Esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados discutió el proyecto conocido como “Ley Adriana” (boletín 12148), el cual buscar garantizar los derechos de la persona gestante y familiares de esta durante la gestación, preparto, parto, posparto y aborto en las tres causales.
Además, la iniciativa hace responsable a los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante durante todas las etapas de este proceso. Así como también, busca respaldar un correcta atención medica en torno a la atención en salud sexual y reproductiva, ofreciendo garantías para quienes accedan a estos servicios.
El proyecto se rige por los principios de dignidad en el trato, autonomía de las mujeres, privacidad y confidencialidad, respeto por la interculturalidad, interpretación desde los derechos humanos y transparencia de los establecimientos de salud.
Tras el debate, la moción fue aprobada por 121 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones. Por ser objeto de indicaciones volvió a la Comisión de Mujeres para su análisis en particular.
Ley Adriana
La propuesta define la violencia gineco-obstétrica como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, discriminación o negación injustificada de atención en el marco de la salud sexual y reproductiva”.
Junto a ello, establece como constitutivos de este tipo de violencia las burlas e insultos, negación o abuso de medicación u ocultamiento de información. También incluye como violencia obstétrica la maniobra de Kristeller y la episiotomía sin justificación médica ni consentimiento de la gestante.
