Un lugar donde el agua y la cultura se privatizan

El actual espíritu de época, nos ha situado en un tiempo, donde la conciencia social de las transformaciones, unido a la conciencia de la muerte de una pandemia, nos devela orígenes de políticas públicas, que desapercibidamente se instauraron.

Una de ellas, es el esquema neoliberal de modernización del Estado, donde este, se desliga de sus responsabilidades fundamentales, en tantas áreas, como, aquellas que son la esencia de nuestro existir, el agua y la cultura.

La afirmación anterior pareciera salir de un futurismo inexistente, sin embargo en nuestro país es el eje de un proyecto social, considerado incluso innovador.

A partir de esta “modernización”, la acción cultural, se considera como un “emprendimiento”, una pyme, sujeta a las leyes del mercado, el público se cataloga como “consumidor cultural” , el creador como un “gestor” de su talento, evaluado por el éxito o fracaso de su gestión, se aplica el concepto de “industrias creativas”, lo que implica generar plusvalía, quienes obtienen fondos concursables, deben auto gestionar difusión, circulación y crear audiencia.

El Estado “moderno” se desliga así de sus deberes fundacionales, instaurando una orfandad al espíritu de su nación.

La pandemia develó la precariedad, que generó este esquema, entre otros, reveló que los trabajadores, trabajadoras culturales, sobre todo actores, actrices, bailarinas, dramaturgos, músicos, artista visuales etc. no poseían contratos, dado que lo privado solo funciona como un intermediario de “productos”, y se sustentan en los ingresos que su comercialización genera en un presente.

Lo anterior, dio cuenta, entre otros, de la inexistencia de centros de producción y creación públicos, a nivel nacional, que establezcan elencos, de los diversos lenguajes artísticos, que a su vez generen espacios donde las comunidades puedan desarrollar sus propias acciones culturales, permitiendo la continuidad de una creación social, y la difusión de una memoria, que nos cohesiona como colectivo, esta ausencia, aniquila la difusión patrimonial, el desarrollo de creaciones locales, como la integración social a través del arte.

Esta privatización, se expandió a todas las áreas, en el libro, la música el audiovisual, el folclor, la danza, en festivales y ferias etc.

Lo privado es efímero, se relaciona con el presente y es dependiente de los ingresos que su acción genera, cambiando de rubro según las circunstancias, así la inversión cultural publica, subsidiaria, se desvanece en su propósito.

Sin embargo lo publico es perenne, como la Dibam, creada en 1929, donde su labor se acrecienta y trasciende generaciones.

Lo agravante, de este modelo, instaurado, bajo la noción de una modernización del estado, es que debilita y atenta contra nuestra soberanía cultural.

Es el ejercicio del Estado, como representante del pueblo, el sustentar y resguardar el alma de un país, que incluye todo su patrimonio, como las subculturas, e identidades existentes en su geografía, tanto las expresiones artísticas, del ayer y del mañana, estableciendo a su vez los derechos culturales que subyacen.

Esta soberanía, es el único, anticuerpo a las culturas de mercado de la globalización, que con su capacidad de propagación comercial, quebrantan y minimizan nuestras identidades y expresiones artísticas, dejando la acciones propiamente culturales, como actos de resistencia.

La modernización del Estado, en el ámbito cultural, ha sido una política fracasada y dañina.

Los derechos culturales, la desprivatización de la cultura, como el concepto de soberanía cultural, deberían estar inscritos en nuestra futura Constitución, otorgándole un mismo valor que aquel de la soberanía territorial.

En los continuos debates presidenciales, apreciamos la ausencia de interpelaciones, que consideren la cultura, como algo prioritario, en la construcción de nuestro avenir.

Olvidando que las sociedades, no son entes económicos, estas se desarrollan a partir de las culturas, que construyen su civilización y aquello es el origen de la humanidad.