PAÍS
Agencia Uno (referencial)
Contraloría confirma: no hay niños haitianos desaparecidos sino un desorden generalizado
El informe final del organismo descartó la existencia de menores desaparecidos y apuntó a graves fallas de coordinación entre Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. Contraloría instruyó sumarios y ordenó reforzar el seguimiento de los niños ingresados bajo reunificación familiar.
La Contraloría General de la República puso término este miércoles a semanas de especulaciones respecto del extravío o desaparición de niños haitianos ingresados a Chile bajo el programa de reunificación familiar. Su informe final concluyó, tal como lo señaló el pasado viernes El Mostrador, que el principal problema detectado fue un conjunto de fallas administrativas, debilidades de control y una escasa coordinación entre las instituciones encargadas de supervisar el proceso.
El organismo fiscalizador fue categórico al señalar que existió un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar”, conclusión que resume buena parte de los hallazgos contenidos en el Informe Final N°541-2025, emitido este 24 de junio.
La investigación fue iniciada tras denuncias sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití a través de vuelos chárter, en medio de sospechas sobre eventuales vulneraciones de derechos y posibles delitos. Sin embargo, el documento no concluye la existencia de una red de tráfico de menores ni acredita desapariciones masivas, sino que apunta principalmente a incumplimientos administrativos y deficiencias institucionales.
De hecho, El Mostrador ya había adelantado durante el fin de semana que la principal conclusión del preinforme no era la existencia de menores desaparecidos, sino un sistema incapaz de mantener información actualizada y coordinada entre los distintos organismos del Estado.
El informe detalla una serie de incumplimientos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre ellos aparecen certificados vencidos o no legalizados, ausencia de documentos obligatorios y la utilización de mecanismos administrativos que flexibilizaron requisitos establecidos por la normativa vigente.
A ello se sumaron problemas en el control de los vuelos chárter utilizados para el traslado de familias haitianas. La Contraloría detectó que una aerolínea no presentó oportunamente los listados de pasajeros exigidos por la ley y que el Servicio Nacional de Migraciones no aplicó las sanciones correspondientes. También observó “la ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información”, situación que, según el organismo, impidió asegurar un control adecuado del ingreso al país.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que distribuye responsabilidades entre distintas instituciones. El organismo fiscalizador sostiene que existen “incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.
La Contraloría además identificó una “falta de coordinación interinstitucional” entre estos organismos para resguardar adecuadamente a los menores de edad. Según el documento, no existían protocolos comunes, el intercambio de información era insuficiente y las respuestas ante situaciones de riesgo fueron tardías, afectando el seguimiento efectivo de los niños para garantizar su protección.
En el caso del Servicio Nacional de Migraciones, el informe detectó que se aprobaron permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como informes policiales, además de registros incompletos, duplicados y erróneos. También cuestionó la ausencia de protocolos para enfrentar situaciones críticas, como el fallecimiento del familiar que servía de vínculo para la reunificación.
Respecto de la PDI, Contraloría observó que la institución “no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio”, operando principalmente mediante instructivos parciales. Asimismo, detectó errores en registros de pasaportes, discrepancias con la información manejada por Migraciones y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular.
La Subsecretaría de la Niñez tampoco quedó exenta de cuestionamientos. El informe concluye que los mecanismos de seguimiento y protección de los menores resultaron insuficientes y que existieron importantes problemas de coordinación con las demás instituciones involucradas.
Las conclusiones conocidas contrastan con las versiones que durante las últimas semanas instalaron la idea de cientos de menores desaparecidos o víctimas de redes criminales. De hecho, conforme avanzaron las búsquedas realizadas por municipios, organismos públicos y policías, fueron apareciendo decenas de niños que se encontraban escolarizados, inscritos en centros de salud o viviendo junto a familiares y tutores en distintas comunas del país.
El propio gobierno había comenzado a moderar las alertas iniciales. En los últimos días, autoridades reconocieron que hasta ahora no existían antecedentes que permitieran sostener hipótesis de tráfico de órganos, explotación sexual o desaparición masiva de menores, mientras las diligencias se enfocaban en reconstruir la trazabilidad de los ingresos y actualizar los registros estatales.
Frente a los hallazgos detectados, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez para establecer eventuales responsabilidades funcionarias.
Además, ordenó implementar sistemas de seguimiento activo para verificar que los niños, niñas y adolescentes ingresados mediante reunificación familiar no hayan sufrido vulneraciones de derechos, tarea que deberá ser ejecutada por la Subsecretaría de la Niñez y las Oficinas Locales de la Niñez.
El organismo también instruyó un examen de cuentas por la falta de sanciones aplicadas a una aerolínea que incumplió obligaciones legales y abrió un procedimiento disciplinario por la filtración del preinforme reservado, incluyendo antecedentes sensibles relacionados con los menores involucrados. Los antecedentes de esa filtración fueron remitidos al Ministerio Público.
Con ello, la Contraloría cerró una investigación que terminó apuntando mucho más a las deficiencias del Estado para coordinarse y administrar información que a la existencia de una red criminal organizada. El problema, concluye el organismo, fue principalmente institucional: controles insuficientes, registros defectuosos y organismos que nunca lograron trabajar de manera coordinada.
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