Fondecyt de Postdoctorado: la irresponsabilidad de priorizar

Para la ciencia chilena, estas semanas han estado marcadas por la controversia —otra más— en torno a los cambios impulsados por el Ministerio de Ciencia en la nueva convocatoria del programa Fondecyt de Postdoctorado. En la actual versión, el ministerio decidió introducir una cláusula inédita: reservar hasta el 70% de las adjudicaciones para diez áreas prioritarias, relegando a un segundo plano a una parte importante de las ciencias sociales y humanidades, así como, presumiblemente, a ciertas áreas de las ciencias exactas y naturales que no encajan claramente en las prioridades productivas y tecnológicas seleccionadas.

Esta decisión ha sido ampliamente criticada, aunque la autoridad parece no querer ceder en su inflexible —y equivocada— postura. Las razones entregadas por diversos académicos, científicos y expertos para criticar la medida han sido variadas, y sin embargo no cubren aún todos sus potenciales efectos negativos. La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, pero ofrece una idea de algunos impactos potenciales de esta medida.

1) La complejidad de los problemas. Los desafíos que hoy enfrentamos como sociedad son complejos y requieren el aporte de diversas disciplinas científicas. Muchos de los ejemplos que la ministra Lincolao ha mencionado en sus entrevistas como prioritarios requieren, en mayor o menor medida, el aporte del conocimiento que puedan generar las ciencias sociales y las humanidades, lo que nos lleva al segundo punto.

2) El camino de la ciencia hacia la solución no es lineal ni predecible. Es imposible —a menos que el Ministerio de Ciencia sea poseedor de un conocimiento especial, que haya permanecido oculto a economistas, historiadores de la ciencia y expertos en innovación durante los últimos cincuenta años— predecir de antemano con total certeza qué líneas o proyectos de investigación darán los resultados necesarios para resolver un determinado problema o desafío. Muchas veces el conocimiento “útil” que contribuye a resolver un problema en un área A proviene de un área B o C no relacionada, incluso desde disciplinas científicas lejanas.

3) Las prioridades listadas en las bases de Fondecyt de Postdoctorado son muy generales. Al ser tan generales, sólo contribuyen a excluir o menospreciar explícitamente algunas áreas en desmedro de otras. No estamos hablando aquí de una gran “misión” o “desafío” concreto, o de unos pocos objetivos que permitan una focalización acotada de recursos. Y aun si así fuese, la elección de dichas prioridades no implica que el programa Fondecyt sea el lugar adecuado para ejercer dicha priorización, lo que nos lleva a otro problema.

4) Ya existen otros instrumentos de priorización dentro de ANID. Como han señalado exautoridades del MinCiencia estos días (incluyendo al propio exsubsecretario Rafael Araos, que renunció hace pocos meses tras aparentes diferencias con la ministra Lincolao), la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) posee una vasta cartera de instrumentos, y muchos de ellos ya incluyen criterios de priorización de diversa índole (áreas prioritarias, existencia de masas críticas o fortalecimiento de áreas específicas debido a características propias del país). Pero incluso si esos instrumentos no hubiesen existido, el MinCiencia podría haber creado un nuevo instrumento, fortaleciendo así nuestro sistema de financiamiento científico, en lugar de debilitar Fondecyt.

5) La confusión sobre el objetivo del programa Fondecyt. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) es el principal instrumento del sistema de financiamiento científico de nuestro país que permite financiar proyectos de investigación en todas las áreas del saber, sin exigir una eventual “aplicabilidad” o “pertinencia”. Incluir criterios de priorización, en especial los relativos a la generación de empleo y al crecimiento económico, desvirtúa el propósito del instrumento y, en consecuencia, el de la política pública.

6) Trabajar con diagnósticos pobres e incompletos. En una columna en El Mercurio, la ministra Ximena Lincolao defendió la decisión apelando a un análisis del que en realidad conocemos poco, en particular de su metodología y de quienes participaron en el diagnóstico: “Cruzamos los datos de los proyectos adjudicados durante los últimos diez años con las capacidades que Chile necesita y con sus desafíos productivos, sociales y tecnológicos”. La ministra no detalla la metodología empleada para el cruce, ni cómo se determinaron las capacidades nacionales y los “desafíos”, ni cómo se llegó a la controvertida cifra de “70%”. Por cierto, sus palabras confirman la confusión respecto al objetivo del programa: Fondecyt no es el instrumento que cabría cruzar con las capacidades nacionales. Dicho análisis cabría realizarlo en programas de financiamiento como Fondap o, más pertinente aún, en Fondef e instrumentos de Corfo. Por cierto, la ministra no dice si también exploraron las potencialidades del país para aprovechar la masa crítica de excelencia que ya existe en ciertas áreas (incluidas las propias ciencias sociales).

7) Los políticos suelen equivocarse eligiendo qué ciencia es “útil”. Los políticos tienen un mal historial al elegir prioridades en ciencia. Incluso algunos temas que han sido obsesiones constantes del CNID o de Corfo no han cumplido con las expectativas (basta recordar el “tecnooptimismo” en torno al hidrógeno verde a inicios de la década, cuyas expectativas y estrategia debieron ser aterrizadas poco tiempo después frente a una realidad diferente a la anticipada). En otras palabras, las prioridades que parecen evidentes hoy pueden no serlo apenas pocos años después. Y algunos temas que sí han sido relevantes en años recientes (el conflicto social, el desafío constitucional, la preparación del país ante eventuales pandemias) han recibido poca atención por parte de las instancias de formulación de políticas científicas, en especial del CNID.

