La derecha contra sus propias instituciones

La acusación constitucional contra Nicolás Grau fue presentada como una defensa de la responsabilidad fiscal. Sin embargo, el episodio terminó exhibiendo una tensión más profunda: algunos sectores de la derecha estuvieron dispuestos a tensionar el mismo principio de especialización que contribuyeron a consolidar durante las últimas décadas.

La controversia surgió a partir de las diferencias detectadas entre las cifras presentadas por Nicolás Grau y las revisiones posteriores realizadas por Jorge Quiroz, ambos en su calidad de ministros de Hacienda en administraciones sucesivas. Se trata de un desacuerdo legítimo. Las finanzas públicas deben estar sometidas a escrutinio permanente y ninguna autoridad económica puede quedar exenta de críticas.

Durante más de tres décadas, una parte importante de la derecha chilena defendió la idea de que ciertos problemas especialmente complejos debían procesarse mediante organismos relativamente protegidos de la contingencia política.

La autonomía del Banco Central, el fortalecimiento de la regulación financiera y la creación del Consejo Fiscal Autónomo reflejan una misma convicción: algunos riesgos requieren mecanismos permanentes de evaluación antes que confrontación partidaria.

Pocas instituciones encarnan mejor esa lógica que el Consejo Fiscal Autónomo. Nació de la convicción de que las diferencias sobre la trayectoria de las cuentas públicas debían examinarse mediante observación especializada antes de convertirse en conflictos políticos. Su existencia reconoce que la sostenibilidad fiscal requiere instancias permanentes de evaluación y advertencia, capaces de separar el análisis de los riesgos de la disputa política inmediata.

Frente a esa arquitectura, la acusación contra Grau avanzaba en una dirección distinta. Cuestionar cifras y exigir explicaciones forma parte de las atribuciones legítimas de la oposición. Lo que la volvía problemática era el desplazamiento de una controversia sobre la situación fiscal desde los mecanismos creados para examinarla hacia un instrumento excepcional de sanción constitucional.

Fueron precisamente sectores vinculados al Partido Nacional Libertario, al Partido Republicano y parte de la oposición parlamentaria quienes impulsaron una acusación que logró avanzar hasta ser aprobada por la Cámara de Diputados. Lo hicieron frente a una controversia sobre una materia respecto de la cual el país ya dispone de organismos especializados. El Consejo Fiscal Autónomo fue creado precisamente para examinar riesgos de esta naturaleza. Cuando la disputa adquirió utilidad estratégica, su existencia fue tratada como políticamente irrelevante.

Actores que durante años defendieron la necesidad de sustraer determinadas materias económicas de la confrontación partidaria terminaron desplazando el debate hacia uno de los instrumentos más políticos que contempla el orden constitucional.

La contradicción resulta especialmente significativa porque no involucra una discusión doctrinaria abstracta, sino una controversia respecto de una materia para la cual ya existían instituciones diseñadas para observar, advertir y procesar diferencias de criterio.

En un escenario marcado por la competencia por liderazgo dentro de la derecha, ese desplazamiento adquiere mayor sentido político. Republicanos, libertarios y sectores de Chile Vamos disputan espacios de representación dentro de un electorado cada vez más fragmentado. La acusación ofrecía una oportunidad para exhibir firmeza frente al adversario y diferenciar posiciones respecto de competidores ideológicamente próximos.

Las observaciones formuladas por Quiroz podían ser atendibles y merecer una discusión profunda. La cuestión es dónde debía producirse esa discusión. Si el país cuenta con instancias creadas para examinar la sostenibilidad fiscal, cuesta justificar que una diferencia de criterio termine convertida en materia de acusación constitucional.

El Senado rechazó finalmente el libelo. Con ello no resolvió cuál de las interpretaciones enfrentadas era correcta ni clausuró el debate sobre la situación fiscal del país. Lo que evitó fue algo potencialmente más relevante: que una controversia propia de los mecanismos de observación fiscal terminara redefiniendo el alcance de la responsabilidad constitucional.

De haberse consolidado ese precedente, sus efectos habrían trascendido ampliamente a Nicolás Grau. Habrían acompañado a todos los futuros ministros de Hacienda, incluidos aquellos nombrados por los mismos sectores que impulsaron la acusación.

Más allá de Grau, de Quiroz y de la coyuntura política, lo que quedó expuesto fue una tensión entre dos tradiciones que hoy conviven dentro de la derecha: una que concibe los organismos especializados como condición para procesar problemas complejos y otra cada vez más dispuesta a subordinarlos cuando entran en conflicto con necesidades de diferenciación política.

La acusación podía afectar a un exministro, pero el precedente amenazaba algo más importante: una arquitectura institucional que la propia derecha ayudó a construir y que algunos de sus sectores parecen hoy dispuestos a subordinar cuando entra en conflicto con objetivos tácticos de corto plazo. Ahí reside la verdadera paradoja del episodio.