La salud bajo sospecha

Hace algunos días, el gobierno del presidente Kast anunció una medida preocupante: obligar a establecimientos de salud, educación y previsión —públicos y privados— a entregar antecedentes de personas migrantes en situación irregular, incluyendo domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos personales, para facilitar procedimientos migratorios y eventuales expulsiones. La propuesta se ha presentado como una medida
administrativa, cuando estamos en realidad ante una política de vigilancia y persecución que busca implementarse en espacios que existen para cuidar, educar y garantizar derechos.

Ante la dura oleada de críticas transversales, el gobierno ha intentado instalar una distinción tramposa alegando que no se negará la atención de salud ni el acceso a la educación, sino que solo se entregará información a la autoridad migratoria. Esta defensa omite que cuando una persona sabe que al entrar a un consultorio, un hospital, un colegio o un jardín infantil puede terminar expuesta a una sanción migratoria, la puerta sigue estando físicamente abierta, pero el derecho deja de ser accesible.

Quienes trabajamos en torno al derecho al aborto conocemos bien este mecanismo. La negación formal de la atención no es necesaria para expulsar a las personas del sistema de salud, pues basta con sembrar miedo en la población. La amenaza de ser denunciadas inhibe a mujeres y personas gestantes que han abortado -o que enfrentan emergencias obstétricas- de acudir oportunamente a un centro de salud. Con la población migrante ocurrirá lo mismo: la amenaza de reporte evitará que las personas migrantes en situación irregular -e incluso quienes están en situación regular- accedan a los servicios de salud.

El daño de una política no recaerá solo sobre las personas migrantes. También afectará, a las y los funcionarios de salud, a quienes se les pretende imponer una función ajena a su mandato sanitario. De conformidad con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la función médica tiene una naturaleza humanitaria. Esta medida convierte a los equipos de salud en auxiliares del control migratorio, desnaturalizando su rol, y deteriorando la confianza con las comunidades.

Para asegurar el derecho a la salud no basta con la existencia de un box, una camilla o un médico disponible. Si concurrir a un servicio sanitario implica arriesgar la permanencia en el país, el servicio puede existir, pero el derecho no está garantizado. Por eso la confidencialidad no es un lujo ni un opcional, sino una condición mínima para que las personas se atrevan a pedir ayuda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que el derecho a la confidencialidad en salud debe garantizarse respecto de personas migrantes, lo que incluye prohibir que se revele información sobre su situación migratoria a autoridades de control.

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido, en el mismo sentido, que el miedo a la expulsión opera como una barrera concreta para buscar atención y que las políticas de vigilancia migratoria impactan directamente en la salud de las personas en situación irregular.

Además, la propuesta choca con nuestro marco jurídico: la Ley N°20.584 reconoce la reserva de la información contenida en la ficha clínica y el Código Penal sanciona la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos y profesionales que conocen información confidencial en razón de su cargo o profesión.

Chile ya enfrenta brechas importantes en el acceso efectivo a salud de la población migrante. El Censo 2024 registró 1.608.650 personas nacidas fuera del país -un 8,8% de la población, el doble que en 2017-, de las cuales más de 300 mil se encuentran en situación irregular. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, este grupo ya enfrenta barreras concretas: el 24,7% de los hogares migrantes no está adscrito al sistema de salud, frente al 5,8% de la población general, y en 2024 solo un 1,6% de las atenciones de salud correspondieron a personas migrantes. Una política de vigilancia sanitaria no reducirá esa brecha; la profundizará.

La pregunta responsable no es cómo hacer que esas personas tengan más miedo de acercarse al Estado sino cómo garantizar registros adecuados, acceso oportuno, prevención, vacunación, controles, salud sexual y reproductiva, atención de urgencia y continuidad de cuidados.

Cuando el Estado convierte el acceso a derechos en una trampa, no mejora la gestión migratoria sino que empuja a las personas a la clandestinidad, tal como ocurre con el aborto y su criminalización. Y cuando un consultorio deja de ser un lugar seguro, perdemos todos: la persona que no consulta a tiempo, el equipo de salud que ve quebrada la confianza con sus pacientes, el sistema, que termina recibiendo casos más graves, más tardíos y más costosos. Y pierde la democracia, porque se instala la idea de que hay personas para quienes los derechos existen solo en el papel.

Una política migratoria seria no se construye usando hospitales, colegios y jardines infantiles como dispositivos de persecución. Se construye con institucionalidad, información, regularización, debido proceso y derechos. Lo demás es miedo administrado desde el Estado.