El Olivar: Premio Nacional cuestiona demolición de Poduje

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¡Feliz lunes! Feriado para muchos. Hoy 29 de junio, los pescadores de Chile celebran a su patrono San Pedro, y en Valparaíso los sindicatos realizarán procesiones por tierra y mar en las caletas Portales y El Membrillo. ¿Asistirán a la mítica fogata del pescador? Si pueden, me cuentan cómo estuvo.

Antes de comenzar, recuerden que hasta mañana es posible activar el cupón de gas licuado por $ 27 mil que otorgó el Gobierno para paliar el alza en los combustibles. Si aún no lo pides, ingresa aquí.

En esta edición:

• La Fiscalía tomó declaración como imputado a Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, y conservador de Concón, en la investigación por presunto fraude al fisco contra la senadora Camila Flores (RN).
• En entrevista con Aquí Valparaíso, el Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Castillo Echeverría, cuestionó la decisión del ministro Iván Poduje de demoler 170 viviendas reconstruidas en El Olivar, en Viña del Mar. Sostuvo que los informes técnicos permiten reparar las fallas detectadas y advirtió que la demolición retrasará por años la entrega de las casas a las familias damnificadas.
• Desde julio, las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 3,3% en la Región de Valparaíso debido al ajuste en los costos de transmisión y generación. El aumento variará según comuna y distribuidora.
• Organizaciones sociales de Puchuncaví presentaron una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para impugnar la aprobación del proyecto inmobiliario Maratué, que contempla un desarrollo urbano para más de 55 mil habitantes en Quirilluca.

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Declara como imputado conservador de Concón en causa contra Camila Flores

Camila Flores (izquierda) y Carlos Swett (derecha). Fotos: Óscar Guerra/Uno Noticias y Asociación de Notarios y Conservadores.

La Fiscalía Regional de Valparaíso tomó declaración en calidad de imputado al presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, y conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett Muñoz, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora por la Región de Valparaíso, Camila Flores (RN). Según el Poder Judicial, en una causa penal un imputado es “una persona a quien se le atribuye participación en la comisión de un hecho delictivo“.

• Según dio cuenta Ciper el 24 de junio, la diligencia fue instruida a raíz del testimonio del exasesor de Flores en el Congreso, Julio Lillo, quien declaró haber visto a Swett entregar un sobre a la parlamentaria en las afueras de su domicilio. Aunque Lillo no aportó antecedentes sobre el contenido del sobre, el Ministerio Público busca descartar que se tratara de una entrega de dinero.

“Cuota Flores”. La investigación de la Fiscalía sobre la parlamentaria fue revelada por T13 el 8 de abril pasado. En el reportaje, la entidad informó que en octubre de 2025 “se recibió una denuncia anónima en contra de la (entonces) diputada Flores por delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco en carácter reiterado”. Según el citado medio, Lillo declaró a la Unidad Regional Anticorrupción cómo la senadora le pidió parte de su sueldo en efectivo.

• Según conocedores de la declaración de Lillo, el conservador habría admitido haber acudido a la casa de Flores durante el segundo semestre de 2025 y haberle entregado un sobre, pero aseguró que este contenía documentos y no dinero. La Fiscalía también le habría consultado sobre el rol que desempeñó la asociación que preside durante la tramitación de la reforma notarial, discusión en la que Flores participó como integrante de las comisiones de Constitución y Mixta.

En paralelo, la defensa de la senadora presentó un recurso para impugnar el allanamiento realizado el 6 de mayo en su oficina parlamentaria y en su domicilio de Viña del Mar, procedimiento en el que Carabineros incautó equipos electrónicos y documentación. Y aunque la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inicialmente inadmisible el recurso, la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó tramitarlo.

Premio Nacional de Arquitectura: las demoliciones de Poduje son “el costo que paga El Olivar por ser una obra iniciada en el Gobierno anterior”

Foto: UdeC.

El arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura (2024), Cristián Castillo Echeverría, participó la semana pasada en la visita que realizó la comisión de Vivienda de la Cámara al sector de El Olivar, en Viña del Mar, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) instruyó la demolición de 170 viviendas, de aproximadamente 350 que habían iniciado obras o se encontraban prácticamente reconstruidas, luego de ser consumidas por el megaincendio de febrero de 2024.

La decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, se basó en informes realizados por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (Idiem) y la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu.

