En el marco del trabajo que realizamos como Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), queremos encender las alarmas y señalar que una vez más el Gobierno se cuadra con los intereses de las Isapres, perpetuando un negocio de altísima rentabilidad, estableciendo una política de salud pública carente de perspectiva de género y en definitiva ofreciendo al “cliente” el menor acceso a la salud al mayor precio posible.
El 22 de abril, el gobierno anunció un proyecto de ley que busca reformar el sistema de ISAPRE en Chile. Dicho proyecto releva la capacidad económica de cada afiliado o afiliada, dependiendo casi totalmente de este factor, la calidad de la cobertura de salud a que se tendrá acceso.
Mucho se ha señalado en torno a que la reforma terminaría con una histórica discriminación en contra de las mujeres, eliminando la variable género como factor para que las ISAPRE resuelvan el valor del plan de salud, objetivo que mal podría alcanzarse si la nueva política de salud del sistema privado no atiende las particularidades de la situación socioeconómica de las mujeres.
En efecto, la reforma al sistema de ISAPRE continúa traduciendo lo que cada cual individualmente puede pagar, a un determinado nivel de satisfacción del Derecho a la Salud, categorizando ahora a las mujeres, entre las que son económicamente solventes y aquellas de la clase media, que con esfuerzo pueden pagar una ISAPRE.
Estas últimas contarán con una muy frágil protección en lo que a salud se refiere, con planes de menor cobertura y mayor copago, lo que las reconducirá más temprano que tarde y muy forzosamente al sistema público de salud, lo cual sobreexige al mismo.
[cita tipo=»destaque»] Como Asociación de Abogadas Feministas creemos que este proyecto de reforma del Gobierno es insuficiente, y hace prevalecer la segregación a las mujeres haciendo más lejano el ideal de igualdad de acceso y calidad respecto a la salud. [/cita]
En el marco del trabajo que realizamos como Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), queremos encender las alarmas y señalar que una vez más el Gobierno se cuadra con los intereses de las Isapres, perpetuando un negocio de altísima rentabilidad, estableciendo una política de salud pública carente de perspectiva de género y en definitiva ofreciendo al “cliente” el menor acceso a la salud al mayor precio posible.
Ahora bien, según la Encuesta Casen (2017), sólo el 14,4% por ciento de la población se encuentra suscrita al Sistema de Isapre, lo que contrasta con el 78% que cotiza en FONASA. Lo anterior haría a cualquier persona sensata preguntarse por qué nos preocupan las Isapres, si la reforma afectaría a una pequeña parte de la población.
La respuesta es sencilla: el diseño de un sistema privado de salud que reproduce desigualdades, que es inequitativo y mezquino, que desconoce las dificultades de los sectores vulnerables, que invisibiliza en el análisis la realidad de las mujeres en Chile, tiene como necesaria consecuencia el tránsito de sus afiliadas y afiliados al sistema público, lo que en un breve plazo produciría su colapso y ahogo.
Se debe agregar que la reforma planteada tampoco soluciona el alza arbitraria en los planes de Isapre, declarando expresamente que las mismas tendrán facultades exorbitantes para alterar unilateralmente y en forma anual las condiciones del contrato de salud, léase “alza de precio”, sin exigir ningún mecanismo objetivo, verificable y razonable para calcular dicha alza.
Además, este contrato tendrá una duración máxima de un año con fecha fija anual de término al día 30 de junio, debiendo renovarse o modificarse entre mediados de abril y hasta la fecha indicada, período en el cual las Isapre “deberán informar” a sus afiliados sobre el precio y las condiciones del Contrato de Salud que reemplazará a su Contrato vigente en la siguiente anualidad, oferta que se impondrá a la persona en los casos en que no haya dicho nada o se haya negado; no haya optado por otro contrato diferente al ofrecido o, no se haya cambiado de Isapre o de sistema de salud (al público). En suma, se deja otra vez a resguardo la arbitrariedad que tanto ha reclamado la ciudadanía por medio de Recursos de Protección.
En virtud de todo lo expuesto, es que como Asociación de Abogadas Feministas creemos que este proyecto de reforma del Gobierno es insuficiente, y hace prevalecer la segregación a las mujeres haciendo más lejano el ideal de igualdad de acceso y calidad respecto a la salud.
Finalmente, esta columna se escribe en días posteriores a la conmemoración del día del trabajador y la trabajadora, a quienes (aunque con un pequeño desfase) hacemos humildemente un reconocimiento. Compartimos con ustedes el declarado deseo de que lo más pronto posible, la única preocupación que nos traiga la falta de salud, sea la recuperación de la misma, pues creemos que esta es la mínima retribución que puede hacer Chile, a quienes permanentemente hacen de este país su mejor versión posible.
