coherente… No podemos permitir que cualquier atisbo de corrupción, clientelismo o utilización indebida de influencias se normalice al interior de nuestras filas. El servicio público debe fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y nunca transformarse en una herramienta de beneficio político o personal”, expresó en su declaración pública.

Y tras el “Episodio Kepec”, los líderes y adherentes a la Lista 2 han sido constantemente fustigados dentro de los grupos republicanos, acusándolos de ser los responsables de la filtración del mensaje. En medio de los ataques internos a nivel regional, el viernes la Dirección Nacional del Partido Republicano se vio obligada a pronunciarse sobre la caída de uno de sus rostros promisorios que el 2024 postuló a ser gobernadora y acompañó como asesora a la gobernadora regional Romina Cifuentes González el último trimestre de 2024, cuando el diputado Jorge Díaz Ibarra (DC) renunció al cargo. En la nota, la colectividad omitió si aplicaría un proceso interno para sancionar la conducta de la exautoridad.

Nueva polémica interna

La guerra interna recrudeció el viernes en el Partido Republicano. El que sufrió las consecuencias fue el candidato a vicepresidente de la Lista 2, el gestor aduanero y tesorero de la colectividad, Luis Araya Valdecchy. Mensajes anónimos que se distribuyeron dentro de la militancia y también a medios de comunicación, lo sindicaban como imputado en la investigación penal sobre el derrame de aceite de soya en el Lago Chungará, ocurrido el 19 de noviembre del año pasado.

Al respecto, la Fiscalía Regional aclaró a Aquí Arica que no existen imputados en esta causa. De haberlos, informó que el conductor boliviano que iba al volante ese día, podría ser formalizado ante la justicia penal. Es más, desde el organismo adelantaron que aún están a la espera de culminar unas pericias químicas para determinar claramente el compuesto que se derramó en un bofedal y que activó un complejo operativo de descontaminación del lago por varias semanas. Cabe señalar que este cuerpo de agua se ubica dentro de un área silvestre protegida y es un patrimonio de la biodiversidad.

Ante ello, Araya distribuyó una declaración pública desmintiendo los hechos. Según trascendió, pese a la solicitud de que la nota fuera difundida en el mismo grupo de militantes republicanos donde Kepec publicitó el reclutamiento laboral que le costó el puesto, sus administradores, la candidata a cabildo por la Lista 1, Karina Roco Cuevas, y el funcionario de la Delegación Presidencial Regional, Emilio Silva Villalobos, se negaron a publicarla. En ese mismo espacio, paralelamente, sí accedieron a publicitar el hackeo del teléfono de la concejala y candidata a presidenta por la Lista 1, Jacqueline Boero.

Además, tras la renuncia forzosa de Kepec, la seremi de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González, y la concejala Boero abandonaron el grupo de WhatsApp de 300 militantes, hacia quienes apuntan sus sospechas de la filtración. Lo que también se sabe es que a la diputada Stephanie Jéldrez Ortiz no le habría gustado la divulgación del mensaje de Kepec, por el daño a la imagen de su partido y por la vinculación que estarían haciendo sus opositores internos a una operación liderada por ella, para gatillar la caída de la exseremi con quien las comunicaciones eran distantes y frías.

Por lo visto, las aguas están lejos de aquietarse en el partido del Presidente José Antonio Kast. El sábado próximo los casi 600 militantes de la región podrán votar de manera telemática, y para casos excepcionales sin acceso a tecnología, les habilitarán un módulo presencial.

Pero eso no es todo. Una vez concluido el proceso electoral, a nivel nacional la colectividad comprometió una investigación por la denuncia que surgió desde la Lista 2, respecto de irregularidades en la presentación de algunas firmas que patrocinaron a los candidatos de la Lista 1. Uno de los relatos de los denunciantes señala que nunca consintió para que su rúbrica estuviese como patrocinante.