Según ha señalado el secretario de Estado, las casas edificadas por la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura –con quienes está enfrentado judicialmente– deben ser derribadas por presentar fallas estructurales. Poduje sostiene que estas construcciones no cuentan con la resistencia necesaria al fuego y en ellas se utilizaron materiales sin certificación oficial. Sin embargo, para Castillo el diagnóstico es distinto. En entrevista con Aquí Valparaíso, el arquitecto (UC) plantea lo contrario:

―¿Pudo revisar los informes en los que el ministro Poduje basó la decisión de demoler?, ¿qué decían?

―Los informes están referidos a los cuatripareos de dos pisos y solo han cuestionado 56 viviendas. El Idiem no pone en cuestión las casas de un piso ni los edificios de hormigón. En lo referido a la estructura y conclusiones en el caso antifuego, indica las fallas y plantea soluciones. El informe de la Ditec intenta cuestionar los análisis y propuestas del Idiem, sin proponer alternativas que no sean demoler. Aun así, reconoce que es posible implementar refuerzos y que se pueden solucionar las deficiencias en las obras antifuego. En toda construcción se establece que puede haber errores y que deben ser subsanados. Este es el caso. Cualquier reparación representa un costo para la constructora, que está dispuesta a asumirlo. Demoler y volver a construir tendrá para el Estado un costo muy alto.

―De acuerdo a lo observado en la visita y a lo revisado en los informes, ¿cree que viviendas con este tipo de fallas se puedan reparar? 

―No solo estamos seguros de que los cuatripareos de dos pisos son reparables, es lo que razonablemente debemos hacer. Ambos informes lo aseguran así. La paralización de las obras y llevar adelante este conflicto entre el Ministerio y la entidad patrocinante y constructora significa la pérdida de un año, quizás más. Y si a esto le sumamos los dos años que el Ministerio necesita para volver a construirlas, esas familias volverán a vivir la tragedia de los incendios, porque el sueño de su casa volverá a perderse en el tiempo.

―¿Por qué cree que Poduje ha optado por demoler, considerando -según él mismo reconoció a El Mostrador- que esa opción es más cara?

―El problema no es demoler para reiniciar el proceso de reconstrucción, es el costo que paga El Olivar por ser una obra iniciada en el Gobierno anterior. Un Gobierno culpa al otro de tareas mal hechas, que al final solo justifican sus propias carencias. Descubren en los errores del pasado la justificación de no poder avanzar como creyeron posible. Nuestro nuevo ministro llegó lleno de una energía que hace tiempo no sentíamos, pero se encontró con un ministerio difícil de gobernar y que no tenía los recursos para cumplir con el programa que tenía previsto. Y en culpas compartidas –porque el Gobierno anterior redujo los recursos destinados a viviendas sociales y su propio Gobierno no ha entendido la necesidad de dotar de los recursos indispensables para reducir el déficit– lo dejaron solo y ahí estaba El Olivar: un ejemplo que podía ser utilizado para marcar que los problemas eran del Gobierno anterior y no de su gestión que había ofrecido una salida rápida a la reconstrucción.

―¿Cómo calificaría esta medida?

―Como una medida mediática que intenta desplazar todas las responsabilidades al Gobierno del Presidente Boric. Que crea confusión, que retrasa, que abandona a las familias. Cómo decirle al ministro que lo que importa son las familias que no logran entender lo que ocurre. Que los problemas de este o del Gobierno anterior no deben recaer sobre ellas. Que representa mucho más prestigio a su gestión el terminar esas obras y entregarlas. Que los logros políticos de ello serán de su Gobierno y de su ministerio.

―¿Qué propuesta haría al ministro?

―Solicitarle al ministro, como tarea común y solidaria con esas familias, la posibilidad de reparar un cuatripareo según las indicaciones que nos entrega el Idiem y, al terminarlas, pedir que sean inspeccionadas por un panel de expertos que den confianza a todas las partes. Constatar si las reparaciones cumplen con las normas vigentes, dando solución a las observaciones emitidas, o [evaluando si] es definitivamente necesario demoler. En algo como esto, todas y todos estaremos de acuerdo.

