La batalla del pisco chileno en la Ley de Presupuesto
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Comenzamos una nueva semana y, como cada lunes, en Aquí Coquimbo les damos la bienvenida con una edición cargada de noticias, historias y temas que vale la pena conocer y analizar.
Octubre comienza a despedirse y entramos en la recta final del año, con una agenda que no da tregua y una región que siempre tiene historias que contar.
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¡Que tengan un excelente lunes y una gran semana! Gracias por leernos y vamos con las noticias.
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- Iniciamos con una pregunta: ¿cuánto vale la posibilidad de vivir mejor? Para Margarita Molina, una mujer serenense de 38 años, que padece una rara enfermedad sanguínea, la respuesta tiene una cifra difícil de imaginar: $438 millones anuales. Este es el costo del tratamiento que necesita y que la obligó a iniciar una batalla judicial contra el Hospital de La Serena y Fonasa. La justicia terminó dándole la razón, pero su historia también deja al descubierto las dificultades que enfrentan quienes necesitan medicamentos de altísimo costo. Conversamos con ella y nos contó los meses de angustia que ha vivido junto a su familia.
- Una alcaldesa de la Región de Valparaíso, empresas vinculadas a su patrimonio y millonarios contratos con organismos públicos de la Región de Coquimbo. Estos son los ingredientes de la segunda nota. Es una historia que pone nuevamente bajo la lupa las compras del Estado. Esta vez, el Hospital de Ovalle y el Registro Civil aparecen entre las instituciones que adjudicaron contratos por casi $700 millones a una empresa de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat. Las operaciones abren interrogantes sobre las restricciones legales que rigen las contrataciones públicas con empresas vinculadas a autoridades en ejercicio.
- No todas las noticias que llegan desde los hospitales tienen que ver con listas de espera, falta de especialistas o problemas de infraestructura. También hay iniciativas que merecen ser contadas. En el Hospital de Coquimbo, la realidad virtual está abriendo una ventana distinta para los pacientes, permitiéndoles vivir experiencias sin necesidad de abandonar el recinto asistencial. Una muestra de cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para hacer más llevadera la estadía hospitalaria y aportar un poco de bienestar en momentos difíciles.
- Finalmente, abordamos un tema que dio que hablar en la región durante la semana pasada: el pisco chileno también tiene su propia batalla en la discusión presupuestaria de 2027. Productores y parlamentarios de Atacama y Coquimbo buscan convencer al ministro Jorge Quiroz de asegurar US$1,5 millones para mantener la promoción y defensa internacional del destilado. Los argumentos no son menores, pues las exportaciones han crecido y se han abierto nuevos mercados. Ahora falta saber si esos resultados serán suficientes para asegurar los recursos en el próximo presupuesto.
Mujer gana batalla judicial por medicamento cuyo costo anual supera los $438 millones
Meses de angustia, incertidumbre y una lucha que terminó en tribunales. Esa ha sido la realidad que ha enfrentado Margarita Andrea Molina Díaz, de 38 años, quien padece una grave enfermedad sanguínea y que, después de una extensa búsqueda de soluciones, logró junto a su abogado, Rodrigo Vladivia Briceño, que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera un recurso de protección para acceder a un medicamento cuyo costo anual supera los $438 millones.
La resolución, dictada el pasado 19 de octubre, ordenó al Hospital San Juan de Dios de La Serena y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) adoptar las medidas necesarias para proporcionar el tratamiento con Ravulizumab, medicamento indicado para controlar la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad rara que provoca la destrucción de glóbulos rojos y que, en el caso de Margarita, ha generado anemia severa y la necesidad de recibir transfusiones sanguíneas.
Detrás de este proceso judicial existe una historia de sufrimiento familiar. En conversación con Aquí Coquimbo, Margarita relató cómo su vida cambió radicalmente desde que recibió el diagnóstico, en marzo de este año.
“Han sido meses muy difíciles, de mucha incertidumbre, miedo y desgaste emocional, no solo a nivel personal, sino que para toda mi familia. Cuando recibí el diagnóstico de HPN, hubo un cambio profundo en mi vida: de un momento a otro tuve que aprender a vivir con una enfermedad poco frecuente, de la que hay muy pocos casos y mucho desconocimiento”, expresó.
Sin embargo, uno de los aspectos más complejos ha sido enfrentar la imposibilidad económica de acceder a un medicamento que podría mejorar significativamente su calidad de vida.