Gobierno le pone fecha a desalojo de “megatoma” en Villa Frontera

Es uno de los desalojos más esperados después del de la población contaminada de Cerro Chuño que ya se inició el 25 de julio pasado. La semana pasada el Gobierno confirmó que erradicará completamente la “megatoma” de Villa Frontera en el sector de “La Libanesa”, situada en plena pampa desértica al sur del aeropuerto internacional Chacalluta y donde tienen terrenos funcionarios públicos y municipales, pese a tener prohibición legal de participar en usurpaciones de suelo.

Primero, el anuncio fue esbozado por el propio subsecretario del interior, Máximo Pavez, quien en su visita a Cerro Chuño el mismo 25 de julio aseguró que el plan de eliminación de las tomas de terrenos fiscales no se detendría. El tema no quedó como una promesa genérica, ya que el delegado presidencial regional Cristian Sayes se encargó de acotarlo, confirmando a Aquí Arica que durante el segundo semestre del próximo año procederá con la expulsión de los usurpadores de suelo que se instalaron paulatinamente a partir del año 2017 en los terrenos que servían a la defensa nacional y donde existen trincheras construidas a fines de la década de 1970.

“Tengo que ser responsable, y primero tenemos que terminar con Cerro Chuño. Pero yo ya me he reunido con tres de las agrupaciones que están detrás de estas tomas y les dije que no vamos a tolerar las tomas ilegales de suelo fiscal. También les dije que vamos a desalojar y que no podemos permitir que existan tomas ilegales. Ellos me dijeron: “Ppor qué no nos dan la posibilidad de comprar?”. El problema es que esos terrenos no están destinados para desarrollo urbano. La toma ha crecido y se ha acercado riesgosamente al aeropuerto y a la frontera. Cuando el Presidente visitó el Puesto Beta en la frontera, esto se presentaba como una amenaza”, explicó.

La autoridad dijo que la zona ocupada ha sido definida para instalar un centro logístico o para uso industrial, por lo que no cabe instalar un centro poblado en ese lugar. “Hay ocho tomas que están organizadas en distintas agrupaciones. También alrededor de ellas hay unas tomas agrícolas, porque le dieron ese sentido. Sin embargo, inspeccionamos bien cuando fuimos, y no porque alguien ponga unos aloe vera y un maracuyá en la tierra, eso va a ser un predio productivo”, sentenció.

Sayes contó que detectó que en el sector 3 de la megatoma, un grupo se organizó bajo un gremio de emprendedores, “pero para ser claros, allí no les puedes conceder permiso de nada, porque no hay agua ni servicios básicos para que operen. No se les puede dar falsas expectativas y hay que ser responsables. Nosotros ya les dijimos que no pueden seguir allí y lo que hemos hecho es darles tiempo para que reorienten sus esfuerzos. Sin embargo, ellos dicen que el tiempo es demasiado largo de espera para un subsidio habitacional. Lamentablemente, ese es el camino y en ningún caso es presionar a través de una toma“.

El anuncio de Sayes echó por tierra las expectativas que dejó cifradas el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuando el año pasado comprometió en medio de la campaña presidencial que haría un estudio con la participación de las seremis de Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, y Obras Públicas. El análisis técnico determinaría los sectores de riesgo que deberían ser erradicados, al estar próximos a la quebrada Caunire que con las lluvias estivales se activa y provoca inundaciones. El compromiso buscaba mantener cautivo al electorado alimentando la posibilidad de una regularización de terrenos, pese a que el Pan Regulador vigente y el que está en trámite no consideran un uso residencial en esta zona.

Megatoma en la mira

Sobre la extensión de esta megatoma, un último catastro de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales indica que su extensión abarca 37,2 hectáreas. Extrañamente, desde su nacimiento en el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, durante las tres últimas administraciones gubernamentales no hubo esfuerzos concretos por erradicar a sus ocupantes. Más bien, en distintas campañas electorales este sitio fue objeto de visitas de candidatos que les prometieron una regularización.

Crédito imagen: cedida.

