Sitios de memoria enfrentan divididos en dos organizaciones el primer “11” bajo Kast

Este viernes es la primera conmemoración del 11 de septiembre de 1973 bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y en el mundo cultural hay inquietud sobre cómo se desarrollará.

Los sitios de memoria enfrentan el aniversario divididos en dos organizaciones, la Coordinadora y la Red. La primera es presidida por Marcelo Acevedo, líder del sitio de memoria Estadio Nacional, mientras la segunda posee una organización colectiva.

Asimismo, el Estado posee al interior del Ministerio de las Cultura una Unidad de Sitios de Memoria, a través de la cual se vincula con las distintas  organizaciones. Actualmente está presidida por Rodrigo Aravena Alvarado, periodista y Ex Subdirector Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio.

Además existe desde hace años en el Congreso una propuesta de Ley de Sitios de Memoria, que sólo fue impulsada por el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric al final de su mandato, sin ser aprobada. Su objetivo es, entre otros, lograr una financiamiento estable para los sitios, que dependen de postulaciones a convocatorias para subsistir.

Una señal de alerta para las organizaciones ha sido lo ocurrido con Colonia Dignidad, caso en el cual el gobierno actual decidió suspender un proceso de expropiaciones en relación al sitio de memoria en el lugar.

Marcelo Acevedo, presidente de la Coordinadora de Sitios de Memoria.

Situación en Ministerio de las Culturas

Si bien el Ministerio de las Culturas no quiso pronunciarse sobre el tema con El Mostrador, fuentes sindicales señalaron a este medio que su Unidad de Sitios de Memoria ha visto reducido su presupuesto, aunque no ha habido despidos en el área.

Las mismas señalaron una reducción presupuestaria de 50%, mayor al resto de las otras áreas del ministerio, lo cual ha afectado su gestión y causado una reducción de actividades.

Por otra parte, el Informe de Agravios a Sitios y Espacios de Memoria de julio pasado, emanado de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del propio Ministerio, nombra distintos tipo de ataques que han sufrido los sitios a lo largo del país durante el presente año, que incluyen robos, amedrentamientos y vandalizaciones, aunque sin un incremento relevante en relación a los años previos.

Miembros de las organizaciones

La Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria reúne varias agrupaciones vinculadas a distintos sitios y espacios de memoria, cada una con su propia historia, identidad y trabajo territorial, entre los cuales están Cerro Chena, Ex Nido 20, Ex Nido 18, Mulchen Collipulli, Tenencia Curacaví, Hornos de Lonquén, Ex Clínica Santa Lucia, Puente Alto y Estadio Nacional.

“Esa diversidad constituye precisamente una de nuestras principales fortalezas. No buscamos uniformar las experiencias de los distintos sitios, sino generar un espacio común desde el cual podamos colaborar, compartir experiencias y defender objetivos que son comunes: preservar la memoria histórica, contribuir a la verdad y la justicia, mantener vivo el testimonio de las víctimas y transmitirlo a las nuevas generaciones”, señalan Marcelo Acevedo.

En tanto, la Red Nacional de Sitios de Memoria está formada por una diversidad de 58 organizaciones que administran y/o visibilizan sitios de memoria a lo largo de todo el país: antiguos centros de detención, tortura y exterminio que hoy son espacios de memoria, memoriales, y otros lugares que resultan significativos para recordar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Entre ellos hay sitios repartidos en distintas regiones, cada uno con su propia historia, su propia trayectoria y su propia forma de trabajar.

“Es importante aclarar que la Red Nacional de Sitios de Memoria no tiene organizaciones ‘bajo su alero’: funciona como una red de relaciones horizontales, tanto entre los sitios que la integran como con otras organizaciones o instancias con las que la Red colabora. Cada sitio mantiene su autonomía y, al mismo tiempo, trabaja en conjunto con los demás. Del mismo modo, cada organización que forma parte de la Red construye sus propios vínculos colaborativos con otras agrupaciones de derechos humanos, académicas, territoriales y culturales, sin que exista ningún tipo de jerarquía o dependencia institucional entre ellas”, indican, en una respuesta colectiva, desde la Red.

