BRAGA
De acuerdo a los hallazgos del segundo informe anual Prevención de la Tortura y situación de las personas privadas de libertad en Chile, las mujeres gestantes que residen en establecimientos penitenciarios se ven expuestas a plagas de bichos y condiciones precarias. Ante esto, la ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de igualdad de género y no discriminación, Andrea Muñoz, señaló que es necesario bajar el tiempo de prisión preventiva para embarazadas.
Analizar cómo se desarrollan las condiciones para quienes residen en establecimientos penitenciarios, es el principal objetivo del segundo informe anual Prevención de la Tortura y situación de las personas privadas de libertad en Chile.
El estudio, a cargo del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile, analizó entre sus páginas las condiciones para las mujeres que se encuentran privadas de libertad. Específicamente, de aquellas que son madres.
‘‘Los mecanismos de contacto de las personas privadas de libertad con el mundo exterior, especialmente de mujeres gestantes y/o que residen con sus hijas/os lactantes, personas que tienen hijas/ os menores de edad en el exterior y personas migrantes, ha sido insuficiente para garantizar un contacto digno, de calidad y que permita efectivamente resguardar los vínculos’’, señala el informe
En ese contexto, durante el lanzamiento del estudio, la ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de igualdad de género y no discriminación, Andrea Muñoz, se refirió a la necesidad de abordar las medidas cautelares para mujeres en situación de maternidad.
“Los esfuerzos de la judicatura debieran ir en la dirección de evaluar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores y, en todo, hacer un mejor manejo de las agendas para bajar los tiempos de la prisión preventiva en el caso de que sea impuesta”, señaló la autoridad.
Por otro lado, Muñoz también señaló que las condiciones de mujeres deben ser de vital importancia, considerando que gran parte de quienes son privadas de libertad, provienen de contextos de alta vulnerabilidad y con presencia de violencia de género.
A lo anterior se suma, que una vez dentro de los recintos penitenciarios se ven expuestas a situaciones precarias y que no aseguran un trato digno.
Por ejemplo, el informe destaca que en las dependencias donde conviven mujeres gestantes con el resto de la población, las condiciones sanitarias son preocupantes, ya que hay ‘‘presencia de insectos, plagas de roedores y palomas, los cuales pueden ser vectores de enfermedades y eventualmente afectar tanto a la mujer gestante como a la salud del feto que está por nacer’’.
‘‘Jueces y juezas deberán analizar el contexto de la situación sometida a su conocimiento y hacerse cargo del impacto que la experiencia del encierro, en condiciones que no se adecúan a las particularidades y necesidades de su género, puede tener en la perpetuación de las desigualdades o discriminación que afectan a las mujeres, teniendo presente que a la cárcel llegan mayoritariamente mujeres con un legado previo de exclusión social, bajos niveles de educación, dependencia masculina, mujeres cuidadoras, y jefas de hogar, muchas de ellas víctimas de violencia física y/o sicológica”, dijo Muñoz.
Puedes leer el informe completo aquí.