La ocupación del suelo creció de forma acelerada y hoy comprende ocho sectores con calles amplias, postes, cercos y directivas propias. Uno de ellos constituyó la Junta de Vecinos “Quebrada de Caunire” el 23 de enero de 2024, luego de que la Municipalidad de Arica, bajo la administración de Gerardo Espíndola (PL), facilitara un ministro de fe. La organización obtuvo personalidad jurídica, decisión cuestionada ese año por concejales que advirtieron una eventual ilegalidad, al tratarse de una toma de terrenos. El procedimiento está siendo revisado por la Contraloría Regional.

El sector, ubicado al norte de Villa Frontera, ha generado especial atención porque entre sus residentes figuran funcionarios municipales y de otros organismos públicos. Según antecedentes recabados, esas influencias habrían dificultado durante el Gobierno anterior un eventual desalojo impulsado por Bienes Nacionales. También se realizaron gestiones ante la Delegación Presidencial y la Seremi de Desarrollo Social para evaluar alternativas de acogida a familias vulnerables antes de iniciar el retiro de los ocupantes. Sin embargo, la presencia del militante comunista Hans Neira Maluenda, excandidato a consejero regional en 2024, habría influido en la falta de apoyo de la entonces seremi María Cid Figueroa.

Entre los residentes aparece Winston Núñez Mundaca, presidente de la Junta de Vecinos “Quebrada de Caunire”. El 1 de julio del año pasado fue contratado a honorarios como vigilante de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, con una remuneración de $896.784. Este año figura como conductor de la misma repartición, bajo Código del Trabajo, con un sueldo bruto de $909.000.

También se menciona a Daniela Morales Burdiles, representante de uno de los sectores de la megatoma y funcionaria de confianza del alcalde Orlando Vargas Pizarro. Desde enero del año pasado trabaja como profesional de apoyo en el Departamento de Comunidad y Territorio de la Dideco. Aunque niega haber residido en el lugar, testigos afirman que construyó una vivienda en el sector 3. Posteriormente obtuvo un departamento con subsidio habitacional, tras desempeñarse en el Serviu durante 2024. En junio registró una remuneración bruta de $2.879.982.

Otra ocupante identificada es Cindy Núñez Otaegui, funcionaria del Tercer Juzgado de Policía Local, con un sueldo de $1.433.150 según Transparencia de junio de este año. Además, ejerció como secretaria de la Junta de Vecinos “Quebrada de Caunire”.”.

Campañas políticas

Si bien la “megatoma” fue incluida por la Fiscalía Regional dentro del foco investigativo sobre usurpaciones de suelo, el Gobierno saliente optó por no removerla. Es más, fue de interés de varios candidatos en las elecciones de 2024 y 2025, los cuales fueron a prometer gestiones para evitar el desalojo y servicios del municipio como la recolección de basura y provisión de agua potable en camiones aljibes.

Los dirigentes de esas ocupaciones, al ver incumplimientos en sus promesas, han ido a cobrarlas al propio Concejo Municipal, incluso emplazando en las sesiones públicas al alcalde Orlando Vargas. El jefe comunal se vinculó con ese asentamiento durante su campaña de 2024 y también el año pasado cuando su hija Cinthia Vargas Morales fue candidata a senadora. Esto, pese a que hay dictámenes de la Contraloría General de la República que prohíben destinar recursos municipales a las “tomas” de terrenos.

El 6 de abril, el diputado DC, Jorge Díaz abogó por los usurpadores al reunirse con dirigentes de la llamada “Toma 7”, para pedir la extensión de un recorrido de taxibuses hacia el sector. Su emplazamiento fue hacia el Gobierno Regional, instándolo a que invirtiera en un subsidio para transporte público (ver video). El apoyo de Díaz no fue casual, ya que dentro de sus asesores parlamentarios figura el exconsejero regional David Zapata, quien también estuvo en la reunión y es quien en su fallida campaña para ser reelecto declaró su apoyo a la regularización de las “tomas” existentes en la región.

Hoy no existe un catastro de cuántas personas viven y quiénes son, aunque se sabe que la mayoría es de nacionalidad chilena. En varias ocasiones, la Seremi de Bienes Nacionales intentó encuestarlos durante el Gobierno pasado, pero no pudo, debido a la ausencia de moradores en los predios cercados.