“11” bajo Kast

Al ser consultada sobre cómo enfrentará este primer aniversario del “11” bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la Red señala que apoya la coordinación de las diversas actividades organizadas por cada Sitio integrante de la Red.

Como cada año, el colectivo concentra los hitos en la defensa de la democracia desde el ejercicio social de la memoria.

“Ciertamente este año nos enfrentamos a un escenario completamente distinto desde la recuperación de la democracia en nuestro país. El gobierno actual anunció que no realizará ningún acto en el marco de los 53 del golpe de Estado”, criticaron.

Sin embargo, añadieron que los sitios son absolutamente autónomos y llevan una agenda “robusta” en materia de memoria y derechos humanos.

“En este sentido nos preparamos para continuar nuestro trabajo de visibilización de las consecuencias y significancia del golpe de Estado en Chile y la lucha por profundizar la democracia que hoy, para la militancia de los derechos humanos, está en una clara disputa”.

“Preocupación”

En la Coordinadora, en tanto, “enfrentamos esta primera conmemoración con preocupación, pero también con una convicción muy clara respecto de la importancia que adquiere la defensa de la memoria histórica en el actual escenario político”, según señala Acevedo.

“El 11 de septiembre es una fecha que recuerda la ruptura de la democracia en Chile y el inicio de un período en que desde el propio Estado se cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Por eso, la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición deben constituir compromisos permanentes del Estado, con independencia del gobierno que circunstancialmente ejerza el poder“, indica.

“Evidentemente, existe preocupación cuando sectores que históricamente han relativizado y derechamente negado la dictadura y sus violaciones a los derechos humanos llegan al gobierno. Pero creemos que nuestra respuesta no puede limitarse a denunciar o manifestar temor. Este momento exige fortalecer el trabajo de los sitios de memoria, ampliar su vinculación con la ciudadanía y, particularmente, acercar la memoria histórica a las nuevas generaciones”.

En ese sentido, en la Coordinadora esperan que “el Gobierno comprenda que los sitios de memoria no son adversarios políticos del Ejecutivo. Son parte del patrimonio democrático de Chile. Preservarlos constituye una responsabilidad del Estado”.

“Por eso esta conmemoración tendrá para nosotros un sentido especial: recordar a las víctimas, pero también reafirmar que el ‘Nunca Más’ no es una frase ceremonial. Es un compromiso que debe renovarse precisamente cuando las circunstancias políticas lo ponen a prueba”, remata Acevedo.

Evaluación del gobierno

Ambas entidades además comparten críticas al gobierno en la materia.

“La evaluación que tenemos es que el actual gobierno es un gobierno que improvisa, que no tiene preparación para enfrentar los desafíos que Chile necesita para avanzar en más y mejor democracia, ha dado señales peligrosas de desmantelamiento de los programas de derechos humanos que han sido construidos desde las demandas y movilizaciones sociales. Vemos con preocupación la regresión en materia de derechos humanos y derechos sociales conquistados hasta ahora”, señaló la Red.

Esta entidad lleva adelante la lucha por alcanzar una Ley integral de Sitios de Memoria que permita avanzar en temas tan fundamentales como verdad, justicia, reparación integral y el derecho a la memoria.

“Sostenemos con firmeza que mientras en nuestro país no se establezcan garantías reales de no repetición, no habrá democracia plena posible”.

Cambio de papeles

En la Coordinadora, en tanto, han observado en estos primeros meses señales que indican un cambio significativo respecto del papel que debe asumir el Estado en materia de memoria y derechos humanos, indicó Acevedo.

“Nos preocupa especialmente cualquier retroceso en políticas de memoria, verdad, justicia y reparación; la incertidumbre respecto de la continuidad y fortalecimiento de programas vinculados a derechos humanos; y la reapertura de discusiones destinadas a modificar las condiciones de cumplimiento de las penas de los criminales condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

La Coordinadora no sostiene que toda política de un gobierno deba ser rechazada simplemente por provenir de un sector político diferente.

“Nuestra evaluación se realiza sobre hechos y decisiones concretas. Y cuando una decisión significa debilitar sitios de memoria, disminuir las capacidades institucionales destinadas a preservar la memoria o poner en riesgo avances obtenidos durante décadas por las víctimas y sus familiares, nuestra obligación es decirlo”.

