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Ley Uber sigue en pausa: por qué no se implementa y qué cambios ha tenido
Las modificaciones no eliminan la ley, pero sí introducen ajustes relevantes. Uno de los principales cambios es la eliminación de requisitos como la cilindrada mínima y el año del vehículo.
El Gobierno anunció ajustes a la Ley 21.553, conocida como “Ley Uber”, argumentando que su implementación original podría generar efectos negativos en el funcionamiento del transporte por aplicaciones. La medida busca flexibilizar ciertos requisitos y ampliar el acceso tanto para conductores como para usuarios.
El anuncio fue realizado por el ministro de Transportes, Louis de Grange, y posteriormente detallado por la propia cartera, que explicó el alcance de las modificaciones a través de sus canales oficiales.
¿Qué exigía originalmente la Ley Uber?
La normativa establecía una serie de condiciones para quienes quisieran operar en plataformas de transporte. Entre ellas, contar con licencia profesional Clase A2, estar inscritos en un Registro Nacional y no tener antecedentes por delitos graves o de carácter sexual.
En cuanto a los vehículos, se exigía una cilindrada mínima de 1.4 litros, una antigüedad máxima de 10 años y revisiones técnicas cada seis meses. También era obligatorio contar con seguros tanto para el conductor como para los pasajeros.
Otro punto clave era la incorporación de un código QR visible en el parabrisas, que permitía verificar la identidad del conductor y la documentación del vehículo.
El incumplimiento de estas reglas podía implicar sanciones importantes, incluyendo multas de hasta 20 UTM —cerca de $1.366.000— y la suspensión de la licencia de conducir.
¿Qué cambios se anunciaron en la normativa?
Las modificaciones no eliminan la ley, pero sí introducen ajustes relevantes. Uno de los principales cambios es la eliminación de requisitos como la cilindrada mínima y el año del vehículo.
Según el Ministerio de Transportes, esta flexibilización permitirá que una gran parte de conductores que antes no cumplían con las condiciones ahora puedan integrarse al sistema. Se estima que hasta un 85% podría beneficiarse con esta medida.
Además, se indicó que los cambios buscan asegurar una mayor cobertura del servicio a nivel nacional, evitando limitaciones en ciertas zonas.
En ese contexto, el ministro Louis de Grange calificó algunas restricciones iniciales como “bien absurdo”, especialmente en relación con la movilidad entre comunas.
¿Qué pasa con la movilidad entre comunas y regiones?
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre tiene que ver con las reglas de desplazamiento. Mientras desde el Gobierno se planteó que había limitaciones en la normativa original, el exministro Juan Carlos Muñoz entregó una visión distinta.
“No es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley —tal como ocurre con los taxis, sector al que se buscaba equiparar— regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella”.
Esto deja abierto el debate sobre cómo quedarán finalmente estas condiciones en el nuevo reglamento, ya que aún no se han detallado completamente.
¿Cómo impactarán estos cambios a usuarios y conductores?
Desde el Ejecutivo se sostiene que la flexibilización de requisitos permitirá aumentar la oferta de vehículos disponibles. En la práctica, esto podría traducirse en menores tiempos de espera y mayor disponibilidad del servicio, especialmente en zonas con baja cobertura.
También se informó que se ampliarán las condiciones para ser conductor, aunque sin detallar aún todos los nuevos criterios. La idea es facilitar el ingreso de más personas al sistema, lo que podría dinamizar el mercado.
En simple: habrá más conductores potenciales y menos barreras de entrada. Pero todavía quedan aspectos por definir que serán clave para entender el impacto real de la medida.
