Todavía es posible cruzar El Puente

Hay algo paradójico en el llamado Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del presidente Kast. La iniciativa busca entregar certezas de largo plazo a quienes invierten, producen y arriesgan capital en Chile. Sin embargo, ha sido construida sobre una lógica política que amenaza precisamente esa estabilidad que dice perseguir.

El gobierno tiene razón en algo fundamental. Chile lleva demasiado tiempo creciendo poco. La inversión se ha debilitado, la productividad se encuentra estancada y los permisos para desarrollar proyectos se han transformado en una carrera de obstáculos. Son problemas reales y urgentes. Lo notable es que sobre ese diagnóstico existe hoy más consenso del que solemos reconocer.

La mejor prueba de ello fue el documento El Puente, elaborado por un grupo de economistas provenientes de sensibilidades políticas e intelectuales muy distintas. Allí convivieron exautoridades de gobiernos de centroderecha y centroizquierda, académicos, exconsejeros y exgobernadores del Banco Central, todos intentando responder simplemente la pregunta de cómo devolverle a Chile una senda de crecimiento cercana al 4 por ciento anual.

Pero más importante que las propuestas realizadas fue el método. Personas que suelen discrepar encontraron espacios de acuerdo en materias tan relevantes como la reducción de la carga tributaria sobre la inversión, la modernización de los permisos, la formalización laboral, el fortalecimiento del ahorro y la necesidad de recuperar la productividad como motor del desarrollo.

Ese trabajo ofrecía al gobierno una oportunidad extraordinaria. Podía tomar ese núcleo de consensos y construir sobre él una reforma robusta, difícil de revertir y capaz de sobrevivir a los cambios de ciclo político. Pero este optó por otro camino.

En lugar de utilizar el puente, decidió cruzar el río por su cuenta.

El proyecto incorpora varias medidas que coinciden con ese consenso transversal. Pero junto a ellas agrega otras mucho más controvertidas y que representan los puntos más identitarios de su programa. La consecuencia es que una reforma que pudo haber sido ampliamente respaldada terminó transformándose en una batalla política donde cada voto cuenta.

Probablemente el gobierno logre aprobarla. Las matemáticas legislativas parecen permitirlo. Pero allí aparece una verdad incómoda que ningún certificado de invariabilidad puede borrar.

Una ley aprobada por un voto puede ser derogada por un voto.

No existe cláusula de invariabilidad que pueda proteger una política pública de la falta de legitimidad política. La historia tributaria chilena está llena de ejemplos. El FUT parecía permanente hasta que desapareció. Las tasas corporativas parecían estables hasta que cambiaron repetidamente. El DL 600 fue durante décadas el símbolo de la certeza para la inversión extranjera hasta que dejó de existir. Cada una de esas instituciones parecía sólida mientras existió una mayoría que las respaldara.

La única invariabilidad que realmente importa es la que surge de acuerdos suficientemente amplios como para que el gobierno siguiente no tenga incentivos para desmantelarlos.

A nadie debiera extrañar que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) evite pronunciarse sobre la conveniencia de las medidas y se concentre exclusivamente en sus implicancias fiscales. Mal que pese esa es su tarea. Pero su diagnóstico es inquietante. Chile enfrenta déficits estructurales persistentes, una deuda pública creciente, escasas holguras presupuestarias y fondos soberanos considerablemente reducidos. En este contexto, la sustentabilidad de una reforma depende tanto de sus beneficios potenciales sobre el crecimiento, como también de la credibilidad de las estimaciones fiscales que la acompañan y de la amplitud de los respaldos políticos que logre construir.

No hay que olvidar que los inversionistas observan algo más que las tasas de impuestos. Observan la estabilidad institucional como también la capacidad de una sociedad para alcanzar acuerdos duraderos, pero sobre todo observan si una reforma representa realmente una política de Estado o simplemente el programa de un gobierno.

La paradoja es evidente. El proyecto pretende ofrecer certeza por veinticinco años, pero ha sido impulsado como si los próximos veinticinco meses fueran políticamente irrelevantes.

La reconstrucción económica de Chile requiere reformas proinversión. Requiere simplificar permisos, recuperar productividad y fortalecer el ahorro. En eso existe bastante más acuerdo del que a veces parece. Lo que no requiere es la ilusión de que una mayoría mínima puede transformar preferencias de gobierno en políticas permanentes.

Los países se desarrollan cuando construyen instituciones que sobreviven a quienes las crean. Las leyes pueden aprobarse por un voto. Los consensos no. Y cuando lo que está en juego es la trayectoria económica de las próximas décadas, los consensos suelen valer mucho más que los votos.

El Puente sigue ahí. Todavía hay tiempo para cruzarlo. Porque las reformas que se imponen pueden durar un gobierno. Las que se acuerdan suelen durar una generación.