Seguridad Pública: Llamado a las FF.AA. es un desliz hacia un populismo autoritario

Chile enfrenta uno de los escenarios de seguridad más complejos de las últimas décadas. Aunque las tasas generales de homicidios y otros delitos siguen siendo bastante inferiores a la de varios países de la región, en las últimas décadas se ha observado un aumento de los delitos violentos con la expansión del crimen organizado transnacional, el uso creciente de armas de fuego, los secuestros, las extorsiones, los sicarios y el narcotráfico.

Organizaciones como el Tren de Aragua, pasando por los carteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, hasta bandas chinas como el Clan Bang de Fujian y los Hongmen, han incrementado su presencia en el país, elevando la sofisticación y violencia de las actividades delictivas. Esta realidad, amplificada por los medios, ha convertido a la inseguridad en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, al generar altos niveles de temor y una menor confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública.

En este contexto, políticos variopintos (principalmente alcaldes), han impulsado intensos intercambios de ideas sobre cómo combatir este flagelo. Entre ellas están el fortalecimiento de las policías, la modernización de la inteligencia, el endurecimiento de la legislación penal (ya durante el gobierno del presidente Boric se aprobaron más de 60 leyes, incluyendo el ministerio de Seguridad Pública) y ahora, ante la entendible desesperación, hacer uso de las FF.AA. en tareas de seguridad, en un escenario donde aún sigue pendiente el desafío de una estrategia nacional, sistémica y sostenible para enfrentar el crimen organizado y la violencia.

Las FF.AA. fueron creadas para la defensa externa (defender la soberanía), no para la seguridad ciudadana. Aunque se modifiquen las Reglas de Uso de la Fuerza para su concurrencia o la ley que operacionaliza la Ley N°21.542 (Infraestructura Crítica), ello no cambia la naturaleza del entrenamiento militar más allá de sus capacidades polivalentes. Los militares son preparados para neutralizar a un enemigo en escenarios de guerra, mientras que la función policial exige graduar el uso de la fuerza, proteger a la población civil y actuar bajo procedimientos judiciales estrictos.

Al final, y a pesar de la creencia de que existe una suerte de escenario de guerra por el poder de fuego del delito y de la razonable narrativa alarmista que lo acompaña, la capacitación militar no sustituye la formación policial, ni es la más adecuada para resolver los problemas de seguridad pública a pesar de su gran profesionalismo.

La evidencia empírica comparada muestra resultados limitados o negativos en el uso de las FF.AA. en seguridad pública. En los casos de México, Colombia y Ecuador, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública no logró reducir de manera sostenible la criminalidad organizada y, en algunos casos, produjo mayores niveles de violencia, violaciones a los DD.HH. y debilitamiento institucional democrático al no enfrentar las causas estructurales del crimen organizado.

Recurrir habitualmente a las FF.AA. para enfrentar problemas como el crimen organizado no solo desdibuja la separación entre defensa y seguridad, un principio básico de las democracias contemporáneas, sino que constituye una suerte de populismo institucional al evitar enfrentar los problemas de fondo recurriendo a ellas.

Esto no solo puede aumentar el protagonismo político de los militares en una perspectiva autoritaria y afectar el control civil sobre la defensa, sino además afectar tareas propias de instituciones civiles (se desvisten santos para vestir a otros).

Involucrar permanentemente a los militares en seguridad pública también tiende a afectar la legitimidad, prestigio y cohesión de las propias instituciones armadas. No solo traslada la presión a instituciones cuya misión constitucional es distinta, generando una sensación de acción y expectativas exacerbadas que difícilmente se podrán satisfacer, sino que al verse enfrentados cotidianamente con la población y con conflictos propios del orden público, aumentan los riesgos de errores operacionales, judicialización, corrupción (ya hay casos en las FF.AA. y Carabineros) y pérdida de confianza ciudadana.

La seguridad pública constituye un problema complejo que requiere respuestas complejas y militarizarla, por mucho y válido que sea el temor existente, no constituye una solución estructural, al no abordar las causas profundas del crimen organizado ni fortalecer las capacidades permanentes del Estado que deben combatirlo.

En una democracia, las FF.AA. pueden prestar apoyo logístico, de transporte, vigilancia de infraestructura crítica o de inteligencia, pero su utilización directa en tareas de seguridad ciudadana debe ser excepcional, subsidiaria y de última ratio, una vez agotados otros medios.

Este tipo de propuestas (llamado a los militares en seguridad pública) responde muchas veces más a incentivos políticos de corto plazo y que se anclan en una actitud populista, no porque toda participación militar lo sea, sino porque presenta una solución simple, rápida y altamente simbólica para problemas reales y complejo, sin que exista evidencia suficiente de que resuelve las causas del crimen organizado o de la inseguridad y del impacto que podría tener en las propias FF.AA. y en la sociedad misma.

El populismo en materia de seguridad, apelando al temor, consiste en ofrecer respuestas “exprés” autoritarias, de alto impacto comunicacional, pero de eficacia limitada. Apela a las pasiones, frustraciones y necesidades inmediatas de la población, a menudo relegando el debate técnico, racional y sistémico.

Sacar militares a las calles transmite una imagen de autoridad, firmeza y control, lo que puede generar una percepción inmediata (pero falsa) de seguridad en parte de la ciudadanía.

Sin embargo, la lucha en contra del crimen organizado requiere una estrategia integral, consensuada y nacional, basada en fortalecer las instituciones civiles y a Carabineros y la Policía de Investigaciones; así como en mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía,  desarrollar inteligencia criminal, recuperar espacios públicos con políticas participativas, fortalecer la prevención social y las oportunidades para los jóvenes, fuertes campañas de educación cívica, intervenir el sistema penitenciario, perfeccionar la legislación contra el crimen organizado, ampliar la cooperación internacional contra organizaciones criminales transnacionales y mejorar la cooperación entre países, entre otras, tareas para las cuales las FF.AA. no fueron diseñadas.

Cuando se recurre a llamados como estos, el debate deja de centrarse en políticas públicas integrales y pasa a privilegiar medidas de fuerte impacto político y mediático. El riesgo de esto es que la popularidad de una medida se confunda con su efectividad, algo muy propio del populismo. La inseguridad responde a múltiples factores: expansión del crimen organizado transnacional, debilidades institucionales (falta de control y de reforzamientos éticos), incentivos para la corrupción, mercados ilícitos, deficiencias del sistema penitenciario, limitaciones de las policías, falta de cohesión social, etc.

Presentar el despliegue militar como la principal solución invisibiliza esa complejidad y desplaza a un segundo lugar la discusión sobre acuerdos nacionales y reformas estructurales necesarias.

Frente a una ciudadanía preocupada por la delincuencia, prometer militares en las calles puede resultar electoralmente atractivo y rentable porque proyecta decisión y liderazgo. Sin embargo y de acuerdo a la evidencia, ello puede postergar inversiones estructurales más difíciles, menos visibles, pero más eficientes para lidiar con el flagelo del crimen organizado.

El uso de las FF.AA. debe mantenerse como un recurso excepcional, subsidiario y estrictamente acotado, tal como ellas mismas lo han hecho saber.