La yakuza, la mafia del crimen organizado de Japón, que ha ganado miles de millones con actividades que van desde la extorsión al tráfico de personas, está viendo diezmadas sus filas por las autoridades que emplean métodos similares a los utilizados para encarcelar a Al Capone: ir tras su dinero.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón asestó su golpe más reciente el mes pasado, ordenando a Mizuho Financial Group Inc. mejorar su nivel de cumplimiento y exigiendo luego a los máximos ejecutivos informar para el 28 de octubre qué saben y desde cuándo en relación a una filial de crédito al consumo que fue descubierta otorgando créditos a grupos delictivos.
Esta bofetada del regulador aumenta la presión de las ordenanzas de exclusión de la yakuza implementadas a nivel nacional en 2011, que declaran ilegal hacer negocios con integrantes de la banda, así como también un decreto del ejecutivo estadounidense de ese mismo año que exige a las entidades financieras congelar activos de la yakuza. El Departamento del Tesoro estadounidense congeló hasta ahora tenencias de la yakuza por unos US$55.000, entre otras cosas, tarjetas American Express emitidas en Japón, según documentos obtenidos por Bloomberg News conforme la Ley sobre Libertad de Información.
“La presión sobre la yakuza sin ninguna duda se ha intensificado”, dijo Hideaki Aihara, gerente general del Centro Nacional para la Eliminación de la Yakuza y ex superintendente del Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio. “Es indudable que están teniendo problemas para desarrollar su actividad”.
El impacto sobre las filas de la yakuza es visible: el número de miembros se redujo 11 por ciento hasta 70.300 en 2011 y cayó otro 10 por ciento hasta 63.200 el año pasado, luego de caídas anuales de un 3 por ciento o menos desde 2004, cuando los listados alcanzaron el máximo en la década de 87.000, según datos de la Agencia Nacional de Policía de Japón.
Penas de cárcel
Si bien las pandillas propiamente dichas no son ilegales en Japón, infringir las ordenanzas de exclusión –que también exigen a los clientes que desean obtener servicios financieros y otros, probar que no están asociados a ninguna actividad delictiva– puede implicar una multa de 500.000 yenes (US$5.080) o un año de cárcel. La policía investigó a 164 posibles infractores desde que entraron en vigencia las leyes, arrestando a nueve personas que enfrentan un posible juicio y emitiendo advertencias para los restantes, muestran los datos.
La policía también arrestó a más de 24.000 integrantes de la yakuza el año pasado, entre estos 23 jefes de la organización más grande, Yamaguchi-gumi, por crímenes como extorsión, delitos por drogas, apuestas, robo y fraude, según el sitio de la agencia en Internet.
La yakuza ha diversificado sus intereses comerciales en los últimos años volcándose a las finanzas, la construcción y la eliminación de desechos, según un informe policial.
“Los bancos están analizando a sus tomadores de préstamos para verificar si tienen relaciones con la yakuza con el fin de evitar penalidades de la Agencia de Servicios Financieros”, dijo Aihara, refiriéndose al regulador bancario. “Es enormemente significativo”.
Alarmada por la participación de la yakuza en operaciones con títulos y valores, la Asociación de Operadores de Títulos de Japón comenzó a exigir en 2010 que sus miembros adoptaran medidas para excluir a las pandillas del sector.