La entidad además observa con preocupación un discurso público en que los derechos humanos comienzan nuevamente a ser presentados, en determinadas materias, como un obstáculo para otras políticas del Estado.

“Esa es una falsa oposición. Seguridad pública y derechos humanos, por ejemplo, no son objetivos incompatibles. Una democracia debe garantizar ambos”, expresó.

“Por eso creemos que estos primeros meses obligan a las organizaciones de memoria y derechos humanos a mantenerse especialmente vigilantes, pero también a buscar espacios de diálogo institucional y a exigir que el Estado mantenga políticas permanentes que no dependan de la orientación política del gobierno de turno”.

Efecto Kast

Respecto a cómo se han visto afectados los sitios de memoria bajo la nueva administración, lo que más los ha golpeado es la incertidumbre en materia de presupuesto y el debilitamiento de los programas estatales que antes sostenían la conservación patrimonial, la investigación y la difusión de estos espacios, según la Red.

“A nivel simbólico, que el Gobierno haya decidido no realizar actos oficiales el 11 de septiembre, y que no haya seguido adelante con iniciativas de memoria de alto perfil, como la expropiación en Colonia Dignidad , se ha leído como una señal clara de que el Estado se está alejando de las políticas de memoria”.

Para la Red esto no es algo que afecte solo a un sitio puntual: genera un clima general de precariedad que golpea a múltiples espacios dedicados a la verdad, la justicia y la reparación en distintas regiones del país.

Colonia Dignidad

La Coordinadora, en tanto, coincide en que el caso de Colonia Dignidad probablemente constituye hasta ahora una de las señales más preocupantes.

“La decisión de no continuar con el proceso de expropiación comprometido para avanzar en la construcción y consolidación de un sitio de memoria significa mucho más que detener una determinada decisión administrativa. Estamos hablando de un lugar donde se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos y donde todavía existen elementos de enorme importancia histórica, judicial y para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas”, señala Acevedo.

El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos ha advertido que no avanzar en la expropiación debilita una medida destinada a resguardar evidencias, garantizar la preservación del lugar y permitir el acceso público a un sitio de memoria de enorme relevancia.

“Existe además una contradicción que nos parece particularmente preocupante: mientras continúan apareciendo antecedentes y espacios relevantes para las investigaciones, y se ha ampliado incluso el polígono protegido del Monumento Histórico a partir de nuevos hallazgos, la respuesta estatal no puede ser retroceder respecto de su recuperación y preservación“, critica el presidente de la Coordinadora.

“Colonia Dignidad demuestra precisamente por qué las políticas de memoria deben ser políticas de Estado y no políticas de un determinado gobierno. Un cambio de administración no puede significar que compromisos construidos durante décadas, vinculados además a obligaciones internacionales del Estado de Chile, simplemente desaparezcan o comiencen nuevamente desde cero”.

Afectación de sitios

Por otro lado, al ser consultados respecto a qué sitios se han visto mayormente afectados, y qué perjuicios concretos han sufrido, desde la Red señala que las denuncias que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en distintos espacios públicos no apuntan a un sitio en particular, sino a un patrón de afectación que cruza a todos los Sitios de Memoria: recortes o reducción de fondos concursables, menos acceso a financiamiento permanente y un debilitamiento general de los programas de conservación patrimonial.

Con ese panorama, varios de los sitios -antiguos centros de detención, tortura y exterminio que hoy son espacios de memoria- tienen serias dificultades para planificar actividades a mediano plazo y para sostener equipos de trabajo estables, agregan.

Entre los perjuicios concretos que han podido constatar está una baja notable en la cantidad de proyectos financiados y en los recursos disponibles para actividades de memoria; incertidumbre respecto a si van a continuar las líneas de apoyo del Ministerio de las Culturas y otras reparticiones públicas; y la paralización o el retraso de iniciativas de memorialización y documentación que dependían de decisiones del Estado —como expropiaciones o programas específicos—, lo que compromete la viabilidad de varios proyectos de largo plazo a lo largo del país.