El delegado Sayes dijo que la Seremi de Bienes Nacionales está realizando una encuesta en el lugar, para perfilar a sus ocupantes y conocer sus necesidades. “Hasta el 2021 habían 1.074 personas ahí. Esperamos tener los próximas semanas el resultado del catastro. Lo que sabemos es que el 2017 partió como una toma incipiente, luego el 2018 tuvo un leve aumento y el 2019 y 2020 fue el periodo que se desbordó. Estimamos que a la fecha puede haber un 40% de crecimiento o de aumento de habitabilidad, ya que los terrenos de mayor dimensión se subdividieron“, expuso la autoridad.

Apoyo de la vocera a la “megatoma”

Quien tendrá que dar más de una explicación por la decisión de desalojar la toma es la actual secretaria regional ministerial de Gobierno, la periodista republicana y exconsejera constitucional, Pollyana Rivera. Esto, porque durante su campaña a diputada el año pasado fue a buscar votos en la “megatoma”, pese al discurso de su partido y de su presidenciable José Antonio Kast, que afirmaba que las “tomas” serían erradicadas para restituir el orden en el país.

Del encuentro con los dirigentes de esta usurpación ilegal hubo hasta registros gráficos subidos por ella misma. Uno de ellos corresponde al 25 de agosto del año pasado, cuando la autoridad posteó: “Estoy muy agradecida con la Junta Vecinal Quebrada Caunire por confiar en mí. Siempre he estado con ustedes y lo seguiré estando. Este camino lo recorremos juntos para que Arica tenga la seguridad y oportunidades que merece” (ver video).

Desempleo en la región registra alza de dos puntos durante los últimos 12 meses

Crédito imagen: El Mostrador.

Aunque el comunicado oficial de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social puso acento en el incremento de la ocupación femenina, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no trajo buenas noticias para Arica y Parinacota. La medición del trimestre abril-mayo-junio arrojó un 9,6% de desempleo, lo que significó un aumento de dos puntos porcentuales en los últimos 12 meses

La tasa regional estuvo por sobre el promedio nacional, que se situó en un 9,4%. Si bien en el caso de las mujeres disminuyó un 0,3%, registrando un 7,5%, la radiografía de los hombres arrojó un 1,2% de desempleo, que da cuenta de un crecimiento de 3,8% con respecto al mismo período del año pasado.

Paradójicamente, la ENE reveló que el número de personas ocupadas aumentó en 1,4% en la región, cifra equivalente a 1.601 personas más respecto del mismo período del año anterior, alcanzando un total de 119.302 individuos. Ese crecimiento estuvo impulsado por una mayor empleabilidad de las mujeres, con un incremento de un 4,0% en 12 meses, mientras que los hombres ocupados disminuyen un 0,5%.

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron: enseñanza (30,0%), industrias manufactureras (37,2%), y actividades de atención de la salud (15,8%), mientras que por categoría ocupacional, el alza se observó en asalariados informales (13,8%) y asalariados formales (1,5%).

El aumento del desempleo viene a coincidir con la caída de un 1,9% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) durante el primer trimestre de este año, según el Informe Cuentas Nacionales del Banco Central (BC). En los sectores empresariales de la región, el panorama económico local es de gran preocupación, dado que, además, los presupuestos del Gobierno Regional y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) son los más bajos del país, lo que significaría una merma en la ejecución de obras de infraestructura pública que se caracterizan por dinamizar el empleo.

“Crecimiento raro”

Al analizar la encuesta, el economista y académico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Fernando Cabrales, concluyó que “las cifras están mostrando un alza importante en el desempleo y este aumentó por sobre el promedio nacional. Traíamos una trayectoria bajo el promedio nacional, pero en el caso de Arica la situación es bien particular, ya que creció el empleo en un 1,4%, y en el resto del país aumentó en apenas un 0,9%”.

