Estudio plantea un enfoque de justicia social para analizar la regulación del trabajo sexual

La regulación del trabajo sexual sigue siendo uno de los debates más complejos en el ámbito jurídico y político. En ese contexto, el artículo Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation, publicado en Humanities & Social Sciences Communications de Nature Portfolio, propone analizar esta discusión desde un enfoque de justicia social basado en la redistribución económica, el reconocimiento social y la participación política.

El trabajo fue desarrollado por el profesor Pablo Aguayo-Westwood, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien plantea que cualquier análisis sobre el trabajo sexual debe considerar las distintas perspectivas existentes y las experiencias de quienes ejercen esta actividad.

“Mi interés más que defender una posición de manera dogmática, es mostrar que hay diferentes posiciones sobre esta materia, por ello en un primer artículo que escribimos con María José Calderón titulado ¿Qué hay de malo en la prostitución?, lo que hicimos fue mostrar que hay un panorama de al menos cuatro posiciones sobre esta materia y que lo central es identificar las virtudes y los defectos de cada una de las posiciones. Y lo segundo, yo fui poco a poco transitando en mi propia posición sobre la materia. Mi posición cambia más o menos fuerte cuando ya empiezo a tener contacto directo con las organizaciones de las trabajadoras sexuales, con los sindicatos o con los materiales que recopilan el trabajo realizado por otras investigadoras con los sindicatos”, cuenta el académico.

El autor sostiene que la teoría de la justicia de la filósofa estadounidense Nancy Fraser ofrece un marco adecuado para examinar esta realidad, al integrar dimensiones económicas, sociales y políticas en la discusión sobre los derechos de las trabajadoras sexuales.

“No es que uno promueva el trabajo sexual, que es la crítica habitual. No creo que alguien quiera promoverlo. Lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir. Sin embargo, en lo inmediato, la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo, porque eso termina generando una doble victimización de la trabajadora sexual, que ya es víctima de condiciones iniciales de desigualdad material y económica”, explica.

En esa línea, el académico enfatiza que el estudio no busca entregar una solución definitiva al debate, sino evaluar las fortalezas y limitaciones de las distintas propuestas regulatorias.

“Yo no tengo una respuesta, el artículo no ofrece una respuesta única, sino que manifiesta las dificultades de cada una de las posiciones y trata de mostrar que una de estas posiciones, en lo inmediato, parece ser mejor que las restantes”, sentencia.

Respecto del escenario chileno, Aguayo-Westwood señala que la discusión legislativa permanece estancada desde hace más de una década y que las iniciativas han tendido a privilegiar un enfoque sancionatorio.

“Existe una extraña confluencia en una opinión que comparte tanto el feminismo progresista como las posiciones más de ultraderecha conservadora. Esto se dio también en la discusión sobre la gestación por subrogación, que está apoyada desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano”.

El vínculo entre trabajo sexual y desigualdad

Uno de los ejes centrales del artículo es la relación entre el trabajo sexual y las condiciones de desigualdad económica. Frente a la idea de que esta actividad desaparecería si existieran mejores oportunidades laborales, el investigador plantea que ese razonamiento también podría aplicarse a otras ocupaciones desempeñadas en contextos de precariedad.

“El contraargumento a esto, que es superinteresante y que aparece en el libro ‘Prostitución/ trabajo sexual’ de Diana Maffía, señala que las trabajadoras sexuales dicen que es verdad que las condiciones sociales materiales hacen difíciles estas decisiones, pero esto le ocurre a toda la clase obrera, no solamente a las trabajadoras sexuales, sino que a la mujer que tiene que limpiar los pañales de los abuelitos, ella tampoco decide, la mujer que tiene que dedicarse al servicio doméstico, tampoco lo decide”.

A juicio del académico, el debate no debiera centrarse exclusivamente en el trabajo sexual, sino en las condiciones que limitan la libertad de elección en distintos tipos de empleo.

“No es un argumento en contra del trabajo sexual, es un argumento en contra de que se ejerza cualquier trabajo en el cual la mujer particularmente no lo decida. Y el ejemplo máximo de esto, que lo pongo en clases, son las trabajadoras del aseo puertas adentro, las trabajadoras del hogar puertas adentro, que constituye una especie de esclavitud del siglo XXI”.

Asimismo, añade que las restricciones materiales afectan a numerosas ocupaciones ejercidas por trabajadores de sectores vulnerables.

“Nadie podría sostener seriamente que una mujer decide libremente dedicar su vida a trabajar para otra familia de lunes a sábado, durante toda la jornada. Si bien es cierto que las condiciones materiales dificultan considerar estas decisiones como plenamente libres, ese argumento no se limita al trabajo sexual. También podría aplicarse a muchas otras ocupaciones desempeñadas por personas de la clase trabajadora, como quienes recogen la basura o cuidan a personas mayores. Por eso, las propias trabajadoras sexuales se preguntan por qué existe un interés tan particular en retratarlas a ellas como si no eligieran, mientras ese mismo cuestionamiento no se extiende a otros trabajos realizados bajo condiciones similares”.

El profesor también sostiene que la prohibición del trabajo sexual incrementa las condiciones de vulnerabilidad de quienes lo ejercen.

“Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido”, indica, agregando que “cuando está prohibido, las trabajadoras, por ejemplo, no pueden tener una cuenta corriente, no pueden tener acceso al mercado, no pueden demostrar que tienen recursos para arrendar un departamento para ejercer su trabajo. Entonces, en general, cuando está prohibido, las mafias, los proxenetas actúan de una manera mucho más fuerte que cuando está permitido y cuando está legalizado. Cuando está legalizado, entonces esas trabajadoras, por ejemplo, pueden sindicalizarse, tienen acceso a la seguridad social en los países desarrollados, acceso a la salud, acceso al crédito”.

Un debate abierto dentro del feminismo

El estudio también aborda las distintas corrientes feministas que participan en la discusión sobre el trabajo sexual. Según Aguayo-Westwood, no existe una única visión al interior del movimiento, sino posturas diversas respecto de la autonomía, los derechos y la regulación de esta actividad.

“Mi interés también ha sido mostrar que dentro del feminismo hay diferentes posiciones, no hay un feminismo, hay varios feminismos, y en esta variedad también hay diferentes posiciones sobre el debate. Las más clásicas son las posiciones abolicionistas y, en el otro extremo, las posiciones que defienden la autonomía de las trabajadoras sexuales y la posibilidad de organizarse entre ellas para defender sus propios derechos y que no otras hablen por ellas”.

El académico sostiene que una de las tensiones del debate radica en la forma en que algunos sectores entienden la autonomía sobre el propio cuerpo.

“Hay grupos que sí están a favor de defender el aborto, pero ese mismo grupo, tanto teórico como político del feminismo, se opone a que las mujeres puedan desarrollar actividades vinculadas con su cuerpo en las que hay alguna transacción de dinero por sexo, en este caso, o en la gestación por subrogación a cambio de dinero por ‘alquilar’ el vientre, entonces es un poco contradictorio, porque por una parte se defiende que el cuerpo es de la mujer y por tanto puede hacer uso de lo que estime conveniente, pero por otra parte, al mismo tiempo, se dice que no, que hacerlo significaría una cosificación y una manifestación de la asimetría entre hombres y mujeres, el patriarcado, como línea de argumentación”.