“A esto se suman los agravios materiales y simbólicos que se han registrado contra sitios y espacios de memoria en los últimos meses. Hablamos de vandalismo, rayados, daños a la infraestructura y hostigamiento: acciones que atentan contra la integridad física de los sitios y contra su rol como espacios de verdad, memoria y reparación”.

A la Red le preocupa que “estos agravios puedan seguir aumentando, porque el clima de desprotección que se ha generado en este contexto termina produciendo una sensación de vulnerabilidad que, lamentablemente, puede incentivar nuevas agresiones”.

Reducción de fondos

Para la Coordinadora, en tanto, más que elaborar una lista de sitios afectados, creen importante distinguir entre perjuicios que ya se han materializado y amenazas o situaciones de incertidumbre que actualmente enfrentan distintos espacios de memoria.

“El caso más evidente es Colonia Dignidad, porque existe una decisión concreta respecto del proceso de expropiación y porque las consecuencias pueden afectar directamente la preservación, el acceso público y las investigaciones que todavía se desarrollan en ese lugar”.

“Pero existe una preocupación más general respecto de la sustentabilidad de los sitios de memoria, ya vimos la reducción del programa de sitios de memoria de 15 que había el año pasado a 8 en este año, es decir una reducción de un casi 50%. Hay que recordar que muchos sitios han subsistido durante años gracias al enorme esfuerzo de sobrevivientes, familiares y organizaciones sociales, muchas veces con recursos insuficientes y sin una institucionalidad que garantice adecuadamente su continuidad”, señaló Acevedo.

“Los sitios de memoria requieren conservación, investigación, archivos, profesionales, actividades educativas y condiciones que permitan recibir a estudiantes y ciudadanía. Sin recursos y sin una política pública estable, su existencia puede mantenerse formalmente mientras su capacidad real de cumplir una función social se deteriora”.

División interna

Finalmente, ante una conmemoración que encuentra a las agrupaciones divididas en dos organizaciones, las entidades son conciliadoras.

“Si bien existen dos espacios integrados por sitios de memoria, con distintas dinámicas, y con diferencias estructurales y organizativas, queremos poner sobre la mesa las miradas que compartimos: ambas organizaciones estamos comprometidas con la defensa de la democracia, con visibilizar las consecuencias del golpe de Estado, y con la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición”, afirman desde la Red.

“En un escenario político complejo como el actual, nos enfocamos en lo que realmente importa: financiamiento estable para los sitios, reconocimiento oficial de su carácter patrimonial, protección de las actividades de memoria y garantías de no repetición“.

En la Red creen que estos objetivos comunes fortalecen el mensaje público de los Sitios y ayuda a que la memoria siga siendo un pilar para profundizar la democracia, “sin importar desde qué estructura se trabaje”.

Unidad del movimiento de DDHH

“Naturalmente, habríamos preferido mantener un espacio completamente unitario, porque creemos que frente a los desafíos actuales la unidad del movimiento de derechos humanos y de los sitios de memoria tiene un enorme valor. Pero también entendemos que las organizaciones sociales tienen diferencias legítimas respecto de sus formas de funcionamiento, prioridades y maneras de relacionarse con las instituciones”, comenta Acevedo.

“No creemos que sea positivo convertir esas diferencias en una disputa pública que termine debilitando aquello que todos buscamos defender. Hay algo mucho más importante que nuestras diferencias internas: existen víctimas que todavía esperan verdad y justicia; existen familias que todavía buscan a sus seres queridos; existen sitios que necesitan ser protegidos; y existen nuevas generaciones a las cuales debemos transmitir lo que ocurrió en Chile”.

Por ello, su disposición será siempre mantener canales de diálogo y colaboración con las demás organizaciones.

“Podemos estar separados organizativamente y tener diferencias respecto de determinados asuntos, pero no estamos divididos respecto de lo esencial: la defensa irrestricta de los derechos humanos, la preservación de los sitios de memoria y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, asegura.

Y concluye que “en el escenario político actual, además, creemos que existe una responsabilidad especial de evitar que nuestras diferencias terminen siendo más importantes que aquello que nos une. Nuestro adversario es el negacionismo y el desafío común es impedir que Chile retroceda en memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición”.