Opinión: El patrimonio en alerta, alerta con el patrimonio…

Quienes de alguna u otra forma estamos vinculados al trabajo de valoración, conservación y difusión del patrimonio cultural en Chile, no podemos quedarnos en silencio y de brazos cruzados viendo cómo el actual Gobierno da claros síntomas, tanto en sus acciones como en sus omisiones, por dejar instalados proyectos como el Ministerio de Cultura, la Modificación de la Ley de Monumentos Nacionales y la creación de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en los que más que un acto de ESTADO vemos un acto desesperado “por cumplir” con sus promesas de campaña, haciendo la tarea a última hora, pero con una ideología que no puede estar más errónea, donde el mercado, la falta de transparencia y la toma de decisiones a puertas cerradas parecen ser el modelo.

Es cierto que estas materias requieren de una reestructuración y su revisión ha sido una demanda tanto de profesionales del área como también de la ciudadanía y sus organizaciones de base, desde hace varios años. Sin embargo cabe preguntarse ¿en qué dirección deben efectuarse esos cambios y de qué manera? Claramente no de la forma que el actual gobierno de derecha lo está imponiendo. Esto quiere decir, venta del patrimonio al mejor postor; de manera soterrada y poco ética y con decisiones tomadas en cuatro paredes quien sabe por quienes. Sumado a ello, con la clara complicidad de los organismos públicos administrados por este gobierno en todos estos aspectos como son la DIBAM, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, etc.

La venta del patrimonio cultural de un pueblo no puede ser jamás una política de estado, sin embargo eso es lo que podemos observar con el caso del Archivo del diario La Nación, donde al menos la DIBAM debió haberse pronunciado, pero donde precisamente y tal como reza el dicho; “su silencio otorga”. ¿Está por tanto el estado velando por la defensa del patrimonio de la nación, siendo una de sus funciones constitucionales, contando además con organismos creados para esta tarea? Claramente NO.

En el último tiempo, otros hechos se han sumado a esta nefasta acción, lo cual termina agravando la labor del “todavía gobierno de la Alianza” en materia patrimonial. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) había ordenado el traslado de un buscarril, operativo en el patrimonial ramal Talca-Constitución, para servicios en la ciudad de Arica, en un ramal hacia Bolivia. Esto evidentemente de forma arbitraria, inconsulta e indiferente a la ciudadanía y a las propias instituciones estatales como el CMN quien rechazó la iniciativa. Por supuesto, esto demuestra una clara ignorancia de lo que es y significa el patrimonio cultural, más cuando una comunidad se ha apropiado socialmente de él. Por suerte esa propia comunidad actuó por medio de una acción legal, que recientemente tuvo como resultado el fallo unánime de la tercera sala de la Corte Suprema, que confirmó una sentencia decretada en diciembre pasado por la Corte de Apelaciones de Talca, donde se había acogido un recurso de protección entablado a favor de uno de los buscarriles del ramal ferroviario de Talca a Constitución.

Es curioso como otro poder del estado, como es el Judicial, está haciendo la tarea que otros organismos públicos, creados con esa intención debiesen cumplir.

En la Cumbre de las Artes y la Cultura en Santiago, que se desarrolló hace unos días, los/las especialistas piden más participación ciudadana en el rescate patrimonial y coinciden en puntualizar que lo que debiese observarse como tendencia internacional es fomentar y acrecentar una mayor participación de la sociedad civil, mayores recursos económicos, además de subsidios e incentivos fiscales, y que estos son fundamentales para lograr la conservación y el rescate del patrimonio cultural en Chile. Por su parte, resulta al menos paradojal que Pablo Allard, miembro del directorio del Consejo de la Cultura y las Artes, manifieste su coincidencia en estas palabras, cuando ha sido el mismo gobierno, para el cual trabaja, quien ha puesto una verdadera mordaza a la ciudadanía en estas u otras tantas materias.

Un claro ejemplo de ello es la modificación de la ley de Monumentos nacionales en la que se elimina la participación civil en el Consejo de Monumentos Nacionales para ser reemplazada por un cuerpo colegiado elegido por la presidencia de la República, nada más distante de lo que hoy en día demanda la relación de la comunidad con su patrimonio.

