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La interpretación de la discordia: ola de críticas por limitaciones a la venta de anticonceptivos mientras ISP descarta cambios en reglas

por 5 abril, 2021

La interpretación de la discordia: ola de críticas por limitaciones a la venta de anticonceptivos mientras ISP descarta cambios en reglas
Desde la agrupación Ginecólogas Chile informaron que estaban recibiendo decenas de denuncias de mujeres que, al comprar sus anticonceptivos de siempre, vía online y en diversas cadenas farmacéuticas del país, se les estaba exigiendo presentar receta médica. “Basta de poner en peligro la salud reproductiva de las mujeres en Chile”, dijeron desde la bancada PPD, la cual ofició al Instituto de Salud Pública y a la subsecretaria Paula Daza para solicitar que se revierta la disposición y se informe realmente qué sucedió. En tanto, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, se comprometió a agilizar dichas gestiones. Sin embargo, ante la controversia, el ISP emitió una declaración señalando que “no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia”.
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“Una violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos”. De esta manera calificaron miles de usuarias de métodos anticonceptivos en redes sociales la medida que las obliga a presentar receta médica para acceder a su planificación familiar.

Desde el 2 de septiembre del 2015 que cualquier mujer que deseara ejercer el control sobre su reproducción podía simplemente ir a la farmacia y comprar su método de preferencia, lo cual también era aplicado de forma online.

Sin embargo, desde hace algunas horas, la agrupación de Ginecólogas Chile informó que estaban recibiendo decenas de denuncias de mujeres que, al comprar sus anticonceptivos de siempre, vía online, en diversas cadenas farmacéuticas del país, se les estaba exigiendo presentar receta médica para poder hacer sus compras.

 

Según información publicada por Farmacias Cruz Verde, esta exigencia se debe a una reciente resolución del Instituto de Salud Pública (ISP).

En este sentido, el Coordinador del Área de Salud Sexual de la Corporación Miles Chile, Eduardo Soto, explica que todo esto podría deberse a un malentendido de parte de las farmacias al interpretar la resolución.

Según Soto, no hay nada formal respecto a la exigencia de receta médica para comprar anticonceptivos específicamente, ya que la resolución del ISP se refiere a la venta de medicamentos con la modalidad de receta online, la cual busca facilitar la compra de medicamentos y extiende un poco la validez de dicha receta, además de definir lo que son medicamentos de uso crónico.

Dentro de estos medicamentos de uso crónico, se puede llegar a entender o interpretar que entren los anticonceptivos, sin embargo, “no hay nada específico”, asevera el experto.

Sin perjuicio de lo anterior, el silencio de las autoridades encargadas motivó a la Bancada de Diputadas y Diputados del PPD oficiar al ISP y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para solicitar que se revierta la disposición y se informe realmente qué sucedió. “Es inexplicable que se esté exigiendo receta médica para los anticonceptivos, dificultando de esta manera el control de la natalidad de las mujeres, justo en momentos en que hay que evitar los desplazamientos y salidas. Basta de poner en peligro la salud reproductiva de las mujeres en Chile”, expresó la diputada y miembro de la Comisión de Mujeres, Patricia Rubio.

En el oficio, se detalla que esta medida les parece contradictoria, debido a que, por un lado, la autoridad sanitaria llama a no salir de nuestras casas si no es necesario, a fin de evitar la propagación de contagios. Pero, por otro, la determinación del ISP “no hace sino forzar a miles de mujeres a salir a la calle para obtener la mencionada receta médica, a fin de dar continuidad a su tratamiento anticonceptivo”.

Además, esta medida representa una barrera de entrada y económica para mujeres más vulnerables, ya que ahora deberán pagar una consulta médica para tener acceso a una receta. En este contexto, la directora ejecutiva de Aprofa, Débora Solís, considera que esta situación muestra que la salud reproductiva no forma parte de las acciones que se toman en materia de resguardo, partiendo desde los lotes de anticonceptivos fallidos entregados por el servicio público meses atrás.

Incluso la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se comprometió a ver esta situación e informó a través de su cuenta de Twitter que están haciendo las gestiones ante el ISP para revertir esta medida que “vulnera aún más a miles de mujeres”, aseguró.

Finalmente, Soto critica que este tipo de situaciones no pasarían si se invirtiera en anticoncepción de larga duración, como el Dispositivo Intrauterino (DIU), el implanon y otros. Desde la agrupación de Ginecólogas Chile, crearon un mail donde se les puede escribir si es que alguna persona necesita ayuda urgente para la continuación de su método anticonceptivo.

La explicación del ISP

Sin embargo, ante la controversia, el ISP emitió una declaración señalando que “no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia”.

De todos modos, mantiene que las pacientes sí necesitan una receta médica. “Los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente”

Por el contexto de pandemia, la entidad añade que “la duración de las recetas se extiende desde los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria, es decir a partir de septiembre del año 2019. Asimismo, las recetas extendidas durante este periodo tendrán validez para la dispensación de los productos farmacéuticos prescritos en ellas, hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria”.

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