CULTURA|OPINIÓN
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Becas Fondecyt: pensar el futuro en lugar de defender el pasado
Inevitablemente uno se pregunta, ¿qué pasaría si las comunidades académicas conservaran su capacidad de decisión sobre qué investigar?, ¿estaríamos discutiendo con tanta pasión sobre las áreas prioritarias decididas por algún gobierno en un instrumento puntual?
La inversión en investigación por parte del Estado es de esas cosas que uno espera que se mantengan de gobierno a gobierno, independiente del color político. El gobierno de José Antonio Kast así lo ha hecho hasta ahora, sin embargo decidió establecer “áreas prioritarias” para el concurso Fondecyt de Postdoctorado, que financia sueldo y proyectos de investigadores/as en su carrera inicial. Este cambio, junto con la probabilidad de que esta medida se aplique a otros concursos, ha despertado la pasión de investigadores/as y científicos/as locales que han salido a reclamar airadamente y, de paso, a defender el actual sistema de financiamiento concursal.
Evidentemente, la forma y criterios usados para la elección de las anunciadas áreas prioritarias, es susceptible de crítica. ¿Por qué física y no filosofía?, ¿por qué biotecnología y no educación? Por ejemplificar con algunas dudas que surgen de la priorización del gobierno. Pero, en realidad la forma en que se distribuye el financiamiento en investigación siempre ha estado lejos de ser equitativa (¿por qué hay 3 grupos de estudio de Biología en Fondecyt y solo uno de historia?, por mencionar un ejemplo), y pocas críticas se han escuchado en los más de 30 años que lleva este sistema.
En otras latitudes, en los mismos espacios donde se hace la investigación se decide una parte importante de la investigación a financiar. Son las Universidades, el espacio institucional que nos hemos dado como sociedad para construir el conocimiento de forma metódica y consistente, en todas sus disciplinas. Es en las Universidades, donde la investigación se hace de forma colectiva, donde uno esperaría que se discutan y decidan las prioridades de la investigación y el conocimiento, por cierto con la participación del resto de la sociedad.
Pero en Chile, la dictadura militar despojó a las Universidades de la capacidad de decisión sobre qué investigar y ningún gobierno democrático buscó cómo devolver tan trascendental capacidad. La reforma universitaria, impuesta en 1981, instauró el autofinanciamiento, lo que implicó un cambio radical en la forma de financiar la investigación, pasando de un financiamiento basal entregado a las instituciones, a un financiamiento competitivo basado en los individuos.
Como buen hijo de los Chicago Boys, el concurso Fondecyt (y otros concursos creados a su imagen y semejanza) se basa en el mercado como mecanismo de asignación, por ser -en teoría- el mejor distribuidor de riqueza. Cualquier investigación que busque financiamiento debe competir usando criterios medibles (papers, libros, patentes, innovaciones, emprendimientos, etc) en un mercado supuestamente perfecto (todos los competidores tienen las mismas ventajas iniciales, y las mismas condiciones de trabajo), donde el tema sobre el cual versa la investigación tiene poco impacto.
Pero décadas de estudios y de experiencia, en Chile y el mundo, han develado no solo la falsedad en muchos de sus supuestos, sino que también los negativos efectos de este mecanismo de asignación de recursos para la investigación. De hecho, uno de los impactos más críticos es que unas disciplinas se ven más beneficiadas que otras, generando lo que se ha llamado desigualdad epistémica. ¿Acaso eso no es también definir áreas prioritarias?
Desde el retorno a la democracia, no se cuestionó el nuevo sistema de asignación individual competitivo. Al contrario, buena parte de la comunidad científica nacional de la época, y la que vino después, abrazó gustoso este modelo de financiamiento, que privilegiaba el “mérito” y los independizaba financieramente de sus instituciones (hasta el día de hoy, todos los fondos de los proyectos Fondecyt se depositan en cuentas bancarias personales de los ganadores).
