CULTURA
Julieta Brodsky es una de las figuras menos conocidas del gabinete y acaba de enfrentar un paro de los funcionarios. Existen críticas por su escasa experiencia en gestión y por la falta de vínculos en el mundo político. Este martes presentó en el Centro de Estudios Públicos (CEP) el «Plan Cultural 2023-2025», el que se contrapone con un documento interno de los trabajadores, que señala que el ministerio es «un barco sin rumbo» y cuestiona, entre otras cosas, el aumento del gasto en asesores.
Cuestionamientos internos y externos enfrenta actualmente la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, una de las autoridades menos conocidas del gabinete, según la última encuesta de Cadem.
En dicha medición, Brodsky aparece con un conocimiento de 24%, en un listado encabezado por Camila Vallejo, Carolina Tohá y Giorgio Jackson. En el listado de 25 autoridades, la ministra se ubica en el puesto 22. Más abajo solo se encuentran Marcela Hernando (Minería), Diego Pardow (Energía) y Silvia Díaz (Ciencia).
La exinvestigadora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) ha visto empañada su gestión por múltiples problemas, como el reciente paro en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la protesta de los funcionarios contra la secretaria ejecutiva del Fondo del Libro, la poeta Gladys González –quien se tuvo que ir con licencia tras el inicio de un sumario–, o la polémica por los derechos de autor al comienzo de su gestión.
Este martes, la ministra Brodsky expuso en el Centro de Estudios Públicos (CEP) el «Plan Cultural 2023-2025». Este encuentro fue moderado por Javiera Parada, coordinadora de Arte y Cultura del CEP, y participaron en ella Magdalena Krebs, consejera del Consejo de Monumentos Nacionales y exdirectora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex DIBAM), y el liberal Alejandro Bernales, diputado miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Allí presentó los pilares de la estrategia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para el desarrollo de los objetivos del Gobierno; las culturas, las artes y los patrimonios para el fortalecimiento de la democracia y la cohesión social; recuperación inclusiva del ecosistema cultural, artístico y patrimonial para vivir mejor, fortalecimiento institucional para una institucionalidad vigorosa para un sector estratégico del desarrollo sustentable del país y la internacionalización de la cultura para posicionar a Chile como un referente regional y global.
La secretaria de Estado se refirió, también, al fortalecimiento institucional, el cual consistirá en completar la instalación institucional del Ministerio de las Culturas, la renovación de las Estrategias Quinquenales (2023-2028), las iniciativas legislativas y el aumento presupuestario ministerial. En esta línea, Brodsky destacó: “El histórico aumento del presupuesto demuestra el compromiso del Gobierno con la cultura”.
«De esta actividad me quedo con una sensación muy positiva, y es que el compromiso para fortalecer el sector cultural, se asume transversalmente», expresó la autoridad en sus redes sociales.
Lo cierto es que en el mundo cultural su figura concita apreciaciones dispares.
Según creen algunos en el ámbito de la cultura, a la ministra le queda poco tiempo, más que nada por un tema de falta de experiencia, al estilo de lo ocurrido con Izkia Siches. Dicha falta de experiencia se atribuye tanto a su edad como a su carencia de contactos políticos, que son claves para la gestión. De hecho, creían que iba a salir en el pasado cambio de gabinete del 6 de septiembre. Y aunque ello no ocurrió, se siguen barajando nombres como posibles sucesores.
También ha habido paralelismos con lo ocurrido con su antecesora Consuelo Valdés, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, cuya débil gestión era subsanada por la actividad del entonces subsecretario Juan Carlos Silva. Aunque en proporciones distintas, hoy ese papel sería desempeñado por su subsecretaria Andrea Gutiérrez, con vastos contactos en el mundo gremial de la cultura, gracias a su rol como presidenta del Sindicato de Actores y Actrices (SIDARTE) entre 2013 y 2017.
Por otra parte, está el tema generacional. La ministra Brodsky tiene 39 años. Es de una generación distinta a muchos de los miembros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que la asesora, integrado por figuras que le doblan en edad, como Manuel Antonio Garretón, de 79 años.
Además, ha desarrollado su carrera sobre todo en la investigación, más que en la gestión. Milita en Convergencia Social recién desde el año pasado, pero hay dudas respecto a qué vínculos tiene en el mundo político. En comparación, una ministra como Camila Vallejo, de 34 años, está en el Partido Comunista desde 2007, con quince años de militancia.
Un síntoma de una gestión calificada por algunos como débil es, por ejemplo, la excesiva demora en los procesos de declaratoria de los sitios patrimoniales a nivel nacional por parte de Consejo de Monumentos Nacionales, que llevó a más de 40 agrupaciones a entregarle una carta a la ministra de las Culturas a comienzos de este mes.