Un mensaje de la PUCV

ONU reconoce a Corporación La Matriz y a la PUCV por su trabajo con las comunidades migrantes

La Corporación La Matriz y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fueron distinguidas por las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por la labor conjunta desarrollada con comunidades migrantes en Valparaíso. El reconocimiento, otorgado en el marco del 6° Concurso de Buenas Prácticas, destaca más de una década de trabajo territorial orientado a promover la integración social, cultural y comunitaria de personas migrantes en Barrio Puerto.

Más información AQUÍ.

Cuentas de la luz subirán en promedio 3,3% desde julio en Valparaíso

24-10-2024. Foto: Hans Scott/AgenciaUno.

A partir de julio de 2026, las cuentas de la electricidad volverán a subir en la Región de Valparaíso, con un incremento promedio estimado de 3,3%, informó El Mercurio de Valparaíso, producto del ajuste en los costos de transmisión y generación eléctrica. Aunque el alza promedio nacional será de 4,9%, el impacto variará según la zona del país: mientras algunas regiones del norte registrarán bajas en las tarifas, en sectores del sur las alzas podrían llegar hasta 19%.

• El académico de la Universidad Andrés Bello, Boris Pastén, explicó al citado medio que el aumento no será uniforme dentro de la región, ya que depende de factores como la empresa distribuidora, la infraestructura de transmisión disponible y el estado de las redes eléctricas. Según indicó, podrían seguir produciéndose ajustes durante 2026 y 2027, hasta que se normalicen las distorsiones del sistema y se concreten inversiones en infraestructura.

De esta manera, en Valparaíso, el precio del kilowatt-hora (kWh) subiría 1,37% para clientes CGE, 2,47% para Chilquinta y 3,41% para EDECSA. En Viña del Mar, el incremento sería de 1,42% en CGE y 2,47% en Chilquinta.

• En comunas como Casablanca, donde operan tres distribuidoras, incluso se proyecta una disminución de 0,89%para clientes de Chilquinta, mientras que EDECSA aumentaría 0,85% y Litoral, 1,56%. Según Javier Piedra, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, estas diferencias responden principalmente al costo de la infraestructura de distribución: cantidad de postes, cables, transformadores y densidad de clientes.

Presentan reclamación para frenar megaproyecto Maratué en Puchuncaví

Acantilados de Quirlluca, en Puchuncaví. Foto: Florencia Celis.

Organizaciones sociales y vecinos de Puchuncaví, junto con la ONG Defensa Ambiental, presentaron ante el Segundo Tribunal Ambiental una reclamación judicial para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto inmobiliario Maratué, iniciativa que busca desarrollar un megaproyecto urbano en el fundo Quirilluca y que podría albergar a más de 55 mil habitantes.

• La acción judicial se presenta luego de que el Comité de Ministros rechazara una de las reclamaciones relacionadas con observaciones formuladas durante el proceso de Participación Ciudadana. Con ello, las comunidades quedaron habilitadas para recurrir a los Tribunales Ambientales y solicitar una revisión de la legalidad del proceso de evaluación ambiental. Según las organizaciones, diversos impactos ambientales y sociales no fueron debidamente evaluados durante la tramitación.

Un conflicto de larga data. La controversia en torno a Maratué se remonta a 2017, cuando ingresó su Estudio de Impacto Ambiental. Tras una primera aprobación en 2019, el proyecto fue revocado en 2021, gracias a acciones impulsadas por organizaciones ciudadanas, lo que obligó a retrotraer la evaluación ambiental. Posteriormente se desarrolló un nuevo proceso de evaluación entre 2022 y 2024, culminando en esa oportunidad con la aprobación del proyecto.

• Qué se viene. Tras el ingreso de la reclamación, el Segundo Tribunal Ambiental deberá pronunciarse sobre su admisibilidad. Posteriormente se abrirá la etapa de respuestas por parte de los organismos involucrados, se realizará una audiencia y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia. Las organizaciones anticipan que, dada la relevancia del caso, la controversia podría continuar posteriormente ante la Corte Suprema.

Claudia Lería, directora ejecutiva de Maratué, comentó al respecto que dicho proyecto “se emplaza en un terreno con condición urbana definida por la planificación vigente y ha cumplido con todas las exigencias establecidas por las autoridades. Respetamos el derecho de terceros a recurrir a los tribunales y defenderemos el proyecto en esa instancia. Seguiremos trabajando con una mirada de largo plazo, convencidos de que es posible compatibilizar desarrollo y conservación para el futuro de Puchuncaví”.

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