La maternidad bajo tutela: los límites del poder en democracia

¿Qué se ha deteriorado en nuestra democracia para que el Estado considere legítimo intervenir emocionalmente en la conciencia de una mujer precisamente cuando atraviesa una situación extrema? La pregunta excede un proyecto de ley: interpela los límites del Estado cuando pretende orientar una decisión reproductiva.

En el informe A/HRC/62/49, “Violencia contra las madres”, la relatora especial de las Naciones Unidas Reem Alsalem advierte que la maternidad continúa infravalorada y tratada como opción privada, no como bien público, mientras quienes la ejercen enfrentan discriminaciones múltiples e interrelacionadas, escasamente reconocidas por las leyes y políticas.

El informe revela una contradicción naturalizada: la maternidad es exaltada como destino y deber moral, pero penalizada cuando se convierte en experiencia concreta. Menores ingresos, carreras interrumpidas, sobrecarga de cuidados, pensiones bajas y violencia obstétrica y reproductiva forman parte de ese castigo. La maternidad se venera como símbolo, pero se sanciona como experiencia social.

Presionar a una mujer para continuar un embarazo y abandonar después a quienes ejercen la maternidad no son fenómenos opuestos. Expresan un mismo orden: uno que la prescribe como obligación femenina, pero no reconoce a las mujeres —la ejerzan o no— plena autonomía moral. Reconocer esta discriminación no reduce a las mujeres a la maternidad: esta no puede cancelar autonomía ni ciudadanía.

Desde ese marco debe leerse “Escucha su corazón”, proyecto que pretende incorporar a la atención sanitaria una experiencia destinada a incidir emocionalmente antes de una prestación legal. Este no es un foco de discusión, es solo el síntoma. Lo inquietante es considerar legítimo utilizar a profesionales y tecnología sanitaria para intervenir en la conciencia de las mujeres y tratar su libertad como una voluntad que debe corregirse.

Para que esa intervención resulte aceptable también cambia el lenguaje. La obstaculización se llama acompañamiento; la presión emocional, información; y la coerción, consentimiento informado. Pero este último nació para limitar el poder de la medicina, no para ampliar el del Estado. Informar supone aportar antecedentes para una decisión libre; seleccionar una experiencia para provocar culpa, miedo o vacilación busca dirigirla. La atención en salud debe cuidar sin manipular, no conferir autoridad técnica a una imposición moral.

Biroli y Roggeband sitúan las disputas de género en el centro de los procesos de democratización y desdemocratización en Sudamérica. No son un asunto lateral: revelan a quiénes se reconoce plena ciudadanía y quiénes continúan bajo tutela. Primero, la igualdad se presenta como ideología; luego, los derechos se relativizan; finalmente, la intervención se normaliza como sentido común.

Entonces, en cuestiones de legalidad, maternidad y derechos en Chile, vale preguntarse: ¿Cómo llegó la coerción al Parlamento? Porque nunca abandonó nuestra cultura; porque la igualdad jurídica avanzó más rápido que el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas; y porque comenzamos a tratar los derechos humanos como posiciones ideológicas, no como límites al poder. El pluralismo admite distintas convicciones morales, pero no autoriza al Estado a convertir una de ellas en presión sobre la conciencia y el cuerpo de las demás.

Los retrocesos comienzan en el lenguaje y terminan afectando vidas. Antes de eliminar un derecho, se lo relativiza; antes de institucionalizar la coerción, se la vuelve discutible; y antes de ejercer la violencia, se la presenta como cuidado.

La calidad de una democracia se mide por aquello que el poder reconoce que no puede hacer. Retrocede cuando impone la maternidad como mandato moral tutelado, pero la castiga como experiencia social; y por sobre todo cuando la autonomía de una mujer deja de ser un límite y se convierte en un problema que el Estado cree tener derecho a corregir.