Esta radiografía, dijo, se explica por el aumento de la fuerza de trabajo en un 3,7%: “Eso es mucho, y la diferencia es que nuevamente también estamos haciendo un punto muy al revés de lo que ocurre en el promedio nacional. En Arica, el desempleo de los hombres es mucho mayor que el desempleo de mujeres y eso es exactamente al revés de lo que ocurre en los promedios nacionales. Es muy raro un crecimiento tan alto, y esto podría interpretarse como que la gente parece estar viendo oportunidades de trabajo que la están impulsando a ingresar a la fuerza de trabajo”.

El economista señaló que uno de los elementos que se distinguen en la región es el empleo informal. “De hecho, la salariedad informal es la que más aumentó durante este período. Arica es bien especial, porque el empleo mantiene cierto dinamismo; de hecho, llevamos varios años con crecimientos positivos del empleo en la región. La cantidad de personas ocupadas, alrededor de 119 mil personas, está dentro de los límites máximos que se habían alcanzado históricamente, y no es lo mismo que lo que ocurre a nivel de promedios nacionales”.

Cabrales planteó que se ve complejo el panorama con un desempleo tan alto y agregó: “Ya que esto revela que hay ciertas necesidades de trabajo que no están siendo cubiertas por el crecimiento de la economía, veo difícil, entonces, aumentar el empleo, principalmente porque estamos en topes máximos de empleabilidad en la región. La economía está generando más puestos de trabajo que el promedio nacional, y eso significa que la capacidad productiva, la capacidad de empleo de la región está en topes máximos. Y lo que inquieta es un sector como la construcción con una caída de un 17,2 por ciento”.

Desde las secretarías regionales ministeriales del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Turismo, a través de un comunicado, expresaron su inquietud por el incremento del desempleo, pero no evidenciaron acciones claras respecto de la estrategia que empleará el Gobierno para revertir este indicador. Solo señalaron que, como lineamiento, El Ejecutivo impulsará el aumento del empleo formal, cuestión que viene siendo un desafío desde el Gobierno anterior en la región, ya que esta zona presenta una alta tasa de informalidad.

En tanto, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Greissy Cofré, destacó el aumento registrado en la ocupación femenina, señalando que “casi dos mil mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo y cerca de dos mil accedieron a un empleo. Estos resultados reflejan avances en la participación laboral femenina y nos desafían a seguir impulsando políticas públicas que eliminen las barreras que aún enfrentan las mujeres para ingresar, permanecer y desarrollarse en el mundo del trabajo. Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, continuaremos fortaleciendo iniciativas que promuevan la autonomía económica, la corresponsabilidad y los cuidados, porque avanzar en empleo femenino es avanzar en mayor igualdad para nuestra región”.

Edificio Ayllu: copropietarios en conflicto con inmobiliaria por fallas en sistema de agua potable

Es uno de los edificios de más alto valor en el borde costero sur de Arica. Construido antes de la pandemia, por estos días el clima se ha enrarecido al interior de los copropietarios de una de las dos torres blancas que se levantan frente a la playa El Laucho y cuyos departamentos cuestan desde 6 mil Unidades de Fomento, es decir unos $238 millones.

Sucesivos cortes de agua, fugas, fallas en el hidropack y luego una inundación del primer piso en julio pasado irritaron a algunos residentes, entre los cuales figuran jueces, fiscales y profesionales de alto poder adquisitivo. Es por ello que solicitaron a la Inmobiliaria Río Quiapo el desarrollo de una inspección técnica externa al sistema de agua potable, a raíz de que las respuestas de la empresa no fueron satisfactorias.

El 24 de julio, la inmobiliaria negó el ingreso de los profesionales externos contratados por una treintena de copropietarios, los constructores civiles Roberto Aguirre Chi y Juan Manzanares Morales. El episodio fue certificado por un notario.

Extracto de la certificación notarial de visita inspectiva externa a edificio Ayllú.

