BRAGA
En la resolución se destacan falencias como el constante cuestionamiento al relato de la víctima, la demora excesiva de las pericias de otros servicios y el incumplimiento de medidas cautelares a las cuales no se les hace seguimiento.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la resolución 870, que solicita al Gobierno llevar a cabo la revisión del marco jurídico y aplicabilidad de las normas de procedimientos en los casos de Violencia Intrafamiliar, revisando la posibilidad de implementar las medidas que se proponen.
En el texto, se pide instruir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como a las Policías, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y demás órganos intervinientes, para dicha revisión.
En la resolución se señala que después de 30 años de la publicación de la primera ley contra este tipo de violencia, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar (Ley N.° 19.325, publicada en 1994), además de sus posteriores adecuaciones, aún existen problemas en su ejecución.
Entre los problemas se encuentran los constantes cuestionamientos a los relatos de las víctimas y la demora excesiva en las pericias que se derivan a otros servicios, como el Servicio Médico Legal.
Por otro lado, se señala que existe un exceso de causas en la Corporación de Asistencia Judicial y en los Centros de la Mujer, lo cual limita la posibilidad de asumir la representación en los juicios de las mujeres víctimas. A esto se le suma la negación de tomar causas respecto de mujeres que han sido denunciadas, independientemente de si existen pruebas o no.
Además, se critica el incumplimiento de medidas cautelares, sobre todo, la prohibición de acercamiento, lo cual sucede igualmente con la suspensión condicional de procedimientos (SCP) con derivación del agresor a terapias psicológicas. A estas medidas no se le hace seguimiento, por lo que existen altos índices de quebrantamiento.
Quienes promovieron la resolución señalaron que es imperativo hacer una revisión profunda al marco jurídico establecido para hacer efectiva y dar garantía de protección y no repetición ante una denuncia de violencia intrafamiliar.
Dentro de las recomendaciones adjuntas en la resolución se encuentra la capacitación a todos los intervinientes, desde el inicio de un procedimiento de denuncia, con el fin de aplicar estándares internacionales y reforzar la necesidad de no cuestionar el relato de la víctima.
En el caso de abandono de hogar de mujeres con niños, niñas o adolescentes (NNA), se propone verificar que existan lugares donde puedan pernoctar, además de establecer que los casos que involucren NNA sean vistos en conjunto con la causa de violencia intrafamiliar y no derivados al Tribunal de Familia.
Por último, se sugiere la implementación de una audiencia de control del cumplimiento de medidas cautelares y de las condiciones decretadas para la SCP con la finalidad de reducir los índices de incumplimiento y brindar seguridad a la víctima.
La resolución fue promovida por las diputadas y diputados Ana María Gazmuri (PAH), Danisa Astudillo (PS), María Francisca Bello (PCS), Ana María Bravo (PS), Karen Medina (PDG), Erika Olivera (DEM), Camila Rojas (Comunes), Hotuiti Teao (IND) y Carolina Tello (PC).
