Una de las frases clichés de la campaña presidencial era eso de que el mundo de la cultura está ubicado en la “vereda de la izquierda”. Después del triunfo de Piñera, parece que tendrá que capear el sol en la nueva sombra que presta el alero de las casas de la vereda derecha. Eso porque la institucionalidad cultural, inaugurada el 2003 por Ricardo Lagos, es el engranaje fundamental de las iniciativas artísticas y patrimoniales del país.
Cuando la noche del martes 29 de diciembre, en un bar de Manuel Montt, Claudio Narea –ex Los Prisioneros- leyó una carta abierta en representación de cerca de 600 artistas para pedir un acuerdo ciudadano y evitar la llegada de Piñera a la Presidencia, seguramente, era porque temían lo peor: el progreso democrático y social estaba en grave peligro debido a que este encarnaba “concepciones fundamentalistas e intolerantes en lo cultural, junto con una visión neoliberal de la economía y de la sociedad”.
Hoy, Piñera es el presidente electo y, al parecer, los temores no eran del todo justificados. Por lo menos así se puede concluir después de leer los programas de gobierno en materia cultural de los dos candidatos. Letras más, letras menos, la verdad, son pocas las diferencias. Por lo menos las formales. Claro, Frei señalaba que iba a triplicar el presupuesto en cultura. El plan de Piñera es duplicarlo -llegaría casi al 1% del PIB-.
Con todo, lo que en realidad aparece como esencial es la existencia de una institucionalidad cultural, que se concretó con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -Ley 19.891 del 23 de agosto de 2003-, y que se ha legitimado como una entidad que garantiza la inversión del Estado en cultura.
[cita]“Yo apuesto por una institucionalidad neutral desde el punto de vista político. Creo que en la cultura debería haber un criterio, con equipos técnicos y profesionales, que esté más allá de la coyuntura y de los gobiernos. Eso es lo que se pretendía con la creación de los cuerpos directivos de la institucionalidad durante el gobierno de Lagos”. Santiago Schuster. [/cita]
Buena parte de este virtuosismo está basado en la diversificación del financiamiento de las actividades culturales. Ya no es el Estado el único motor de estas iniciativas. Tal vez el más importante, pero no el único. En el fondo, si a este buque le fallara el motor principal, podría seguir su camino con sus motores secundarios, es decir la gestión de fondos privados y la venta de entradas.
Arturo Navarro, Director Ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, es uno de esos optimistas: “Lo único que no quería el mundo de la cultura con el retorno de la democracia, era volver a ese gran árbol (el Estado) que lo financiaba todo, de modo que si llegaba un nuevo Leñador malvado (la dictadura), éste no lo pudiera cortar. Tal vez, hoy tenemos matitas más chicas que forman un entramado de raíces que sostienen la institucionalidad”.
Otro elemento que permitiría respirar tranquilo al mundo artístico es la política participativa del Consejo de la Cultura y que se refleja en la transversalidad política y social de las personas que integran los directorios que gobiernan la institucionalidad cultural. De rey a paje. Del Directorio Nacional a los directorios de los centros culturales que reciben aporte estatal. “Estos son administrados por corporaciones culturales de derecho privado sin fines de lucro y que tienen su institucionalidad, por lo tanto su directorio, que surge de los socios fundadores, los cuales son instituciones permanentes. Cambiará alguna que otra autoridad, pero la idea es que la institucionalidad cultural colectiva y participativa se reproduzca, ya que han demostrado ser eficientes para administrar centros culturales”, explica Navarro.
Por ejemplo, el directorio del Centro Cultural Estación Mapocho está conformado por la ministra de Educación, el alcalde de Santiago; la directora sociocultural de la Presidencia, el director del Teatro Municipal y el director de la Fundación Pablo Neruda.
Otro ejemplo: el nuevo Centro Cultural Gabriel Mistral tendrá en su directorio a un representante de la Universidad de Chile y otro de la Universidad de Concepción; a los directores de los centros culturales Estación Mapocho y Palacio de la Moneda; a un representante del sindicato de actores (Sidarte) y otro de los intérpretes de danza (ProDanza); al director del Teatro Municipal de Santiago y al del Teatro Regional del Maule; a la presidenta de la Fundación Santiago a Mil y a la directora ejecutiva de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles.