Algunas voces achacan a la gestión Brodsky una «falta de rumbo». Para un importante miembro del ambiente editorial, falta “establecer claramente hacia dónde se quiere ir, en términos concretos y sin florituras”.
El mismo pide “dejar de usar como explicación (a los problemas) el tema de la instalación (del Ministerio de las Culturas), para no reaccionar frente a medidas que pueden tomarse con la actual estructura”.
Esto se refiere a que, frente a los problemas, muchas veces las autoridades aluden a que el ministerio aún está en proceso de instalación, tras su creación en 2017.
Un representante del mundo de las artes visuales, en cambio, cree que las nuevas autoridades tienen un buen enfoque y que Brodsky es la persona adecuada para el cargo. Además –señala– que hay que esperar que cumpla un año en el cargo para hacer una evaluación.
Sin embargo, también admite que falta una definición de las políticas públicas y, en consecuencia, saber «cuál es la política» de este Gobierno.
Por su parte, Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), expresa que la labor del actual ministerio es un avance, ya que –a su juicio– la actividad de la Secretaría de Estado durante el Gobierno de Piñera fue muy baja en comparación con la de ahora. Y ve avances en los temas de regionalización y paridad de género.
Sin embargo, donde sí hay críticas lapidarias es al interior del ministerio. «Es un barco sin rumbo», apunta un documento interno de Anfucultura-Región Metropolitana, una de las agrupaciones de funcionarios de la entidad.
El documento admite que la cartera arrastra problemas de vieja data, como la bajísima cantidad de sumarios que terminan en sanciones: apenas un 14%, y donde el 53% quedan sobreseídos.
Otra queja se refiere a que los sueldos del ministerio son inferiores a otras secretarías de Estado. Eso parte con la propia Brodsky: gana $ 6.442.040 mensuales por su cargo, menos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con $ 9.142.940.
«La ministra Julieta Brodsky Hernández, en su discurso de instalación, prometió que nivelaría y haría mejoras salariales, a fin de que el menor sueldo fuera un grado 12, generando entusiasmo», señala el documento.
La remuneración más baja en el Ministerio de Hacienda es la del grado 25, y la más baja en Cultura es el grado 23. Sin embargo, el grado 23 en Hacienda percibe $ 408.945 y en Cultura es de $ 365.770, una diferencia de $ 43.175. Un profesional grado 12 en Cultura gana $ 1.303.843; en Hacienda, $1.420.369, una diferencia de $ 116.526, detalla el documento.
A eso se suma que «la ministra y sus subsecretarias legitiman y validan, la contratación impresentable de asesorías con sueldos muy superiores al grado 12». En una carta del 12 de mayo, Anfucultura había denunciado la contratación de al menos 14 asesores con sueldos superiores a los $3.000.000.
«El Gobierno de Boric gasta más en asesores que el Gobierno de Piñera. Esta es una práctica que es necesario erradicar, porque no se justifica, que un Gobierno ‘progresista’ traiga personas en calidad de asesoras, que asumen en la práctica funciones de alta jerarquía administrativa, teniendo como funcionarios a personas con altos grados, que no cumplen funciones de dirección administrativa», critica el documento.
«Se da una muy mala señal, porque son 60,6 millones en el Gobierno de Boric, y fueron 59,1 millones en el Gobierno de Piñera que se pueden destinar a mejoras reales de salarios que la mayoría de los trabajadores requieren».
El documento además menciona lo ocurrido con la entrega de los bonos a los trabajadores de la cultura. Si bien lo celebra, también denuncia que la situación «produjo un colapso en las oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS) a lo largo y ancho de todo el país, por diversas dificultades en la postulación a este Bono».
«La ministra Julieta Brodsky Hernández ha contratado personal que no cumple el principio de la confianza legítima en puestos de gran responsabilidad, y estas personas al desconocer cómo funciona la administración pública, cometen errores, que son advertidos por las y los trabajadores. Pero estas nuevas jefaturas, al no comprender nada de lo que está sucediendo, creen de forma errónea que las y los trabajadores ponen trabas, obstaculizan, y deriva, está dinámica, en maltrato», remata el texto.
Más adelante, señala que «las personas contratadas por la ministra Julieta Brodsky Hernández no han recibido un proceso de inducción, proceso que incluye cursos sobre las leyes, los estatutos, y los reglamentos que rigen la administración pública».
A este aspecto achacan lo sucedido en casos como el de la mencionada Gladys González, en el Fondo del Libro, y la secretaria ejecutiva del Fondo de Fomento Audiovisual, Fernanda Mancilla, «porque esto podría explicar algunos de los problemas de funcionamiento que se dieron en su gestión».