Ante los reclamos de los residentes, el 30 de julio la inmobiliaria abrió un canal de diálogo con ellos, realizando una reunión. Según indicó en un comunicado interno, hicieron un recorrido por las instalaciones del primer piso que presentan fallas. En ese encuentro, el representante de la inmobiliaria volvió a insistir que no se permitiría el ingreso de inspectores externos y comprometió el envío de una Carta Gantt con los compromisos para subsanar las fallas.

Una de las propietarias, la fiscal Sara Hughes Herrera presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, con el fin de revertir la negativa a autorizar el ingreso a una inspección externa. La acción judicial fue declarada inadmisible el viernes, ya que el tribunal de alzada estimó que la contienda judicial debía alojarse en un juzgado de policía local.

Informe técnico

En el recurso judicial fue incluido un informe técnico del constructor civil Roberto Aguirre Chi. El análisis advirtió que faltaban pocos días para el vencimiento del plazo de cinco años para exigir la aplicación de garantías. También incluyeron registros gráficos de inundaciones por filtraciones en la Torre 1.

En el documento se advierte “que las reparaciones realizadas han sido cobradas dentro de los gastos comunes, lo cual no corresponde y, claramente, hay una anomalía legal al respecto, que deberá ser aclarada por la administración, transparentando en detalle dichos cobros y asignaciones”.

El profesional informante expresó su extrañeza por la poca durabilidad de las tuberías y fittings, ya que según su entendimiento “estos materiales de HDPE según fabricante tienen una durabilidad de 50 años. Si bien es cierto la durabilidad de estos materiales es alta, alcanzar esos objetivos depende también del almacenamiento en bodega y además del buen y correcto manejo de los maestros en los trabajos realizados. Es posible que en alguna oportunidad, las tuberías y fittings de cualquier tipo de material pueden salir de mala calidad o aludan a defectos de fabricación. Siendo que esta fuga fue
muy prematura, se debe a que el material lo trabajaron mal o viene de fábrica de mal estado”.

Aquí Arica se contactó con la administradora Pamela Ocaranza, pero esta no estuvo disponible para entregar una respuesta sobre las denuncias de los residentes.

Balazos en ventanal

El fin de semana ocurrió otro hecho de preocupación para la comunidad residente del Ayllu. Durante la madrugada del sábado, desde un vehículo se registraron disparos que impactaron en uno de los ventanales de una de las torres.

La inquietud por esta anómala situación se acrecentó, a raíz de que dentro de los residentes figuran fiscales y jueces que tuvieron que ver con la condena a los miembros de la banda criminal de “Los Gallegos”.

La preocupación alcanzó hasta al delegado presidencial Cristian Sayes, quien posee dos departamentos en el edificio, los que fueron adquiridos mientras se desempeñó como subgerente de la inmobiliaria hasta febrero de este año. Ante los reclamos de los residentes, la autoridad gubernamental activó un operativo policial en la madrugada del domingo, lo que permitió fiscalizar las carreras de automóviles, el consumo de alcohol y ruidos molestos desde vehículos que se estacionan en la playa El Laucho.

SEREMI DE SALUD ENTRE TIRAS Y AFLOJA. No han sido fáciles los días en la Secretaría Regional Ministerial de Salud tras la salida de Karla Kepec. En ese servicio conviven varios liderazgos femeninos de administraciones recientes como las exseremis Beatriz Chávez Vicentelo (UDI) y Marta Saavedra García (PS), ambas con jefaturas a contrata de unidades claves y que tenían voz en la gestión de Kepec.

Se suman a ellas la exjefa de Gabinete, Cibeles Durana Mc-Conell (UDI), en las administraciones de Chávez y Kepec, quien asumió como seremi subrogante y es hija del exsenador José Durana Semir (UDI). La otra es la jefa del Departamento de Acción Sanitaria, Dominique Parker Díaz, quien llegó de la mano del exseremi Leonel Valenzuela Atenas el 2022 y mantiene hasta hoy el cargo. Como dijo un funcionario de ese servicio: “el ambiente está denso aquí y no hay señales de que esto se aplaque. Ahora nadie sabe quién llegará, pero adentro hay varios con ganas“.

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