“Lo más difícil, y diría que lo más doloroso de todo este proceso, ha sido el saber que existe un medicamento que puede ayudar a tratar mi enfermedad, pero que debido a su alto costo se me hace imposible acceder a él por mis propios medios”, sostuvo.
La paciente destacó que el respaldo de su pareja y su familia ha resultado fundamental para enfrentar una situación que no solo ha deteriorado su bienestar físico, sino también su estabilidad emocional.
“Creo que nadie debería tener que enfrentarse a una enfermedad, y mucho menos tener que recurrir a la justicia para poder conseguir el medicamento que en mi caso va a mejorar mi calidad de vida”, reflexionó.
Hospital rechazó incorporar el medicamento
De acuerdo con la sentencia, la paciente cuenta con antecedentes médicos que respaldan la necesidad de una terapia anticomplemento. Dos especialistas en hematología recomendaron este tipo de tratamiento, identificando al Ravulizumab como una alternativa adecuada para controlar su patología.
No obstante, el medicamento, cuyo costo anual fue estimado en $438.088.152, no forma parte del arsenal farmacológico del Hospital San Juan de Dios de La Serena.
Durante la tramitación judicial, el propio recinto asistencial reconoció que había prescrito el fármaco y sometido el caso a su Comité de Farmacia, instancia que rechazó su incorporación. Sin embargo, no se entregaron al tribunal los fundamentos específicos de aquella decisión.
En su defensa, el hospital argumentó que Margarita continuaba recibiendo controles médicos, transfusiones y tratamientos de soporte, mientras que el Servicio de Salud Coquimbo planteó que el financiamiento de medicamentos de alto costo está sujeto a procedimientos y criterios de priorización establecidos a nivel nacional.
La Corte, sin embargo, consideró que las instituciones recurridas no presentaron antecedentes médicos individuales que descartaran la necesidad del tratamiento ni identificaron una alternativa terapéutica equivalente disponible en la red pública.
El tribunal concluyó que mantener a la paciente sin acceso al medicamento prescrito, sin una justificación clínica suficiente, constituye una amenaza para su derecho a la vida y a la integridad física.
“Sentimos una mezcla de emoción, alivio y esperanza”
La resolución judicial significó un momento especialmente emotivo para Margarita y su entorno más cercano, luego de meses de incertidumbre sobre su futuro.
“Cuando supimos que la justicia había fallado a nuestro favor, sentimos una mezcla de emoción, alivio y esperanza. Fue sentir que después de meses de incertidumbre y angustia, por fin se reconocía la importancia de mi derecho a acceder al tratamiento que necesito y que tanto mi salud como mi vida no pueden estar determinadas únicamente por el costo de un medicamento”, manifestó.
Sin embargo, la tranquilidad todavía no es completa. Pese a haber obtenido una resolución favorable, Margarita reconoce que mantiene el temor de que una eventual impugnación judicial pueda retrasar el acceso al medicamento y prolongar una situación que ya ha afectado considerablemente su salud.
Hospital de Ovalle y Registro Civil adjudicaron casi $700 millones a empresa de alcaldesa pese a prohibición legal
Una investigación publicada por Aquí Valparaíso de El Mostrador, a partir de antecedentes de la plataforma EstadoClaro.cl, puso bajo la lupa los millonarios negocios que mantiene con organismos públicos la empresa de seguridad Protec Chile, vinculada a la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat Arriagada (IND/ex-UDI).
Aunque la autoridad ejerce sus funciones en la Región de Valparaíso, una parte relevante de los negocios de la compañía se concentra en la Región de Coquimbo, particularmente en la Municipalidad de Ovalle, el Hospital Provincial de Ovalle, el Servicio de Salud Coquimbo y el Registro Civil.
El caso adquiere especial relevancia porque desde el 28 de noviembre de 2025 se encuentra vigente la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, cuyo artículo 36 prohíbe que sociedades en las que participen autoridades como alcaldes o concejales presten servicios de seguridad privada a la administración del Estado.
Sin embargo, los antecedentes de Mercado Público y el informe complementario de EstadoClaro muestran que, una vez vigente la norma, al menos dos instituciones públicas de Coquimbo adjudicaron nuevas licitaciones a Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda., razón social de Protec Chile, empresa en la que Rossat ha declarado una participación del 75%.
