Opinión
La posibilidad de renovar Televisión Nacional de Chile requiere dejar a un lado polémicas y miradas centralistas, para tener un debate con altura de miras que permita el nacimiento de un medio multiplataformas, capaz de apelar a las diferentes audiencias que componen nuestro país, integrándolo no solamente a nivel territorial, sino también social.
El interés que ha manifestado el actual Gobierno por generar una nueva ley orgánica para TVN, trae consigo una posibilidad única de repensar la emisora de servicio público. Si la clase política y la sociedad en su conjunto son capaces de hacer de esto una prioridad, podríamos contar con una televisión pública que cumpla a cabalidad su rol democratizador e integrador, estando al mismo tiempo preparada para un escenario cambiante como el que vive la industria de las comunicaciones hoy en día.
Además de dejar a un lado polémicas de segundo orden tales como los sueldos de los ejecutivos o los acalorados tuits de un candidato presidencial que –en sus palabras– privatizaría el canal, se hace necesario tomar en consideración tres elementos fundamentales para el debate.
Primero, es necesario comprender que, a pesar de la tecnología existente y la multiplicidad de pantallas que nos rodean, la televisión abierta sigue siendo la única forma de televisión para más del 20% de la población nacional. De hecho, según la ultima encuesta del CNTV, el 24% de los hogares chilenos no cuenta con televisión pagada (cable o satelital). A lo anterior se suma que, según datos de Subtel a diciembre del presente año, la brecha digital en nuestro país se traduce en que alrededor de 1.500 localidades no tienen ningún tipo de conectividad a internet (ni fija ni móvil). En otras palabras, casi un cuarto de la población chilena no cuenta con televisión de pago y otro porcentaje considerable (44%) no cuenta con conexión fija a la red.
En segundo lugar, requiere asumir que una emisora cuyo financiamiento es de origen comercial, como Televisión Nacional, muchas veces puede entrar en conflicto con la misión pluralista de todo medio público. Es decir, debiese necesariamente contar con apoyo estatal o mixto a través de la venta de licencias y arriendo de su infraestructura.
Casi en paralelo a su rol integrador del territorio nacional, el argumento que justifica la existencia de las emisoras de servicio público (o PBS) dice relación con la necesidad de contar con espacios de participación democrática, que permitan el debate de ideas y representen a los diversos grupos que conforman la ciudadanía.
Siguiendo en esta línea, algunos podrán contrargumentar que el mercado se encargará de satisfacer ese tipo de necesidades, sin embargo, una oferta televisiva basada exclusivamente en emisoras comerciales está lejos de ser el escenario perfecto para tales objetivos. Al tener que competir por un pedazo de la torta de inversión publicitaria que las financia, los canales comerciales no están interesados necesariamente en llegar a todos los grupos sociales (tanto a nivel geográfico, etario, socioeconómico, étnico, etc.), sino a quienes componen su público objetivo. Ejemplo de esto se puede ver en el centralismo que vemos tanto en los llamados noticieros centrales como en su parrilla programática en general.
Ante esta dicotomía entre televisión comercial y el peligro de tener una emisora administrada y pagada por el gobierno de turno que pueda utilizarse como un medio propagandístico, surgieron en Europa las emisoras de servicio público. Digo específicamente emisoras y no canales, pues en la mayoría de los países se trata de corporaciones que incluyen canales de televisión, radios y otros medios, como RTVE en España o la BBC en Londres.
Por último, para generar un medio de carácter público que la sociedad perciba como necesario y representativo, se necesita contar con un directorio ampliado, con miembros que den cuenta no solo de la clase política del país (como hasta hoy), sino también con experiencia real en medios de comunicación y sus últimas tendencias, delegados de regiones, miembros activos de las comunidades científica, cultural e indígena.
Así como Frei Montalva dotó en los años sesenta a nuestro país de una red de telecomunicaciones que incluía, entre otras cosas, conexión a teléfono, radio y televisión para integrar nuestro vasto territorio nacional, el actual Gobierno y el Congreso tienen en sus manos una crisis que podría transformarse en el espacio propicio para dar luz a un medio multiplataformas que apele a las diferentes audiencias que componen nuestro país, integrándolo no solamente a nivel territorial, sino también social.
