Opinión
Hay un quiebre indesmentible en el sistema democrático chileno, ya que este debe sustentarse en la fe pública y esa fe pública hoy está absolutamente destruida. La gente común ha visto cómo Carabineros, de manera irregular, se queda con $30 mil millones y ejecuta por la espalda a un hermano desarmado y luego intenta ocultar la realidad con mentiras. ¿En quién se puede creer entonces? Más allá de la reciente salida del general director de Carabineros y la interpelación al ministro responsable de la seguridad del Estado, lo que debe exigirse es el pronunciamiento de quien los nombró en sus cargos y a quien la ciudadanía le otorgó la administración del Estado: el Presidente de la República Sebastián Piñera.
Hemos dicho desde el primer día que personal de Carabineros asesinó a Camilo Catrillanca y que el Comando Jungla fue entrenado para matar, no para resolver un conflicto político como el que mantiene el pueblo mapuche con el Estado de Chile por más de 100 años.
Ante esta realidad, el ministro Chadwick ya no puede endosar más su responsabilidad política y se debe entender que estamos frente a un problema ético de magnitud, que alcanza el sentido mismo de la institucionalidad democrática que nos gobierna. En consecuencia, más allá de la reciente salida del general director de Carabineros y la interpelación al ministro responsable de la seguridad del Estado, lo que debe exigirse es el pronunciamiento de quien los nombró en sus cargos y a quien la ciudadanía le otorgó la administración del Estado: el Presidente de la República Sebastián Piñera.
En efecto, es el Presidente Piñera quien nombró a su primo como ministro del Interior y Seguridad Pública, en este sentido, el Mandatario no puede tomar palco en este asunto y mucho menos mirar desde el Olimpo el desarrollo de los acontecimientos.
La cruel muerte de Camilo Catrillanca ha dejado al desnudo una recurrente estrategia de autoprotección de la policía uniformada, que hasta ahora había quedado en la más absoluta impunidad. Pero este no es el problema mayor, sino que lo principal es que esta impunidad proviene de una estrategia que era aceptada y permitida por los más diversos administradores del Estado, asumiendo una lógica maniqueísta que dividía a los actores de este conflicto entre buenos y malos.
Obviamente el mensaje oculto y nunca aceptado públicamente es que los mapuche son un problema incómodo para ellos, que sería mejor que no existiera, ya que se trataría de un grupo que está al margen de las reglas aceptadas y que nunca ha querido incorporarse a las normas de un Estado unitario, homogéneo y ordenado. Cuando esto se entiende así, cualquier método es aceptable. Esto recuerda la justificación que se hacía durante la dictadura de atentados flagrantes a la dignidad de las personas, como la tortura, el exilio o el asesinato de personas, enarbolando los “valores superiores” de la patria.
No se ha tomado el peso de la gravedad real de los montajes que ha realizado Carabineros en el último tiempo, como la Operación Huracán, Taurus, o el caso de Castro Antipán, pero si un particular realiza una de estas farsas –porque montaje se define como farsa–, este debe responder ante la justicia, ya que es un delito. Sin embargo, cuando representantes del Estado por acción, omisión o ingenuidad realizan o son cómplices de estos hechos, no tienen un proceso correspondiente, pues el Estado no se puede ir preso. A las personas se les persigue por la vía penal o civil, pero no al Estado.
Recordemos que el Estado tiene su expresión concreta en quienes gobiernan, son ellos los que le dan carácter y realidad, y son ellos los que deben responder por las decisiones que se adoptan. Entonces, ¿cómo es esto que representantes del Estado asesinan a una persona por la espalda, sin otro criterio que lo que faculta una psicología de guerra? ¿Contra quién estamos en guerra, señor Presidente? ¿Cómo es posible que se ejecute a alguien sin un debido proceso solo por ser mapuche? Simplemente inaceptable.
Esto es un escándalo, no hay más, porque demuestra que para la justicia chilena el mapuche es culpable hasta que se demuestra lo contrario, en circunstancia que el Estado de derecho dice que toda persona es inocente hasta que se acredite lo contrario. No obstante, este es un caso donde, después de muerto nuestro hermano, se ha tenido que demostrar su inocencia frente a las falsas acusaciones sobre las que él no se podía defender.
Por supuesto que esos carabineros, que fueron los ejecutores directos de este crimen, deben ser juzgados y pagar penalmente. Pero ¿es que acaso ellos actúan por sí mismos? ¿No son acaso ellos el brazo armado de un Estado que reniega de su identidad multicultural?
Una vez más se hace patente la incomprensión absoluta del origen del problema que enfrenta la sociedad chilena. No se le entiende, primero, porque no se quiere mirar la realidad de un Estado plurinacional. Y, segundo, porque estamos frente a un Gobierno que no sabe cómo actuar; con un ministro Alfredo Moreno reuniéndose con el padre de Camilo para hacerse el bueno y no asumir su responsabilidad en el fracaso de la política indígena del Gobierno; un ministro Chadwick mirando cómo transcurren los sucesos ante sus narices; y un Presidente Piñera tratando de mantenerse al margen del problema para proteger su capital político.
Hoy, hay un quiebre indesmentible en el sistema democrático chileno, ya que este debe sustentarse en la fe pública y esa fe pública hoy está absolutamente destruida, porque la gente común ha visto cómo Carabineros, de manera irregular, se queda con $30 mil millones; que las Fuerzas Armadas venden armas a los narcotraficantes; y lo mismo en el fútbol, en la Iglesia evangélica y en la católica. ¿En quién podemos creer entonces?
Es decir, la legalidad, que debe regir el Estado de Derecho ha sido violada por los mismos órganos del Estado encargados de velar por ella, para proteger a los más débiles y limitar la avaricia económica de algunos, parafraseando El Contrato Social de Rousseau, es por eso que una acusación constitucional y eventual destitución del ministro del Interior son relevantes solo para la coyuntura, pero no resuelven el problema.
Porque cambian a personas, pero no cambian las prácticas en la relación con nuestro pueblo, entonces, lo que verdaderamente importa es saber el espacio que ocupa el pueblo mapuche en la política del Estado, cómo queremos construir nuestro sistema democrático y, en definitiva, se trata de un asunto ético que pone bajo la lupa su definición de comunidad nacional, eso es un asunto ético, y es usted quien debe responder a la confianza que el pueblo le ha entregado y a la que usted ha faltado por todos estos escándalos y asesinatos de inocentes. Usted tiene la palabra en este sentido, señor Presidente.
