Balde de agua fría fiscal golpea Ley Miscelánea y fuerza cambios en pleno trámite

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras sincerar que la deuda pública podría superar el 46% del PIB y que el escenario fiscal es peor al proyectado, el propio Gobierno reconoció que deberá meter mano a su Plan de Reconstrucción Nacional con ajustes, recortes y eventuales cambios a beneficios clave del proyecto.

Resumen

Síntesis generada con OpenAI

Desde la Segpres admitieron que la estrechez fiscal obliga a recalibrar costos, revisar la invariabilidad tributaria y reducir incentivos como el millonario crédito al empleo, mientras La Moneda ya comenzó a abrir conversaciones con la oposición para intentar salvar una reforma que llega debilitada al Senado y con menos margen político y financiero que hace apenas semanas.

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El aterrizaje fiscal que mostró esta semana el ministro Jorge Quiroz ya empezó a mover piezas dentro del propio Gobierno. Y una de las primeras consecuencias podría caer sobre la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional—, la principal apuesta económica de José Antonio Kast.

Fue el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien sinceró que el nuevo escenario fiscal obligará a recalibrar la reforma que hoy está ad portas de iniciar su segundo trámite en el Senado. ¿La razón? El Informe de Finanzas Públicas reveló que la deuda pública podría superar el 46% del PIB hacia el final de la década, bastante más arriba de lo que venía proyectando el gobierno anterior.

En entrevista con La Tercera, García Ruminot reconoció que el Ejecutivo evalúa “ajustes” para reducir costos o aumentar ingresos de la reforma, además de nuevos recortes presupuestarios para los próximos años. “El escenario ya era estrecho y ahora lo es más todavía”, admitió.

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Entre las primeras piezas que podrían moverse aparece uno de los símbolos del proyecto: la invariabilidad tributaria. El Gobierno había propuesto garantizar estabilidad de reglas por 25 años para ciertas inversiones, pero ahora ese plazo podría reducirse. “Puede ser a 20”, deslizó el ministro, reabriendo una idea que ya había sido discutida —sin éxito— durante la tramitación en la Cámara.

También quedó bajo revisión el crédito tributario al empleo, una de las medidas más costosas del paquete y que contempla recursos por unos US$1.400 millones. Según García Ruminot, ese monto “podría verse disminuido”.

Donde, por ahora, el Ejecutivo sigue evitando tocar el corazón político de la reforma es en la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%. Aunque el ministro reconoció que Hacienda está revisando todos los escenarios, aseguró que no ha escuchado “con mucha fuerza” la posibilidad de retroceder en ese punto.

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El ajuste de tono ocurre justo antes de que el proyecto aterrice en el Senado el próximo 2 de junio, una etapa donde el Gobierno sabe que necesitará abrir negociaciones más amplias. Y ahí el Partido Socialista aparece como actor clave.

García Ruminot reconoció que el PS “va a tener que ser un interlocutor” y confirmó conversaciones con sectores de oposición para intentar destrabar acuerdos. Incluso abrió la puerta a incorporar propuestas de la centroizquierda, siempre que —según dijo— no “desvirtúen” el proyecto original.

El Ejecutivo también comenzó a moderar sus propios plazos. Aunque inicialmente La Moneda apostaba a aprobar la reforma durante junio, ahora el ministro de la Segpres habla de fines de julio como una fecha “completamente razonable” para cerrar negociaciones. Traducción política: el informe fiscal de Quiroz no solo golpeó las cifras; también obligó al Gobierno a bajar cambios en su principal reforma económica.