Críticas al “baipás” notarial apuntan a pacto político para burlar la reforma

Hoy martes, a las 10:00 de la mañana, la Sala N° 10 de Comisiones del Senado en Valparaíso volverá a ser epicentro del primer gran test político de la reforma al sistema notarial. Están citados el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza. Sobre la mesa estará el polémico “baipás” legislativo que busca evitar que 57 codiciadas vacantes sean evaluadas por el nuevo sistema.

Y es que, apenas dos meses después de la entrada en vigencia de la histórica reforma que sacó al Poder Judicial de estos nombramientos para entregárselos al Servicio Civil, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general una moción para aplicar el viejo modelo a los concursos en trámite. El Gobierno, lejos de defender la nueva ley promulgada, le puso suma urgencia a la maniobra.

A escasas horas de la sesión que podría sellar este –como señalan los críticos– “indulto administrativo” para que el Ministerio de Justicia retenga la facultad de nombrar a dedo, las esquirlas en el Congreso apuntan a una operación política transversal para resguardar el antiguo feudo notarial.

“La izquierda y la derecha unida”: el duro diagnóstico desde la Cámara

Entre los parlamentarios críticos se encuentra el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien no se guardó nada al calibrar la magnitud de lo que se votará esta mañana. Consultado por El Mostrador, Mulet calificó la maniobra directamente como un “despropósito” y apuntó a una inconfesable complicidad política.

“Es impresionante cómo parlamentarios, después de aprobar una ley que se discutió durante más de 10 años para cambiar el sistema de designación de los notarios y llegar a una forma más objetiva (…), hoy día posterguen la entrada en vigencia de esa ley para aplicar el sistema antiguo que todos sabemos que se presta para situaciones de familiaridad, de parentesco, endogámicas diría yo, y otros tipo de situaciones, amigos de políticos, etcétera”, disparó el legislador.

La proyección de Mulet para la sesión de hoy es sombría. Alertó que la urgencia impuesta por el Gobierno busca blindar intereses cruzados: “Creo que es muy grave lo que está haciendo el Senado y pienso que se va a aprobar porque aquí opera eso de que la izquierda y la derecha unida, al menos un grupo, jamás será vencida. Pienso que se puede aprobar, desgraciadamente”.

Esta indignación encuentra eco en las propias filas oficialistas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), fustigó duramente en X la urgencia otorgada por el Ejecutivo: “Costó mucho concretar la reforma al sistema notarial. Uno de sus pilares centrales es garantizar que los nombramientos sean objetivos y transparentes (…). Por ello, la ley vigente debe aplicarse sin ninguna excepción. El proyecto que pretende interpretar esta normativa carece de coherencia con la reforma, y resulta impresentable que el Gobierno le haya otorgado urgencia”.

La advertencia de Gajardo se suma a la alerta levantada previamente por la senadora Claudia Pascual (PC), quien exige rehacer las ternas porque ya se han detectado candidatos con inhabilidades en las nóminas antiguas.

Quien también se sumó a las críticas fue el exministro de Justicia Hernán Larraín, uno de los principales impulsores de la reforma al sistema notarial. En diálogo con La Tercera la semana pasada, cuestionó duramente la iniciativa al advertir que mantener estos concursos bajo el régimen anterior equivale a “burlar” el cambio legal antes de que despliegue sus efectos. A su juicio, la propuesta representa un retroceso que busca preservar un sistema de nombramientos “opaco y discrecional”, precisamente el que la reforma pretendía reemplazar para fortalecer la transparencia y reducir los conflictos de intereses.

La fórmula del senador Araya

El arquitecto de la moción, el senador Pedro Araya (PPD), defiende la urgencia de su proyecto asegurando que no se trata de un perdonazo. “El proyecto que hemos presentado corresponde a una ley interpretativa destinada a otorgar certeza jurídica”, argumentó.

Según su diseño, las 57 ternas ya elaboradas por las Cortes de Apelaciones antes de abril se cerrarán bajo el sistema antiguo, pero los postulantes deberán firmar una declaración jurada de que no tienen inhabilidades. Para Araya, devolver el proceso a fojas cero es atentar contra el derecho: “No resulta razonable modificar las reglas de un procedimiento una vez iniciado ni alterar las expectativas legítimas de quienes participaron en concursos bajo un determinado marco normativo”.

Sin embargo, el blindaje de las “expectativas legítimas” que invoca el senador fue fulminado por la propia Corte Suprema. En un pronunciamiento de mayo, el máximo tribunal del país aclaró que los postulantes de concursos en trámite “no son titulares de derechos adquiridos (…), sus posiciones jurídicas constituyen meras expectativas”, por lo que someterlos a la nueva ley no implica infracción alguna.

Pese a esto, el Ejecutivo fía todo a un papel firmado por los propios interesados. Sentado hoy en la comisión, el ministro Fernando Rabat deberá explicar por qué su ministerio prefiere retener la facultad de nombrar a estos 57 notarios en lugar de ceder el control al ente técnico.

Rabat defiende el “baipás”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, es la pieza clave en el respaldo institucional del Ejecutivo a la moción que se tramita en el Senado. En una entrevista concedida a Cooperativa –y compartida posteriormente por el equipo de prensa del ministro con El Mostrador–, el secretario de Estado delineó la argumentación del Gobierno para justificar que 57 ternas no pasen por el escrutinio del Servicio Civil, apelando a que la entrada en vigencia de la nueva ley dejó los concursos en “una suerte de interregno”.

Consultado por la prensa sobre cómo se garantizarán los nuevos estándares de transparencia si se mantiene el modelo antiguo de designación, Rabat sinceró que el mecanismo descansará en la autocertificación de los propios candidatos. “Lo que prevé la moción del senador Araya es que deberá adjuntarse, por todos quienes se encuentren en las ternas (…), una declaración jurada en la cual deberán explicitar si es que se encuentran o no afectos a una de las inhabilidades”, explicó.

El punto más revelador de su defensa institucional se dio al abordar las propuestas de otros parlamentarios de devolver las listas para que se ajusten íntegramente a la nueva ley. Para Rabat, enviar a los postulantes ya preseleccionados por las Cortes de Apelaciones a la evaluación del nuevo ente técnico no es una opción viable administrativamente.

“Respecto de aquellas ternas que ya están efectuadas, hay un procedimiento administrativo que está concluido y, por lo tanto, rehacerlas por otra institución, como el Servicio Civil, pareciera que no corresponde”, sentenció el ministro, confirmando así el diseño para retener la resolución de estos cupos en la cartera de Justicia.

Pese a validar que estas 57 vacantes sorteen la revisión del Servicio Civil mediante la firma de un documento emitido por los propios interesados, el ministro cerró su intervención reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el espíritu de la reforma: “Quiero en esto ser extremadamente claro. El Gobierno del Presidente Kast tiene como un eje de trabajo la probidad y la transparencia y, por lo tanto, para nosotros es clave que todos quienes van a optar al cargo (…) tengan presentes las inhabilidades que hoy consagra la ley”.

Cabe mencionar que el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, es un estrecho colaborador del Presidente José Antonio Kast desde hace décadas. Ambos coincidieron como estudiantes de Derecho en la Universidad Católica e integraron el Movimiento Gremial, donde Lea-Plaza llegó a presidir la organización y Kast fue su secretario general. Antes de asumir el cargo, además, participó en la revisión de antecedentes de futuras autoridades del nuevo Gobierno.

El nivel de tensión institucional de esta maniobra se pondrá a prueba hoy a partir de las 10:00 de la mañana. Con el ministro Rabat y el jefe del Servicio Civil en la misma sala, la comisión deberá dirimir si aplica la ley o consagra el baipás. Consultado sobre si esta polémica logrará votarse finalmente hoy, el senador Araya adelantó la pauta de un final abierto y sujeto al lobby de última hora: “Depende de cuánto se demoren las exposiciones”.