O sea, la élite intelectual del país le entregó la capacidad de decidir sobre qué investigar a un mecanismo imperfecto, profundamente ideológico, administrado por el gobierno de turno. Se puede entender la falta de crítica en los años 80: estábamos en dictadura y aún no había suficiente evidencia de los efectos de este mecanismo; pero que el 2026 esto siga sin ser discutido abiertamente, es francamente inexplicable. Es cierto que con el paso de los años se han introducido mejoras, pero no se ha cambiado la esencia del modelo impuesto por los Chicago Boys. Ni en el gobierno de Gabriel Boric, que se supone tenía más simpatía por la investigación y las Universidades, esto cambió.
Inevitablemente uno se pregunta, ¿qué pasaría si las comunidades académicas conservaran su capacidad de decisión sobre qué investigar?, ¿estaríamos discutiendo con tanta pasión sobre las áreas prioritarias decididas por algún gobierno en un instrumento puntual?
Incluso, en el actual clima de recursos insuficientes (que siempre lo serán para la investigación) las comunidades universitarias podrían decidir -colectivamente- cómo distribuir esos escasos recursos. Instituciones nacionales, lo suficientemente grandes podrían decidir mantener un nivel basal de investigación en todas las áreas del conocimiento, y otras instituciones podrían poner sus énfasis en función de su propia realidad, o del territorio donde se encuentran y no esperar que un grupo de funcionarios a nivel central tomaran dicha decisión.
Incluso se podrían hacer ambas cosas: mantener la investigación en todas las áreas y priorizar algunas, ya que se pueden ajustar muchas cosas que el sistema centralizado no permite: ajustar los montos por investigación (no toda investigación requiere los mismos montos), asignar recursos por grupos en lugar de individualmente (por laboratorio por ejemplo), reducir gastos no relacionados con la investigación (como los incentivos personales incluidos en los fondos concursables), reducir la duplicación de gastos (evitar que cada investigador compre su propio equipamiento menor replicado), por mencionar algunas.
Por cierto que las Universidades, como toda institución grande, tienen sus propias complejidades y defectos. No quiero idealizar. Menos proponer una vuelta al modelo de los años 70. Devolver la capacidad de decisión de qué investigar a las Universidades (y a otras instituciones de investigación) requeriría un importante esfuerzo administrativo, asumiendo la realidad actual del sistema universitario (un mercado de la educación superior), incluyendo mecanismos claros para evitar la corrupción y la discrecionalidad, con criterios del siglo XXI. A pesar de dicha dificultad la clave sería tomar estas decisiones colectivamente, en el seno de nuestras propias comunidades, donde nos veamos a la cara, con objetivos claros y antecedentes reales a la vista, y no solo números en un excel.
Mi intuición es que hemos evadido esta discusión por mucho tiempo, principalmente por comodidad. Es mucho más fácil exigir a un otro financiamiento para ciertas áreas desfavorecidas, en lugar de decidir cómo redistribuir los recursos para financiar esas mismas áreas en mi propia institución. Es más fácil definir el “mérito” como un conjunto de indicadores en un computador, que discutir mirándose a los ojos, con todos los antecedentes, condiciones y objetivos a la vista.
Vivimos en tiempos difíciles para las Universidades y para el conocimiento. Los aliados internacionales de Kast – Javier Milei, Jair Bolsonaro, Donald Trump – no trepidaron en recortar recursos para la investigación sin ningún miramiento, e incluso han llegado a cuestionar la misma existencia de la academia como espacio válido de creación del conocimiento. En Chile, hasta ahora el gobierno ha sido cauto, pero no faltan los personajes locales deseosos de seguir el derrotero del oscurantismo, y ahí la decisión de establecer áreas prioritarias parecerá una minucia.
Como comunidad científica, académica y del conocimiento, ¿simplemente esperaremos a que se tomen medidas tipo Milei, para recién discutir el tema de fondo?, ¿seguiremos defendiendo los mecanismos neoliberales en investigación idealizados en un supuesto pasado glorioso?, ¿seguiremos creyendo en la “mano invisible” del mercado aplicada a la investigación?, ¿o bregamos desde ya por nuevas formas de financiamiento y organización de la investigación, que se basen en comunidades y no en individuos, donde nos hagamos responsables de nuestras decisiones y no las deleguemos en otros?
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