BRAGA
Desde hoy, a las iniciativas populares sobre el aborto libre, seguro y gratuito; y educación no sexista, que fueron de las primeras en alcanzar la meta de apoyos, las acompañarán las que buscan el reconocimiento del trabajo doméstico, una vida libre de violencia de género, protección de la infancia y la maternidad; reconocimiento de las diversas formas de familia y el derecho a la identidad de género.
Oficialmente, terminó el plazo para que la ciudadanía apoye las propuestas de otras personas naturales y organizaciones de la sociedad civil para que lleguen a manos de las y los encargados de redactar nuestra futura carta magna.
Desde noviembre del 2021, la Convención Constitucional dispuso para la población el mecanismo de «Iniciativa Popular de Norma», se ingresaron más de 2000 textos ciudadanos, entre ellos brillaron las iniciativas feministas, disidentes y con perspectiva de género.
Ahora, a las iniciativas populares sobre el aborto libre, seguro y gratuito; y educación no sexista, que fueron de las primeras en alcanzar la meta de apoyos, las acompañarán las que buscan el reconocimiento del trabajo doméstico, una vida libre de violencia de género, protección de la infancia y la maternidad; reconocimiento de las diversas formas de familia y el derecho a la identidad de género.
La propuesta que posiciona el “Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”, fue presentada por el ex candidato presidencial, Daniel Jadue, esta plantea el reconocimiento, en todos los niveles normativos, del trabajo doméstico y de cuidado, para lo cual establece la necesidad de contar con presupuesto.
“La falsa separación entre la esfera productiva y reproductiva de las mujeres, no es neutra, sino que, responde al interés de querer excluir el trabajo doméstico y de cuidado de la economía, asumiéndolo como un tipo de trabajo que no genera valor, invisibilizando su existencia”, se plantea en la propuesta. Al respecto, según estudios de Comunidad Mujer, pueden estimarse en $44 billones al año el valor en trabajo que no es remunerado en nuestro país, es decir: cerca del 22% del PIB Ampliado.
La iniciativa popular feminista “por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas”, fue presentada por diversas organizaciones y su principal objetivo es –como dice su nombre– estipular, a nivel constitucional, el derecho a una vida libre de violencia como un derecho humano fundamental.
Esta iniciativa se plantea desde una comprensión global de la violencia, aludiendo tanto a sus diversas manifestaciones explícitas como: violencia física, psicológica, sexual, económica, femicida, entre otras, y también a la violencia simbólica, es decir, mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas en la sociedad.
Para ello el Estado debe garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación en el problema de la violencia, atendiendo a los tratados internacionales a los que ya adhiere. Así mismo, para seguir avanzando en su erradicación, debe promover y enfrentar, a través de las instituciones privadas y públicas, los elementos simbólicos que la producen y reproducen.
Otra iniciativa interesante fue presentada por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y se titula “Perspectiva de género en la administración de justicia”, cuyo principal objetivo es incluir la perspectiva de género con un enfoque interseccional y de derechos humanos a todos los órganos que sean parte de la administración de la justicia. Esto –según explican– evitará situaciones recurrentes en la actualidad, en que las mujeres son cuestionadas al momento de presentar, por ejemplo, una denuncia, o reciben un trato revictimizante al declarar en un juicio.
Para ello, deberá el Estado tomar todas las medidas necesarias, en particular, la formación inicial y capacitación constante de todos los operadores de justicia, a fin de eliminar estereotipos.
Los funcionarios y funcionarias que se desempeñen dentro del ciclo de administración de justicia deberán ejercer las labores de su cargo incorporando este mandato, durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen.
Una ley regulará la forma en que cada órgano incorporará este mandato a sus funciones, las obligaciones que sus funcionarios y funcionarias deberán asumir, la fiscalización del cumplimiento de este mandato y las vías de reclamación por su incumplimiento.
“Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la coparentalidad”, es una propuesta presentada por el movimiento ciudadano Postnatal De Emergencia, que busca garantizar distintos derechos para niñas(os), madres y padres. De este modo, quieren asegurar vínculos para una vida sana e íntegra.
Los principales ejes son: ofrecer las garantías necesarias para el derecho a los cuidados durante los primeros mil días del nacimiento de un bebé, de manera de beneficiar la protección de la maternidad y coparentalidad en todas las circunstancias necesarias para que tal derecho se lleve a cabo.
La motivación detrás de esta iniciativa radica en que luego del postnatal parental, depende de variables interseccionales (ingresos, género, racialidad, escolaridad, discapacidad, edad, entre otras) el cómo las mujeres (y en algunos casos también hombres) puedan gestionar los cuidados. “Esto se complejiza aún más cuando miramos las altas cifras de inequidad en salarios, de seguridad laboral y de redes de cuidado”, plantean.
Por eso, determinan que el deber del Estado es garantizar el derecho al cuidado desde la gestación hasta los 2 años de edad, en todas las circunstancias necesarias para que tal derecho se lleve a cabo.
Respecto de la comunidad LGBTIQ+, hay dos iniciativas que destacan, una de ellas busca el reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia. Esta propuesta fue planteada por la agrupación Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas (Duras), ya que para ellos(as) el problema actual es que la concepción de familia (biparental, heterosexual y preferentemente casada) como el núcleo fundamental de la sociedad, no permite reconocer la diversidad de modos en los que se agrupan las personas.
“Creemos en una sociedad que reconozca múltiples formas de comunidades, más orgánicas, por cierto, en las que las personas puedan desarrollarse y experimentar distintos tipos de vínculos de reconocimiento afectivos, de amistad, laborales, comunitarios, sexuales, y de todo tipo”, plantean en la propuesta.
Otra iniciativa de las disidencias, también planteada por la agrupación Duras, trata sobre el Derecho a la Identidad, esta busca establecer ‘‘el derecho a la identidad, integrando sus diversas manifestaciones y dimensiones’’, lo que incluye la nacionalidad, etnia, cultura, características sexuales, identidades y expresiones de género, orientaciones sexoafectivas, entre otras. Este reconocimiento es vital para las diversidades, ya que será esencial para la prevención y protección hacia grupos que han sido históricamente excluidos.
“El sexo y el género son en las sociedades de occidente un elemento binario, que establece a hombres y mujeres como opuestos en base a las características sexuales desde una mirada biológica, negando la manera en que la sociedad construye una mirada y un discurso sobre nuestros cuerpos. Estas nociones en torno al género también afectan a nuestro país, donde el Estado no reconoce la diversidad de identidades ni asegura su libre desarrollo, cuestión que la Nueva Constitución debe garantizar”, establece la propuesta.
Finalmente, plantea que las personas beneficiadas serán todas aquellas que no están conformes con el sexo que se les asignó al nacer, primando el derecho a la libre identidad y a la autodeterminación de esta.