Por otro lado, en materia de patrimonio arquitectónico y su resguardo, sigue siendo una tarea pendiente, pero que claramente está en esta situación para favorecer intereses inmobiliarios. En 2013, siete edificios históricos en Chile -en Santiago, Concepción y Valparaíso- sufrieron incendios. Entre ellos el Mercado de Talca, el Palacio Aldunate, o del edificio de la tienda Corona. A su vez, la inoperancia en resolver el tema del Mercado Puerto de Valparaíso, sin contar con la constante destrucción de edificios patrimoniales que han impulsado iniciativas ciudadanas como velatorios de edificios, entre otros, no vienen sino a dar cuenta de una práctica milenaria de especulación del uso del suelo por medio de incendios. Para quienes no lo recuerden, los famosos incendios de Roma atribuido a Nerón, o a la ciudad de Londres en el siglo XVII, obedecieron a estas prácticas. Es curioso, por decirlo elegantemente, cómo el Secretario ejecutivo del CMN poco y nada diga al respecto, pero sí sea capaz de afirmar por la prensa que “estamos asistiendo a un momento en que se está bullante de proyectos de recuperación (Palacio Arzobispal, Hotel City, embajada de Brasil, Museo Precolombino, Club Domingo Fernández Concha) que apuntan a conservar lo histórico lo más fiel a la concepción primaria, ajustándola con construcciones que permiten adaptarla a nuevos usos: «Los edificios son más que una fachada, son entidades complejas». Lo curioso es que la mayoría, sino todos estos proyectos son impulsados por particulares y no por el Estado, algunos de los cuales y según las actuales propuestas de reforma están orientados a cambiar su uso eminentemente con un fin de mercado, o como lo expresa la actual Directora de la Dibam a un medio local “No tenemos problemas en que haya hoteles, bares, tiendas comerciales u oficinas particulares en edificios patrimoniales.”

En materia de museos el tema no es mucho más alentador. En un reportaje realizado a un medio nacional hace unos días, y que tuvo por título “El eterno vía crucis de los museos nacionales”,  algunos directores de museos nacionales se quejan y lamentan, por las condiciones económicas, de personal e infraestructura con las que funcionan, siendo que una de las promesas de campaña sería el potenciar a estos museos justamente en lo que respecta a estas demandas. Sin ir más lejos y en relación al posible crecimiento del Museo de Bellas artes, su actual director llegó hablando de la importancia de obtener más espacio indicando que “la pinacoteca lleva más de una década planeando comprar el edificio contiguo, el Museo de Arte Contemporáneo, de la U. de Chile”. Y cuando se le pregunta respecto al estado de estas gestiones no solamente dice que esta está exactamente igual que cuando llegó al museo, sino que además desconoce cuál ha sido la piedra tope, porque está involucrado tangencialmente en los diálogos. En otras palabras, nada de nada. En tanto el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural, siguen con sus proyectos de ampliación tal como estaban antes que asumiera el actual gobierno, aunque con escasos avances, de la misma manera que ocurre con los otros museos del Estado. Esta visión parece ser compartida en la editorial del mismo medio este domingo recién pasado, titulada “Museos nacionales: deuda pendiente”.

Es por todo esto que, luego de constatar este tipo de acciones durante el actual gobierno, junto a un prestigioso grupo de profesionales del área cuestionamos y condenamos la inexistente política pública en materia patrimonial de parte del actual gobierno, así como también expresamos nuestro profundo rechazo a la manera en que esta ha llevado y administrado nuestro patrimonio cultural con fines de mercado, excluyente de la sociedad civil y con una actitud patronal y oligárquica como no se había visto desde hace muchas décadas atrás. No podemos permitir que entre gallos y medianoche nos dejen todo amarrado con leyes que hacen retroceder a nuestro país en materia patrimonial, hasta la Colonia.

Es tiempo que la ciudadanía tome cartas en el asunto, tomando conocimiento y conciencia de esta situación y espero que la entrante coalición de gobierno, revise de manera urgente estos asuntos por el bien del país.