Hospital de Ovalle: siete órdenes de compra por más de $487 millones
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde al Hospital Provincial de Ovalle, que adjudicó el 5 de enero de 2026, cuando la prohibición ya se encontraba vigente, una licitación para contratar servicios de vigilancia y protección de sus instalaciones, bienes y usuarios.
El proceso había sido publicado el 7 de noviembre de 2025, antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación. Sin embargo, el cierre de las ofertas y su adjudicación ocurrieron posteriormente.
De acuerdo con los antecedentes sistematizados por EstadoClaro, entre abril y octubre de 2026 el recinto hospitalario registró siete órdenes de compra vinculadas a esta licitación, por un monto total de $487.487.766, IVA incluido.
El establecimiento no es el único organismo sanitario de la zona que mantiene relaciones comerciales con Protec Chile. El Servicio de Salud Coquimbo registra otras 12 órdenes de compra emitidas desde la entrada en vigor de la ley, asociadas a procesos de contratación anteriores a esa fecha.
De esta manera, sumando las siete órdenes del hospital y las 12 del Servicio de Salud, se identifican 19 órdenes de compra de ambas entidades durante el período examinado, aunque no todas provienen de licitaciones adjudicadas después de la nueva normativa.
Registro Civil regional adjudicó contrato por más de $211 millones
Otro antecedente que sitúa el caso directamente en Coquimbo corresponde a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El 26 de diciembre de 2025, casi un mes después de comenzar a regir la nueva ley, el organismo adjudicó a Protec Chile una licitación destinada a contratar guardias de seguridad para oficinas de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Vicuña y el sector de Las Compañías.
La contratación también consideraba personal facilitador para la atención de público en determinadas oficinas. Según el informe de EstadoClaro, la orden de compra alcanzó los $211.588.676, con IVA incluido.
La licitación fue publicada el 1 de diciembre de 2025, cerró la recepción de ofertas el 22 de diciembre y fue adjudicada cuatro días después. Es decir, todo el proceso se desarrolló cuando ya estaba vigente la disposición que impide prestar servicios de seguridad al Estado a empresas con participación de determinadas autoridades.
Solo entre esta contratación y las siete órdenes del Hospital de Ovalle se contabilizan $699.076.442 en órdenes de compra asociadas a licitaciones adjudicadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
Municipalidad de Ovalle figura entre sus principales clientes
La Municipalidad de Ovalle también aparece entre los organismos públicos que han contratado los servicios de la empresa vinculada a la alcaldesa de Hijuelas.
En noviembre de 2024, el municipio inició una licitación para contratar guardias de seguridad destinados a recintos municipales. La contratación fue adjudicada el 21 de febrero de 2025, antes de la entrada en vigor de la Ley 21.659.
Los registros públicos consultados consignan una adjudicación a Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda. por $2.772 millones, en el marco de un proceso cuya duración prevista era de 24 meses.
A diferencia de los casos del Hospital de Ovalle y del Registro Civil regional, esta adjudicación es anterior a la prohibición legal. Sin embargo, la existencia de órdenes de compra posteriores al 28 de noviembre de 2025 abre una interrogante sobre la continuidad de la prestación de estos servicios y la aplicación de la nueva legislación a contratos celebrados previamente.
La investigación original de Aquí Valparaíso estableció que Protec Chile recibió y aceptó 501 órdenes de compra de 37 organismos públicos entre el 23 de julio de 2021 y el 15 de octubre de 2026, las que ameritan revisión.
Viajes sin salir del hospital: realidad virtual acompaña a pacientes en el Hospital de Coquimbo
Recorrer virtualmente las calles de Venecia sin salir de su habitación fue parte de la experiencia que vivió Héctor Sarabia, paciente con más de un mes de hospitalización en la Unidad de Medicina del Hospital San Pablo de Coquimbo. Esto fue posible mediante el uso de lentes de realidad virtual, con los que pudo acceder a un entorno inmersivo en 3D que le permitió distraerse y salir de la rutina hospitalaria.
“Había tenido la experiencia de haber usado la realidad virtual, pero no en este momento donde necesitaba salir un poco del ambiente en que estoy. Así que fue bonita la experiencia, se sintió diferente, a pesar de que estoy con dolor, me sacó harto de la rutina”, comentó Héctor, quien fue uno de los primeros pacientes que disfrutó esta experiencia en el recinto porteño.
Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Medicina, en colaboración con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Coquimbo y su Programa Red Local de Apoyo y Cuidados. Los dispositivos combinan imágenes tridimensionales, sonido y movimiento para transportar virtualmente a los pacientes hacia experiencias inmersivas, como paseos por ciudades y una visita al Museo de Realidad Virtual de Coquimbo, software propio trabajado en conjunto con la Universidad Católica del Norte.
En ese sentido, Carlos Gutiérrez, encargado del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados del Municipio de Coquimbo, explicó que “este proyecto busca avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas con un enfoque social y humano, poniendo la innovación al servicio de las personas y de sus necesidades. Más allá de la tecnología en sí misma, lo relevante es cómo logramos utilizarla para generar experiencias significativas en los pacientes que, por sus condiciones de salud, tienen menos oportunidades de acceder a espacios culturales y recreativos”.
Esta actividad se incorporó al Programa de Humanización de la Unidad de Medicina tras revisar las condiciones clínicas, sanitarias y de seguridad necesarias para su implementación. El uso de esta tecnología se realiza a través del acompañamiento de un terapeuta ocupacional, otorgando un nuevo significado al proceso de rehabilitación, además de prevenir complicaciones asociadas a hospitalizaciones prolongadas.
Esta iniciativa, totalmente inédita en hospitales de alta complejidad de la región, se encuentra en una etapa inicial y permitirá evaluar su continuidad desde el enfoque de una experiencia más bien lúdica que una con fines terapéuticos.
Un mensaje de la U.Central
FECILS EN LA UCENTRAL: PANELISTAS ANALIZARON LA URGENCIA DE INCORPORAR MUJERES EN LA INDUSTRIA CREATIVA
La Universidad Central Sede Región de Coquimbo, fue anfitriona de una de las jornadas de la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de La Serena (FECILS 2026) que reunió a Bernardita Baeza, Directora de Arte, Susana Quiroz, Guionista y Estefanía Araya, Jefa de la Unidad de Género y Diversidad de la universidad.
La instancia de diálogo y reflexión que abordó, entre otras cosas, las barreras estructurales y desafíos que enfrenta la participación femenina en espacios de liderazgo y toma de decisiones en el sector audiovisual, también destacó el rol de las Universidades en la promoción de una perspectiva crítica de género, además de la construcción de industrias creativas más inclusivas, diversas y representativas de las experiencias de las mujeres.
El paso de FECILS por la Universidad Central refleja su compromiso con el desarrollo de un entorno cultural y social más justo, promoviendo el diálogo crítico e impulsando una industria audiovisual con equidad de género y diversidad de miradas.
Pisqueros y parlamentarios buscan torcerle la mano al ministro Quiroz
Las alertas del mundo pisquero se habían encendido tras conocerse que la glosa presupuestaria, ejecutada a través de ProChile –que financia campañas globales como Chilean Pisco: First Spirit–, no había sido contemplada por el Gobierno en el erario para el próximo año.
La industria busca que el próximo presupuesto de la nación contemple US$1,5 millones para dar continuidad al programa. En ese escenario, Pisco Chile A.G. ha intensificado las gestiones con parlamentarios de Atacama y Coquimbo y el Ministerio de Hacienda. Un avance se produjo tras la reunión de los senadores Matías Walker y Sergio Gahona con el ministro Jorge Quiroz, quien manifestó su disposición a estudiar la incorporación de estos recursos.
El gremio sostiene que los resultados del plan han sido concretos. En 2024, las exportaciones de pisco crecieron 32,8% respecto de 2023, mientras que en 2025 volvieron a subir, esta vez 27,6%. Entre los mercados de mayor crecimiento aparecen China, España y Alemania.
Además, desde 2023, el número de pymes exportadoras aumentó 25%, con diez nuevas empresas incorporadas a través de envíos piloto hacia Estados Unidos y Japón, junto a más de 50 acciones promocionales en diez destinos internacionales.
“Los resultados de los últimos años demuestran que el trabajo conjunto entre el sector público y la industria está dando frutos, con mayores exportaciones, nuevos mercados y más empresas participando del comercio internacional. Por eso estamos trabajando con parlamentarios y autoridades para dar continuidad a este financiamiento en el Presupuesto 2027”, señaló Francisco Munizaga, presidente de Pisco Chile A.G.
Para Pisco Chile, mantener este financiamiento es clave en medio de un escenario complejo para la industria de destilados, ya que permite consolidar mercados, defender la denominación de origen y generar nuevas oportunidades para los productores de Atacama y Coquimbo.
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