Opinión
Chile ha destacado en la región por sus avances en materia de salud de personas migrantes, incluyendo la Política de Salud de Migrantes del Ministerio de Salud, pero todavía queda mucho por hacer. Por esta razón, hacemos un llamado a continuar trabajando para acortar brechas de acceso y de trato injusto en salud de personas migrantes, en especial mujeres embarazadas, niños y a quienes viven en pobreza o exclusión. La salud es un derecho humano universal que no distingue de característica individual alguna, salvo la condición misma de ser persona con dignidad y derecho.
Chile hoy da cuenta de un aumento indiscutible en materia de flujos migratorios. La llegada al país en las últimas décadas de cerca de un millón de personas, provenientes principalmente de países de Latinoamérica, ha configurado una base social plural y diversa que nos desafía en materia de políticas públicas. En particular, el aumento de inmigrantes en nuestro territorio invita a debatir en forma seria y rigurosa acerca de qué rol juega el sistema de salud chileno y su disponibilidad para personas de toda condición y origen.
La salud es un derecho humano universal innegable y la migración es un reconocido determinante social de la salud poblacional. Por esta razón, negar que la migración internacional es un derecho humano puede tener importantes implicancias sociales y en salud.
Primero, en términos históricos desconoce la importancia del movimiento humano para nuestra supervivencia como especie.
Segundo, puede conducir a mayores expresiones de rechazo hacia personas migrantes a nivel interpersonal.
Tercero, validar ciertos atributos sociales como elementos de categoría entre “unos” y “otros”, como por ejemplo ser inmigrante, genera distancia y segregación social.
Cuarto, no garantiza un menor número de personas migrantes en situación irregular.
Quinto, limita oportunidades de desarrollo social y económico del país, incluyendo el sector salud, que en Chile se ha beneficiado de la llegada de profesionales migrantes que han cubierto plazas desocupadas por chilenos.
De ninguna forma se desconocen los enormes desafíos que la migración internacional presenta en la actualidad para el sistema de salud en Chile, sino que, por el contrario, se invita a la discusión abierta sobre dichos desafíos desde un mínimo social, como es el Estado de derecho. En este sentido, ¿es posible proteger los derechos de individuos, como es el derecho a salud, cuando el acto migratorio en sí mismo se define como ilegítimo? Esta es la pregunta de fondo, pues el derecho a migrar está, en la práctica, en un ordenamiento superior a otros derechos individuales y su rechazo pone potencialmente en riesgo la expresión de los demás. Si migrar no es un acto aceptado por sí solo, poca atención se le dará durante el proceso migratorio a los otros derechos, como salud y protección social.
[cita tipo=»destaque»]De ninguna forma se desconocen los enormes desafíos que la migración internacional presenta en la actualidad para el sistema de salud en Chile, sino que, por el contrario, se invita a la discusión abierta sobre dichos desafíos desde un mínimo social, como es el Estado de derecho. En este sentido, ¿es posible proteger los derechos de individuos, como es el derecho a salud, cuando el acto migratorio en sí mismo se define como ilegítimo? Esta es la pregunta de fondo, pues el derecho a migrar está, en la práctica, en un ordenamiento superior a otros derechos individuales y su rechazo pone potencialmente en riesgo la expresión de los demás. Si migrar no es un acto aceptado por sí solo, poca atención se le dará durante el proceso migratorio a los otros derechos, como salud y protección social.[/cita]
Además, es necesario reconocer que la forma en la que se produce el proceso migratorio tiene importantes consecuencias en salud. Así lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el documento de Inclusión Explícita de Salud en el Pacto Mundial, entre otros acuerdos internacionales. Múltiples estudios indican que migrar en contextos de vulneración de derechos se asocia a problemas de salud mental, a experiencias de discriminación y abuso, a mayor riesgo de enfermedades infecciosas y a aquellas asociadas a mala alimentación, entre otras condiciones. Esto, como consecuencia, produce menor integración social y mayor costo en salud, lo que a su vez genera menor desarrollo social, cultural y económico en el país receptor.
Más aun, de acuerdo con estudios nacionales, la población migrante en Chile, en su mayoría, tiene menos problemas de salud que la local, es más activa laboralmente y cotiza más en los sistemas previsionales. De esta forma, proteger la experiencia migratoria de toda persona migrante es, por una parte, prevenir costos en salud para el país receptor y, por otra, proteger la salud de la sociedad en su conjunto.
Chile ha destacado en la región por sus avances en materia de salud de personas migrantes, incluyendo la Política de Salud de Migrantes del Ministerio de Salud, pero todavía queda mucho por hacer. Por esta razón, hacemos un llamado a continuar trabajando para acortar brechas de acceso y de trato injusto en salud de personas migrantes, en especial mujeres embarazadas, niños y a quienes viven en pobreza o exclusión. La salud es un derecho humano universal que no distingue de característica individual alguna, salvo la condición misma de ser persona con dignidad y derecho.