8) El mandato del Ministerio no se limita a orientar la ciencia hacia la productividad y el empleo. Los cambios introducidos al programa Fondecyt revelan una exigencia desmedida e injusta que se impone a los hombros del MinCiencia, de la ANID y de los propios investigadores: “llevar el país al desarrollo”. Sí, el conocimiento científico es fundamental para el desarrollo (un desarrollo bien entendido, desde luego; no un desarrollo medido únicamente como un determinado PIB per cápita), pero ese rol no lo juega ni única ni principalmente mediante la generación de empleos o mejorando la productividad. También opera mediante la formación de mejores profesionales (la mayor parte de la ciencia nacional se realiza en universidades), el pensamiento crítico, y la provisión de insumos para políticas públicas, por citar otros impactos de la investigación. Esta exigencia —que, por cierto, no vemos con la misma fuerza en otros ministerios— sólo revela la confusión de las actuales autoridades —y de algunas del gobierno anterior, dicho sea de paso— respecto al mandato del ministerio, establecido en la Ley 21.105, que instruye una contribución de la cartera a todas las áreas del saber y a un concepto de desarrollo mucho más amplio.

9) Más burocracia. Imponer exigencias de pertinencia o utilidad a los proyectos de investigación posiblemente obligará a generar más burocracia dentro de la ANID o del propio ministerio, pues se necesitará personal (o mayor sobrecarga para quienes ya participan en comités de evaluación), procedimientos e instructivos para “vigilar” la adherencia de los proyectos de investigación a las diversas áreas prioritarias.

10) Poca claridad sobre el mecanismo, que abre espacio a la discrecionalidad. Las bases del concurso no especifican cómo se aplicará el criterio de pertinencia a las áreas prioritarias. El documento establece el modo de evaluación de las postulaciones, e inicialmente no se asigna un puntaje a la pertenencia a las áreas prioritarias. ¿Qué ocurrirá si un muy buen proyecto, según estándares científicos, no pertenece a un área prioritaria, pero otros con una evaluación menor sí cumplen dicho criterio? ¿Se ignorará la evaluación técnica y científica del proyecto ex post para privilegiar el criterio de pertinencia? Al respecto, cabe recordar que uno de los principios que han guiado históricamente la forma moderna de financiar la ciencia (en Chile y en el mundo) es que los proyectos sean evaluados en función de su mérito científico, mediante la llamada “evaluación por pares”. Los cambios introducidos por el Ministerio de Ciencia subvierten esta lógica, introduciendo un criterio político, motivado ideológicamente (la definición de áreas prioritarias siempre tiene un componente ideológico, pues presupone valores, prioridades y una determinada concepción acerca de qué debe hacer el Estado), y de poca rigurosidad técnica (vale la pena insistir en este punto: no se ha informado cómo se evaluará la pertinencia de cada proyecto respecto a las áreas prioritarias: si se aplicará alguna rúbrica o ponderación posterior a la evaluación científica, por ejemplo).

11) Una mala medida para mejorar la inserción laboral de los doctores. Finalmente, otro argumento empleado por la ministra Lincolao para defender la medida es una supuesta preocupación por la inserción de los jóvenes investigadores: “consideramos responsable que, al menos este año, estos cupos financiados con recursos públicos prioricen a investigadores chilenos y sus oportunidades de inserción y desarrollo científico en el país”, señaló en su columna en El Mercurio. Pero aquí es necesario ser claros. El problema de inserción de investigadores jóvenes no se debe a la falta de prioridades en el Fondecyt de Postdoctorado: se debe, principalmente, a la subinversión crónica en I+D (Chile invierte tres veces menos de lo que le corresponde según su nivel de ingreso per cápita), sumado a un sector productivo escasamente demandante de doctores en ciencias y a un sistema universitario que exige “capacidad comprobada de obtención de fondos externos” para contratar investigadores. Dado que los programas Fondecyt de Postdoctorado y de Iniciación en Investigación no logran superar unas pobres tasas de adjudicación que rondan el 25% (dejando muchos proyectos bien evaluados sin financiamiento), y ante la falta de un programa de Subvención a la Instalación en la Academia más potente y flexible, muchos científicos jóvenes, incluso algunos que ya han recibido fondos públicos —como Becas Chile o Becas Nacionales de Doctorado—, ven truncada su inserción y capacidad de crecimiento profesional. Y eso sí que es un despilfarro de recursos públicos.

Como vemos, son muchas las razones por las cuales los cambios en el programa Fondecyt de Postdoctorado que impulsa el Ministerio de Ciencia constituyen una irresponsabilidad y una medida dañina para la ciencia chilena. Todos los argumentos esgrimidos por la autoridad hubiesen sido mejor resueltos creando nuevos instrumentos o mejorando otros ya existentes, en especial aquellos que sí fueron concebidos para seleccionar áreas prioritarias. Esto no significa que el programa Fondecyt no pueda ser revisado y mejorado. Pero lo único que consigue el cambio establecido en las bases del programa Fondecyt de Postdoctorado es precisamente lo que la ministra Lincolao insiste en negar: se le dice al país que hay disciplinas deseables, útiles, y otras que no. Parafraseando a la propia ministra, se le dice a la ciudadanía, y a la propia comunidad científica, “qué conocimiento importa y cuál no”.