Santiago Schuster fue director general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) durante 20 años e integró del primer directorio nacional del Consejo de la Cultura. Y también comparte el optimismo de Navarro: “La prueba que se ha hecho de instalar una institucionalidad cultural con una intención de abrirse a la participación y establecer un sistema de renovación de los cuerpos directivos, que vayan incluso a contra marcha de los cambio políticos, me parece que ha sido un propósito conseguido”, señala.
En este bicentenario la institucionalidad cultural cumplirá seis años. Como dice Ernesto Ottone, director ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100, se trata de una institucionalidad relativamente nueva, frágil, que “está en pañales”.
Ottone cree que uno de los miedos es que exista una especie de censura velada: “Hay espacios que nos dedicamos permanentemente a abrir nuevos lenguajes. Eso significa no tenerle miedo a lo que se dice, lo que se muestra y cómo se muestra. Frente a ello, cuando miro a la derecha veo gente que no representa los valores que la generación más joven quiere desarrollar”.
Arturo Navarro no comparte esta idea. A su juicio, que el sistema de financiamiento cultural sea transparente y mixto -fondos privados y públicos-, evita ese riesgo: “Puede haber censura cuando se tiene un país en que el Estado tiene el monopolio de apoyar a la cultura, que era lo que ocurría antes del Golpe”.
Otra clave para evitar esta situación, según Santiago Schuster, es la necesidad de que ni la izquierda ni la derecha se planteen como objetivo político conquistar el mundo de la cultura: “Yo apuesto por una institucionalidad neutral desde el punto de vista político. Creo que en la cultura debería haber un criterio, con equipos técnicos y profesionales, que esté más allá de la coyuntura y de los gobiernos. Eso es lo que se pretendía con la creación de los cuerpos directivos de la institucionalidad durante el gobierno de Lagos”.
A juicio de Schuster, un modo de lograr esta neutralidad es consolidar la idea de industria cultural o industria creativa: “Es tener la capacidad de concentrar recursos humanos, técnicos, financieros, en diversas escalas, que permitan la difusión de los bienes y servicios culturales”.
¿Qué pasa en la realidad? Por ejemplo, en el Centro Cultural Matucana 100, según tiene publicado el estado de resultados de 2008, el 68% de su financiamiento fue por transferencia del Estado ($382.224.000), el 22% por ventas ($122.184.912) y el 6,0% por donaciones ($35.383.955). El directorio está formado por María Eugenia Hirmas, la directora Sociocultural de la Presidencia, Juan Manuel Zolezzi, rector de la USACH; Oscar Acuña, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; Arturo Duclós, artista visual; Luisa Durán, ex primera dama; Santiago Meza, director de orquesta de la Camerata de la Universidad Andrés Bello; y María Eliana Arnst.
Otro caso es el de uno de los proyectos culturales emblemáticos del gobierno de Ricardo Lagos: la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, probablemente la iniciativa más importante para la difusión de la música clásica en el país.
Su directorio está formado por un representante de la Presidenta de la República, uno de la ministra de Educación, uno de la Asociación de Municipalidades y uno de la ministra del Consejo Nacional de la Cultura; también está la directora del Centro de Extensión de la Universidad de Chile, el director Música de la IV región, el director del Teatro Municipal de Santiago; un representante de la Fundación Beethoven y otro de los “Amigos de las Orquestas Juveniles”; finalmente, está el presidente del Banco Santander-Santiago y el presidente de Tironi y Asociados.
Los balances y estados de resultados de la Fundación están en su sitio de Internet. En el 2008 sus ingresos operacionales fueron $1.344.980.377, de los cuales un 77,47% ($1.042.000.000) fueron por aporte directo del Consejo de la Cultura a través de la Ley de presupuesto.
En estas dos instituciones hay en sus directorios representantes de entidades gubernamentales. En ambos casos el aporte que hace el Estado es fundamental para su existencia. Entonces parece legítimo que frente al cambio de gobierno exista entre sus filas algo de incertidumbre. Sin embargo, y en concreto, si el gobierno de Piñera no elimina los fondos concursables -Fondart y los fondos del Libro, Audiovisual, de la Música y de las Escuelas Artísticas- y los aportes directos a corporaciones culturales, y por el contrario, aumenta el tamaño de dichos fondos, hay un acuerdo nacional de que todo seguiría en una especie de ruta virtuosa cultural. Por lo menos en el papel y en las expectativas, así debiera ser.
