¿Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos?

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en Francia tras la devastación de la segunda guerra mundial. Aquellas palabras no surgieron al azar: nacieron de una humanidad herida, forzada a contemplar el horror que ella misma había provocado.

Haber declarado esto como una carta de navegación apuntando a sociedades modernas no garantizó -necesariamente- el libre y pleno goce de derechos de las personas, dejando claro que “declarar” no es lo mismo que “garantizar” (aunque sí puede marcar una voluntad de hacerlo).

La desigualdad, en sus múltiples expresiones, limita las posibilidades de que todas las personas y comunidades accedan a las mismas oportunidades. Por ello, es necesario promover mayores condiciones de equidad para quienes históricamente han vivido en desventaja.

En marzo de este año, el gobierno de Chile decidió no adherir —por primera vez en quince años— a la declaración sobre derechos de la diversidad sexual y de género impulsada por el núcleo LGBTIQ+ de la Organización de Estados Americanos (OEA). La decisión se justificó bajo el argumento de que en Chile ya se reconoce que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, por lo que el texto podría generar polarización en el actual contexto continental.

Reforzar la protección y promoción de derechos hacia determinadas comunidades no implica otorgar más derechos. La idea es generar mejores condiciones para su ejercicio efectivo, considerando que en teoría (mas no siempre en la práctica) son universales, indivisibles e iguales para todas las personas.

La equidad no constituye una discriminación hacia quienes históricamente han gozado de mayores garantías y oportunidades. Mucho menos representa un privilegio para las diversidades sexuales y de género.

Acto reparador

Si las comunidades LGBTIQ+ realmente gozaran de privilegios -o persiguieran algo así- no tendrían la necesidad de instalar estas conversaciones en organismos internacionales. No tendrían que exponer sus relatos, sus cuerpos y vivencias en contextos públicos que miran con sospecha, ni mucho menos tendrían que generar informes anuales sobre las vulneraciones y violencias que experimentan, describiendo incluso la forma en que la violencia extrema se incrusta en cuerpos mutilados, asesinados y marcados por el odio.

No podemos confundir el valor de la equidad con la enfermedad social de la discriminación, el privilegio y la desigualdad. Debemos reconocer que las diferencias materiales y simbólicas existen, siendo atravesadas por estructuras sociales que exceden la responsabilidad individual. Hacerse cargo de esas desigualdades profundas es un deber ético, político y jurídico.

Dar cuenta de estas problemáticas históricamente invisibilizadas, y que impactan directamente en la trayectoria de vida de las personas, constituye también un acto reparador. Permite abrir conversaciones y promover la empatía, invitándonos a mirar más allá de nuestra propia posición social en un mundo profundamente desigual.

La defensa del pleno ejercicio de los derechos humanos exige reconocer que, dentro de esta jerarquía social y simbólica, hay personas y comunidades que continúan quedando abajo, incluso entre quienes ya viven condiciones de exclusión. Del mismo modo, debe entenderse que -en este tema- la posición de privilegio no es neutra ni natural, sino el resultado de un entramado histórico y social que ha permitido acceder a derechos y oportunidades que muchas otras personas aún no logran ejercer plenamente.