Yo opino
Créditos: Foto de CF8M
Como mujeres penalistas y criminólogas, nos preocupa sobremanera el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación (Boletín N° 11.714-07), actualmente en tramitación en el Senado.
En primer lugar, este proyecto se inscribe en una aguda tendencia al punitivismo en materia de violencia contra la mujer que ha mostrado tener grandes limitaciones y muchos efectos nocivos para el sistema de justicia y para las propias mujeres. La deuda de nuestros legisladores y gobernantes es avanzar en prevención y protección integral, generando condiciones para una nueva forma de relacionarnos en la que las mujeres podamos sentirnos seguras, pero también plenamente autónomas. Aumentar la severidad de las penas, homologar conductas de distinta gravedad y limitar las garantías del proceso penal y el derecho a la defensa, es contrario a la agenda progresista del feminismo que ha de buscar superar las condiciones que dan origen a la violencia y no simplemente quedarse en la sanción represiva.
[cita tipo=»destaque»] Sabemos que el recurso al derecho penal ha sido especialmente ineficiente, además de criminógeno, en este ámbito de la vida de las mujeres.[/cita]
En este proyecto se homologan las penas del delito de violación con el delito de estupro. En relación con esto, queremos expresar la necesidad de cautelar la proporcionalidad de la pena asignada a comportamientos que desde la perspectiva de su gravedad deben ser diferenciados, a fin de no banalizar aquellos que son considerados más graves.
Se debe además considerar que la experiencia nos indica que ante la igual punición de conductas no equivalentes en su gravedad, los jueces tienden a buscar fórmulas que les permitan eludir la aplicación de penas que consideran desproporcionadas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los delitos de tortura (art. 150-A CP) y de apremios ilegítimos (art. 150-D CP), en que frente a una proliferación de querellas por tortura aplican finalmente este último tipo penal o incluso otros más leves, como el abuso contra particulares (art. 255 CP), al considerar que los hechos no alcanzan el nivel de gravedad requerido para aplicar la pena correspondiente a la tortura.
En este proyecto, además, se amplía el alcance del delito de estupro hasta ahora reservado para menores púberes (entre 14 y 18 años) a las mujeres adultas, reduciendo con ello su reconocimiento como agentes morales con autonomía en el ejercicio de su libertad sexual. Si el consentimiento solo vale en contextos donde se considere que existe un completo plano de igualdad entre hombres y mujeres, bajo el contexto actual se haría imposible o extremadamente difícil que existiera algún caso de relación sexual no constitutiva de delito. Siempre habrá la posibilidad de considerar que el consentimiento se dio en un contexto de abuso (piénsese en el caso de las trabajadoras sexuales). Pero, aun si se quisiera perseverar en este sentido, sería muy grave y disfuncional que se equipararan las penas de estas hipótesis de engaño o abuso a las propias del delito de violación, en el que el nivel de violencia y afectación del bien jurídico es sustancialmente mayor.
El proyecto también incluye una confusa cláusula que parece sugerir que la falta de consentimiento expreso podría dar lugar al delito de violación, en alguna de sus circunstancias. No queda claro si es un problema de técnica legislativa o si nuestros legisladores realmente creen que allí donde no haya manifestación expresa de voluntad, habrá siempre violación. Si así fuera, la autonomía sexual estaría siendo radicalmente limitada para todos y todas, pues pareciera estarse imponiendo el deber de presentación de consentimiento expreso previo a un encuentro sexual. El proyecto también sugiere que la coacción sería un medio comisivo distinto de la fuerza y la intimidación, afectando con ello todo el sistema conceptual referido a las afectaciones contra la libertad personal en nuestro Código Penal. La fuerza y la intimidación no son sino formas de coacción.
Nos preocupa también que esto se sume a la recientemente dictada ley que regula el suicidio femicida la que, además de destacar por su mala técnica legislativa, ha limitado la posibilidad de avanzar en la reparación como un camino de justicia y responsabilidad al excluirse la posibilidad de aplicar la atenuante del artículo 11 N° 7 a una serie de delitos de nuestro ordenamiento.
Sabemos que el recurso al derecho penal ha sido especialmente ineficiente, además de criminógeno, en este ámbito de la vida de las mujeres, pues enfrentadas a la opción entre denunciar o buscar algún arreglo institucional que les confiera cierta seguridad o protección para ellas y sus hijos, siempre preferirán una vía que no las exponga a la represalia, a más violencia y al abandono. La búsqueda de mecanismos satisfactorios y de protección son más importantes y efectivos que los mecanismos penales. Sabemos también que la pena de cárcel no da mayor seguridad a las mujeres, sino que refuerza el machismo y aumenta la violencia de quienes pasan por ella.
Firman:
